Organizaciones contra la Ley Ómnibus de Milei

Fundación Plurales junto a numerosas organizaciones de la sociedad civil entregamos una carta a la Cámara De Diputados de la Nación Argentina con críticas al Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Esta llamada Ley Ómnibus contiene un gran paquete de reformas y fue remitida en diciembre de 2023 por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) para su tratamiento en sesiones extraordinarias.

«Expresamos nuestra más profunda preocupación por las medidas contenidas en el proyecto de ley por cuanto suponen serios retrocesos en la legislación ambiental lograda tras mucho esfuerzo, discusiones parlamentarias y trabajo de consenso entre diversos actores sociales, a lo largo de los últimos años en la Argentina».

Destacamos que «en pos del cumplimiento de este mandato constitucional, la sociedad argentina ha comprometido tiempo y esfuerzo para el desarrollo de un importante plexo normativo que, aunque incompleto y de implementación parcial, ha permitido generar un adecuado balance entre el estímulo a la producción, la conservación y restauración del ambiente y el desarrollo social».

Además, solicitamos la ampliación de giros de comisión para el tratamiento del proyecto porque van más allá de las capacidades de las comisiones a las cuales actualmente tiene giro (Presupuesto y Hacienda, de Asuntos Constitucionales, de Legislación General y de Relaciones Exteriores). Sugerimos que «las comisiones faltantes son: de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, de Energía y Combustibles, de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios y de Agricultura y Ganadería».

A lo largo de la carta, puntualizamos detalladamente una serie de aspectos pertinentes del proyecto como por ejemplo control de actividades de quema, protección de bosques nativos, glaciares, entre otros y enumera cuáles artículos deberían rechazar en Diputados.

Advertimos que «el principio de no regresión contenido en el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566) establece que la legislación no puede empeorar la situación del derecho vigente desde las perspectivas de su alcance y amplitud. Este proyecto vulnera el principio de no regresión ambiental dado que los cambios propuestos a la normativa vigente implicarían una disminución de los niveles de protección ambiental ya alcanzados».

En el cierre de la carta «exhortamos a la Cámara de Diputados a no hacer lugar a estas propuestas que colisionan de lleno contra principios jurídicos y normativa nacional e internacional vigente en el país, afectando los resultados económicos productivos de diversas actividades socioeconómicas que se pretenden beneficiar y arriesgando seriamente el cumplimiento de los compromisos asumidos por el país en los foros multilaterales ambientales».

LEER CARTA COMPLETA

Foro Regional sobre derechos campesinos

Fundación Plurales participó del 1º Foro Regional sobre la Implementación de la Declaración de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de los Campesinos y otras Personas que Trabajan en Zonas Rurales (UNDROP). Se realizó los días 12 y 13 de diciembre de 2023 en Bogotá, Colombia, con el objetivo de revisar avances y gestiones frente a la protección y promoción de los derechos fundamentales de los campesinos y de las comunidades rurales.

Participamos como miembros de la comitiva de la Coalición Nacional por la Tierra – ENI Argentina y la Coalición Internacional por la Tierra (ILC), llevando una agenda que pone en el centro de la discusión los derechos a la tierra y el territorio, en especial de las personas que viven de ella.

Fue un objetivo de nuestra participación el poder compartir las discusiones y análisis que se dieron en el último año en el marco de ENI Argentina, sobre temas como la propiedad comunitaria de la tierra, el avance de las industrias extractivas sobre el territorio y el consiguiente aumento de conflictividad y criminalización de las personas defensoras de la tierra y el territorio. Además, la necesidad de incorporar las voces de las y los jóvenes en los procesos de desarrollo territorial, el acceso y defensa de los derechos económicos, políticos, sociales, culturales y principalmente los ambientales, donde destaca el acceso al agua, a la tierra y la posibilidad de fomentar sistemas alimentarios sostenibles y respetuosos de los Derechos Humanos y Ambientales.

Argentina y la Declaración

La UNDROP (Res 73/165 de diciembre de 2018) «es el principal referente internacional que ha llevado a los estados a reconocer al campesinado como sujeto de derechos, en perspectiva de mejores condiciones de acceso a los derechos humanos. Las y los campesinos han estado cobijados por el marco internacional de derechos humanos y por los instrumentos de protección internacional de manera general (…) pero el estar inmersos en esta generalidad, no permitía la aplicación diferencial de mecanismos de protección particular del campesinado frente a los desafíos que enfrentan, por lo tanto, el primer reconocimiento a esta Declaración es la codificación de derechos ya existentes y la especificación de estos para la población campesina».

