DÍa Mundial de las Mujeres Rurales
15 de Octubre
Las mujeres rurales representan más de un tercio de la población mundial y el 43 por ciento de la mano de obra agrícola. Labran la tierra y plantan las semillas que alimentan naciones enteras. Además, garantizan la seguridad alimentaria de sus comunidades y ayudan a preparar a esas comunidades frente al cambio climático.
Sin embargo, como señala ONU Mujeres, las campesinas sufren de manera desproporcionada los múltiples aspectos de la pobreza y pese a ser tan productivas y buenas gestoras como sus homólogos masculinos, no disponen del mismo acceso a la tierra, créditos, materiales agrícolas, mercados o cadenas de productos cultivados de alto valor. Tampoco disfrutan de un acceso equitativo a servicios públicos, como la educación y la asistencia sanitaria, ni a infraestructuras, como el agua y saneamiento. (http://www.un.org/es/events/ruralwomenday/)
Desde la Iniciativa Mujer Rural y Derecho a la Tierra de la ILC, sus miembros en Argentina, Brasil, Ecuador, Perú, Colombia, Nicaragua, Guatemala y México hemos realizado una serie de documentos denominados “Situación de la Mujer Rural en America Latina” Documentos que pueden ser descargados desde el siguiente Link
Además, para facilitar la comprensión y difusión de datos, realizamos un conjunto de infografías que reflejan los datos más importantes de los citados informes.

Infraestructura, servicios y protección social sostenibles
El tema de este año, “Infraestructura, servicios y protección social sostenibles para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y niñas rurales”, otorga al empoderamiento de las mujeres rurales una importancia crucial para hacer realidad la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Pese a los avances registrados en algunos frentes, continúan existiendo desigualdades de género en todas las dimensiones del desarrollo sostenible; en muchas áreas, el progreso está siendo demasiado lento como para que se logren los ODS de aquí a 2030.
No obstante, el cumplimiento de los compromisos de la Agenda 2030 en materia de igualdad de género depende de la asignación de un volumen suficiente de recursos y de una acción concertada de los gobiernos y todas las partes interesadas. Los servicios esenciales de los que dependen millones de mujeres y niñas rurales —sanidad, educación, cuidado infantil, alojamiento— adolecen de una infrafinanciación crónica o simplemente no están disponibles. Allí donde existen, suelen ser los primeros afectados por las medidas de austeridad, que están volviendo a intensificarse. Se prevé que 124 países apliquen recortes presupuestarios tan sólo en 2018, lo que erosionará las medidas de protección social y los servicios sociales de los que dependen tantas mujeres y niñas rurales. Pero esto es algo que se puede evitar. En prácticamente todos los países existe margen para incrementar o reasignar recursos con el fin de fortalecer los servicios públicos esenciales para las mujeres y las niñas. Es cuestión de voluntad política y de utilizar todas las herramientas normativas disponibles. El costo de la inacción es, sencillamente, demasiado elevado.












Asimismo, existen cada vez más precedentes preocupantes relativos a la vulnerabilidad político-institucional de nuestra democracia: la represión ejercida sobre distintas comunidades del país, la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado (muerto en una persecución de Gendarmería Nacional en tierras de la comunidad mapuche sin orden judicial) y la existencia de presos políticos indígenas y campesinos en distintas provincias sin seguir el debido proceso judicial (con múltiples objeciones de organismos internacionales protectores de los DDHH). Este tipo de intervenciones – estatales y de diversos privados- contra las comunidades originarias y campesinas y sus derechos sobre las tierras se multiplica en el territorio argentino en forma anómala. Estas situaciones nos obligan como organización social comprometida con los territorios a plantear la problemática y las responsabilidades que competen. 



Es un documento que explora distintos casos y antecedentes de organizaciones que trabajan con un enfoque coordinado entre la gobernanza de la tierra y el agua en un esfuerzo por abordar el desafío de la seguridad alimentaria mundial y la necesidad de disminuir la desigualdad de género en el acceso y control sobre la tierra y agua.