Nuestro país avanzó en el cumplimiento de la UNDROP con la reglamentación de la Ley de reparación histórica de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. Es un hito sumamente importante para resolver la deuda histórica del país con el sector rural, sin embargo, esta reglamentación llegó 10 años después de la sanción de la ley y dejó afuera 24 de los 36 artículos.

Desde las organizaciones miembro de la Plataforma Nacional por la Tierra, ENI Argentina, creemos que fueron un gran paso el Banco de Tierras y el Centro de Producción de Semillas Nativas. Pero la cantidad de artículos sin reglamentar, entre ellos uno crucial que es la definición del presupuesto para aplicar las políticas, quedó a mitad de camino y hoy, con un gobierno nacional de derecha, los y las campesinas y demás habitantes del sector rural están más desprotegidos que nunca.

Primer paso y expectativas

El Foro Regional fue un gran espacio de debate y análisis de la situación actual de las personas campesinas en la región, permitió empezar a crear una agenda de incidencia en sintonía con el tiempo de trabajo del reciente comité de seguimiento de los derechos de las personas campesinas, creado mediante la Resolución A/HRC/54/L del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas de octubre de este año.

En el actual escenario, «el acceso precario a la tierra y otros recursos vitales; las distintas formas de discriminación al campesinado, que afectan particularmente a las mujeres rurales; la protección excesiva de las patentes sobre semillas y otros recursos; el cambio climático; las limitaciones para el acceso al agua; y la violencia en la ruralidad», se planteó la necesidad de seguir articulando las organizaciones nacionales a escala regional para lograr mayor impacto y avanzar en la implementación de la Declaración en la región y el mundo.

Es imposible pensar a las y los campesinos sin su vínculo fúndante con la tierra y los bienes naturales, es por esto que el Foro dedicó gran parte de los debates a encontrar instancias compartidas de incidencia sobre temas relacionados con los Derechos Ambientales, al cumplimiento de los DESCA (Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales) y los civiles y políticos. En tal sentido, se vislumbran acciones conjuntas para incidir en las próximas COP de Escazú en la región y en Brasil.

*Compartimos las conclusiones de cierre

Fundación Plurales estrena «Litio: qué hay detrás de la reforma»

Lanzamos un documental que reconstruye las violentas represiones que sufrieron las comunidades que enfrentan el avance del extractivismo y la reforma inconstitucional en Jujuy, Argentina.

Mirá el tráiler

El film realiza un recorrido por los territorios y paisajes, pone en el centro las voces de defensores y defensoras ambientales que protagonizan la resistencia. Ante un Estado provincial violento, decenas de heridos, una lucha desigual y un grito al mundo: ¿a quién beneficia la transición energética?

Proyecciones

Durante la COP28 sobre Cambio Climático, del 30 de noviembre al 15 de diciembre, se realizarán proyecciones colaborativas y simultáneas en distintos países y territorios, buscando instalar debates no solo en Argentina, sino también en otros países del sur y norte global.

Cualquier organización de derechos humanos, ambientalista, feminista, activista por los derechos indígenas, entre otras, puede inscribirse en el siguiente LINK para proyectar el documental en su comunidad, organización, cine local, universidad o espacio que considere apropiado.

ARGENTINA
*Buenos Aires
Miércoles 06 de diciembre con los miembros del Malón de la Paz
17hs Oficinas SERPAJ en Piedras 730, CABA

*Jujuy
Sábado 09 de diciembre
14hs en el Encuentro de Comunidades Indígenas de la Puna. Humahuaca, Jujuy.

ITALIA
Martes 12 de diciembre
Sede de International Land Coalition – Oficinas FIDA

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS (DUBAI):
Domingo 10 de diciembre
17 a 18 (GMT+4) ROOM 2 at Civil Society Climate Justice Hub (CSCJ Hub) – Blue Zone

Este documental fue realizado por Fundación Plurales en el marco de la Coalición Nacional por la Tierra Argentina y la Plataforma de Defensores y Defensoras del Territorio, iniciativas de la International Land Coalition, con el apoyo de la Alianza GAGGA, el Programa Defensoras Ambientales y LandMatrix LAC.

Esperamos que visibilice e incida en la agenda pública, local, nacional e internacional sobre la transición energética y sus efectos en las comunidades locales que enfrentan el extractivismo a diario. Específicamente, el caso de Jujuy con el litio y la reforma inconstitucional para poder incrementar la extracción y fortalecer la criminalización de la protesta.

FICHA TÉCNICA

Título original: Litio: Qué hay detrás de la reforma.
Año: 2023
Duración: 33 minutos.
País: Argentina.
Género: Documental Ambiental – Social
Formato: Full HD – 4K
Soporte: Digital – Color
Aspecto: 16:9

Producción: Fundación Plurales
Dirección y Guion: Florencia Reynoso
Dirección de Fotografía: Carlos Zorrilla
Dirección de Sonido y Posproducción sonora: Ornella Taricco
Música Original: Facundo Herrera
Montaje: Florencia Reynoso.
Productor: Nicolás Avellaneda
Generadores de contenido, investigación base y entrevistas: Nicolás Avellaneda; Florencia Reynoso; Marta Esber; Daniela Savid; Sol Peralta; Diana Segado; Florencia Zampar; Lilian Gregorio; Verónica Luna.
Personas Entrevistadas: Jerónimo – José Luis – Laureano Marina Vilte

COP 28: confirmamos los desafíos

Desde el 30 de noviembre y hasta el 12 de diciembre de este año, en Dubai ocurrió la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP28), el encuentro de partes del tratado del Clima que convoca cada año a los Estados parte y a la sociedad civil. Un espacio que reúne hace 28 años a casi 190 mandatarios, sus comitivas y organizaciones. Desde 2019, Fundación Plurales participa y produce en este espacio algunas expresiones de contenido y debate de los temas que creemos deben ser tenidos en cuenta para que el tratado sea también una expresión de Justicia Climática y de Género. Además, en agosto de este año, por nuestra competencia en asuntos abarcados por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), fuimos admitidos como observadores.

2023 será uno de los años más calurosos de los últimos 125 mil años y con mayores emisiones de gases de efecto invernadero. Pero este no es el único desafío de este planeta, existen otras problemáticas que nos desafían hace muchas décadas como especie para que las personas puedan tener una vida digna. El hambre, las injusticias de género, la guerra y las brechas que impone la globalización, el acceso diferencial a la tecnología, el acceso al agua y la tierra, la contaminación de los bienes naturales -que en muchos casos ocurren como consecuencia de la lucha por los recursos en nuestro planeta-, son también algunos tópicos que se entraman y amplifican en el ya complejo problema del aceleramiento de la crisis climática y sus consecuencias para la humanidad.

En esta COP hubo un especial llamado desde el Grupo Constituyente de Mujeres y Género (GCWG) al compromiso profundo de “desmantelar la opresión y las desigualdades -dando testimonio del genocidio y la ocupación- a las atrocidades perpetradas en Palestina, Sudán y el Congo y en muchas regiones del mundo -atrocidades perpetradas por potencias coloniales militarizadas e impulsadas por los combustibles fósiles”.

La Conferencia es en sí un espacio de encuentro, debate, expresiones y disputas orientada a poner la voz en los temas que comprenden la agenda del clima. También es un espacio que permite la «medición» de la verdadera correlaciones de fuerzas y voluntades políticas en torno a las decisiones globales que se podrían tomar. Por ejemplo, existieron algunas como la COP 21, donde se firmó el Acuerdo de París en 2015, allí las partes (195 países) se comprometieron a limitar el calentamiento global en dos grados centígrados con respecto a la era preindustrial, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero a través de la mitigación, adaptación y resiliencia.

Por su parte, la COP 28 de Dubai tuvo sus particularidades. Emiratos Árabes Unidos, la sede, es el principal comercializador de petróleo y el presidente de la COP es, además de funcionario, un empresario de ese negocio. También creció exponencialmente la cantidad de participantes con respecto a COP anteriores, llegando a más de 90 mil personas -el año anterior habían sido 40 mil-. Una característica destacada es la mayor participación del sector empresario y los debates sobre fondos e inversiones.

Desde el GCWG se instó a “reconocer la importancia de los enfoques con perspectiva de género como camino para avanzar en la acción climática” y en esta línea, la participación de Fundación Plurales estuvo guiada por la consigna de expresar la perspectiva de mujeres y comunidades indígenas en los temas de agenda. Apostando a que la necesidad de proteger, respetar y promover los derechos humanos sean los valores que guíen transversalmente los compromisos en el tema.

Avances sin acción

El debate de los fondos es siempre un tema central. Este año comenzó con la aprobación del Fondo de Pérdidas y Daños, en principio fue la buena noticia. Sin embargo, no están establecidos aún sus modos de funcionamiento y no es la primera vez que se escuchan promesas que no se concretan. Eso se suma a que los países desarrollados afirman que no tienen responsabilidad de pagar por las pérdidas y daños, esto es una negación de su deuda climática y su responsabilidad histórica con la justicia climática.

El financiamiento para abordar las pérdidas y daños debe incluirse en el nuevo objetivo financiero del próximo año, pero con la COP finalizada no se definió quiénes aportarán el dinero. Aparentemente, sí se definió una modalidad mixta de subsidios y créditos, lo que lo hace también un tanto cuestionable, ya que los países afectados por catástrofe que lo quieran asumirán una deuda. Desde el espacio latinoamericano fue un tanto cuestionado por esto y porque los gobiernos, al aceptarlo, no resguardan los principios del Acuerdo de Escazú.

Por si parte, las transiciones justas son un tema de debate en el que no se termina de hacer foco. Como organización feminista creemos que es necesario considerar principalmente el respeto por los derechos humanos, el derecho a la tierra y al consentimiento libre, previo e informado que consagra el Convenio Nº 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas (CLPI).

Cada paso en este tema debe surgir de la participación de la sociedad civil y con la inclusión del mayor número de perspectivas. Creemos que no se puede avanzar en este sentido repitiendo los modelos del pasado, ni seguir reproduciendo que la base de la matriz energética incluya injusticias, desigualdades, atropellos o exclusiones. Sin derechos humanos cualquier tipo de transición no es justa y no es aceptable. Para cambiar requerimos pensar en otras claves las matrices energéticas con justicia social, ambiental y de género.

En esta línea, Fundación Plurales presentó el documental «Litio: qué hay detrás de la reforma», abriendo un debate sobre las condiciones y los modos en los que se encaran las transiciones. Enfocado en un caso puntual de la reforma constitucional en Jujuy de junio 2023, pero dando un debate más amplio sobre el tema.

Algunas alianzas y redes globales se fortalecen

La Unidad Constitutiva de Mujeres y Género (WGC) es uno de los nueve grupos de partes interesados de la CMNUCC. Formalizada en 2011, la unidad está formada ahora por más de 35 organizaciones de mujeres y de la sociedad civil ambientalista, y una red de más de 800 defensores que trabajan para garantizar que las voces de las mujeres y sus derechos estén integrados en todos los procesos y resultados del CMNUCC, para un desarrollo sostenible y un futuro justo y que la igualdad de género y los derechos humanos de las mujeres sean centrales en los debates en curso. Dado que el WGC representa las voces de miles de personas en todo el mundo, los miembros están presentes en cada reunión de la CMNUCC y en el período entre sesiones para trabajar junto con la Secretaría de la CMNUCC, los gobiernos, los observadores de la sociedad civil y otras partes interesadas para garantizar que los derechos de las mujeres y el género la justicia sean elementos centrales de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

Destacamos también la formación de la Asamblea Latinoamericana que en el debate y articulación estuvimos palpitando la COP de 2025 en Brasil. Desde ese espacio se criticó el documento propuesto para el Balance Global del Acuerdo de París porque “carece de la claridad y ambición necesarias y urgentes para convertirse en un instrumento útil para la próxima ronda de contribuciones nacionalmente determinadas NDC (Contribución Determinada a Nivel Nacional). Si bien el texto menciona la reducción del consumo y producción de combustibles fósiles en una forma justa y ordenada, las referencias a cero neto y la meta de hacerlo hasta el 2050 evidencian que la COP28 no entendió la urgencia de la transformación que se requiere. El hecho de que esta medida sea una posibilidad para las partes y no una obligación nos impulsa a exigir mayor ambición de las partes al cerrar la COP”, explica Javier Dávalos González, Coordinador del Programa de Clima de la Interamerican Association for Environmental Defense (AIDA).

Próximas COP

En 2024, la COP 29 será en Azerbaiyán, otro gran productor de petróleo. El ministro de Ecología y de Recursos Naturales de ese país, Mukhtar Babayev, ya anunció la candidatura tras ser retirada la de Armenia.

Azerbaiyán obtuvo el apoyo de Rusia y otros países de Europa del Este, después de meses de estancamiento en los que además se necesitó alcanzar un acuerdo con la vecina y adversaria Armenia, que finalmente se comprometió a no vetar la cumbre. Armenia y Azerbaiyán se disputaban la organización de la COP29. «Estamos muy agradecidos a todos los países, en particular a los del grupo de Europa del Este y al anfitrión de la cumbre COP28, Emiratos Árabes Unidos, por su apoyo», manifestó Babayev.

El país anfitrión de la COP normalmente rota entre los cinco grupos regionales de Naciones Unidas: el Grupo Africano, el Grupo de Asia y el Pacífico, el Grupo de Europa Oriental, el Grupo de América Latina y el Caribe y el Grupo de Europa Occidental y otros. La ciudad brasileña de Belén, cercana a la desembocadura del río Amazonas en el océano Atlántico, será la sede de la Cumbre del Clima COP30, que se celebrará en 2025. Los países reunidos en la COP28 de Dubai también lo ratificaron, después de que lo anunciara en mayo el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

Este año, en la COP28 participamos y propusimos distintas actividades en las que nos involucramos. Estos espacios globales no siempre toman el rumbo que esperamos como sociedad civil, sobre todo desde nuestra organización que tiene una mirada construida de los problemas globales y locales con las organizaciones de base y que principalmente se alinea a una perspectiva de derechos humanos.

Pero también pensamos que participar es abrir debates y disputas en algunos niveles de incidencia que todavía vemos viable y nos permiten hacer posibles otros mundos y no solo el que unos pocos pretenden imponer.

*Fotos: Annabelle Avril / WECF

Fundación Plurales en la COP28

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP28) este año se realiza en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, desde el 30 de noviembre hasta el 12 de diciembre de 2023. Se celebra todos los años y es el único foro multilateral de toma de decisiones sobre el cambio climático en el que participan casi todos los países del mundo. Es la primera vez que finalizará con una evaluación de la implementación del Acuerdo de París, esto se hará cada 5 años.

Como desde hace varios años, Fundación Plurales estará participando con la intención de sumar a los debates la intersección entre la justicia climática y la justicia de género. Seremos parte de tres eventos, ¡agendá!

“Transición energética: ¿Un camino hacia un mayor reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas?”
5 de diciembre, 17 a 18 (GMT+4)
Pabellón de Pueblos indígenas
Lenguaje: inglés, español y ruso
COP28 Cultural Survival, the SIRGE Coalition, International Land Coalition, Indigenous Peoples Rights International (IPRI) and Fundación Plurales.

Presentación del Documental LITIO QUÉ HAY DETRAS DE LA REFORMA (ARGENTINA, 2023)
10 de diciembre, 17 a 18 (GMT+4)
ROOM 2 at Civil Society Climate Justice Hub (CSCJ Hub) – Blue Zone
Documental en español y subtitulado en inglés

PANEL “Aportes y debates en la mirada al cambio climático desde las mujeres indígenas y campesinas latinoamericanas”
12 de diciembre, 10:10 a 11:10
Blue Zone, Zone B7, Building 88, 2nd Floor
Lilian Gregorio (ARGE) Karem Dubois (Guatemala) Andrea Monzón Juarez (Guatemala) y Victoria Bojaca (Colombia)
Lenguaje: español

Durante la COP27 en 2022, se dieron escasos e insuficientes avances. El balance por aquel entonces fue que detectamos la escasa voluntad política por parte de los gobiernos para avanzar en dirección a la justicia climática. Este año estaremos de nuevo allí para poner en agenda los temas que trabajamos durante todo el año, las expectativas son altas.

Jóvenes, empresas y derechos humanos

Fundación Plurales participó de la conferencia Jóvenes y sociedad civil por un tratado global sobre empresas y derechos humanos. Realizada en Bélgica el 23 de octubre de este año, reunió a jóvenes activistas y representantes de la sociedad civil de todo el mundo en el Parlamento Europeo. Tuvo el propósito de lograr un instrumento jurídicamente vinculante sobre empresas y derechos humanos en el marco de Naciones Unidas (ONU).

Durante la actividad, se expusieron preocupantes casos de impunidad y abuso corporativo en diferentes partes del mundo. Aquí, Rocío Julián, integrante de la Red Chacha Warmi que viajó a Bruselas, impactó a los asistentes con su relato sobre las fuertes represiones y persecuciones que vivió su Pueblo en el marco de la reforma constitucional en la provincia de Jujuy. La Reforma se desarrolló sin debates, participación o consulta libre, previa e informada. Se invisibilizaron los pedidos explícitos de las comunidades indígenas de participar del proceso. En esta línea, Rocío describió como “positivo y sumamente necesario poder llegar a estos espacios en donde se desconoce todo lo que sucede en nuestra zona”.

Como parte del evento, se presentó el documental “La Ilusión de la Abundancia” de Erika González Ramírez y Matthieu Lietaert. Coproducido entre varias organizaciones, presenta a Berta Cáceres, Carolina de Mouro y Máxima Acuña, tres mujeres defensoras de derechos humanos de América Latina, que en la primera línea, defienden a sus comunidades del extractivismo de corporaciones multinacionales -los modernos conquistadores- que reducen sistemáticamente sus tierras, recursos naturales y medios de vida.

Rocío relató que “para mí significó una gran oportunidad de poder contar lo que atravesamos los pueblos indígenas en un espacio internacional que nuclea a jóvenes que también luchan por los derechos humanos y derechos de sus pueblos”.

La conferencia concluyó con dos paneles, uno sobre marcos regulatorios relacionados con empresas y derechos humanos, y otro sobre el tratado vinculante. Este intercambio con la juventud y la sociedad civil se incorporará al informe del Subcomité de Derechos Humanos (DROI por sus siglas en inglés) sobre el tema. El evento forma parte de las actividades de soporte a la democracia del Parlamento Europeo dirigidas por el Grupo de Apoyo a la Democracia y Coordinación de Elección (DEG por sus siglas en inglés).

“Mi principal expectativa fue la de conocer población europea o perteneciente a países de primer mundo, para preguntarles si es que tienen conocimiento de lo que el consumo de bienes de lujo que sus países realizan ocasiona a nuestros territorios. También mi interés era conocer a jóvenes de estos espacios para generar contactos y alianzas estratégicas en cada sitio”, detalla. “Por lo que pude ver y conocer, hay grupos de jóvenes luchando por defender sus territorios en cada parte del mundo, esto generó un sentimiento colectivo. Fue un principio de acompañamiento y respaldo al saber que no estamos solos, sino que son muchos los grupos a nivel mundial que están luchando por defender a sus pueblos, y un impulso a continuar sosteniendo nuestras luchas, ya que se fortaleció la convicción de que estamos haciendo lo correcto”, concluye Rocío.

El Malón de la Paz pasó por Córdoba

El sábado 29 de julio, llegó a la capital cordobesa, en Argentina, el Tercer Malón de la Paz. Partió desde La Quiaca, Jujuy, el día martes 25 de julio, con destino a Buenos Aires. Ya pasó por Salta, Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero.

Plurales estuvo presente el sábado por la tarde en la Plaza Kamichingon (ex Colón), donde hubo una conferencia de prensa y caminamos hasta el Monumento al indio frente al Patio Olmos. El domingo 30, asistimos a la ceremonia ancestral y espiritual de las comunidades indígenas en la Apacheta de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

Historizar al Malón

El Primer Malón de la Paz, en mayo de 1946, estuvo conformado por más de 150 integrantes de comunidades kollas de Jujuy y Salta, y caminaron hasta Buenos Aires durante meses. El Malón buscaba recuperar los derechos de las comunidades indígenas, llevando sus demandas a la capital federal, esperando ser atendidas por el ejecutivo y el Congreso.

Ya en el siglo 21, en 2006, unas 120 comunidades de la provincia de Jujuy movilizaron desde la puna, quebrada y valles hasta el cruce de la ruta 9 y 52, a la altura de la localidad de Purmamarca. El reclamo del Segundo Malón fue el mismo que 60 años atrás. Cortaron las rutas durante varios días.

Las consignas principales de este tercero son:
-Exigir a la corte que se expida respecto de la Inconstitucionalidad de la reforma.
-Solicitar al Congreso de la Nación la intervención a la provincia de Jujuy.
-Que el Congreso realice y sancione la Ley de Propiedad Comunitaria.
-Detener la represión y defender los derechos, la cultura y los pueblos que luchan, mientras se rechaza la Reforma inconstitucional de Morales.

Las voces de los territorios

Plurales conversó con Néstor Jerez, cacique del pueblo Ocloya de Jujuy, y Griselda, de la comunidad Casa Grande, Vizcarra y Portillo e integrante del grupo de Mujeres Defensoras del Hábitat Natural, ambos parte del Malón.

“Vamos a continuar este camino llevando este mensaje de que en Jujuy no hay estado de derecho, ni derecho a la protesta, en donde existe la violación a los derechos humanos y tratados internacionales, la violencia institucional y sistemática del Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales)”, explica Néstor.

Por su parte, Gisela cuenta: “Me siento muy dolida con la que está pasando en la provincia de Jujuy. Hay hermanos que fueron detenidos, baleados, que perdieron un ojito a causa de defender nuestros derechos. Siguen con las persecuciones, hay hermanos que les están buscando casa por casa para que los lleven a la cárcel”.

“El señor gobernador hizo una reforma donde quita todos nuestros derechos, los derechos al agua y a nuestros territorios. Nos están queriendo saquear toda nuestra provincia y el gobernador no escuchas nuestros reclamos, por eso justamente hoy estamos marchando para llegar a Buenos Aires”, detalla.

Desde Plurales, rechazamos esta reforma constitucional por varias razones:
1- El proceso se desarrolló sin debates, participación o consulta libre, previa e informada

2- Se invisibilizaron los pedidos explícitos de las comunidades indígenas de participar del proceso de reforma

3- La modificación sobre el derecho a la propiedad privada deja en mejores condiciones a titulares registrales que disputan tierras con comunidades indígenas y campesinas

4- La expresa prohibición del derecho a la protesta

5- Desequilibrio democrático: se eliminaron las elecciones de medio término y el partido que obtenga la mayoría de votos en las elecciones para Gobernador obtendrá la mitad más una de las bancas en la Legislatura

Seguimos de cerca el levantamiento de las organizaciones y comunidades indígenas en lo que hoy es Jujuy, nos solidarizamos con todo el pueblo jujeño y con las personas reprimidas, heridas y detenidas injustamente, y ahora, acompañamos el Tercer Malón.

El contingente Malonero, con la firme convicción de que el Agua vale más que el Litio, y que la Reforma Inconstitucional viene por los derechos de los pueblos, partió hacia Rosario, última parada antes de la capital.

El 1 de agosto, en el marco del Día de la Pachamama, esperan estar entrando en Buenos Aires y realizar actividades en el Acampe frente a la Corte Suprema y en el Congreso de la Nación. Griselda concluye: “Poder llegar hasta acá, y hasta Buenos Aires, en defensa de todos nuestros hermanos y de todo Jujuy, yo sé que no es fácil, estar acá es muy complicado, pero hay energías y fuerzas que están por detrás y eso me hace seguir para llegar lejos, muy lejos”.

SALT: una posibilidad real de incidir en el Congreso

Con el objetivo de generar una herramienta de monitoreo legislativo a escala nacional, para detectar situaciones de “alerta” y “oportunidad”, Fundación Plurales, en articulación con la Coalición Internacional por la Tierra (ILC) y el Programa Defensoras Ambientales, apoyada por la Alianza Global por el Género y el Clima (GAGGA) y WEDO (Women’s Environment & Development Organization), impulsó la creación del Sistema de Alerta Legislativo Temprano (SALT). Con la intención de un análisis relacionado con los derechos humanos y la justicia ambiental y con perspectiva de género sobre proyectos de ley que se presenten a nivel nacional en Argentina, Guatemala u otro país donde contemos con una Coalición Nacional por la Tierra (CNT), como pilotos y con intención de replicar en la región.

SALT es una herramienta que facilita el acceso a información sustantiva y oportuna para identificar el ingreso de propuestas legislativas al Congreso de la Nación, que hagan foco en temáticas por las que luchamos y trabajamos, analizando los argumentos para su debate y las posibilidades reales de incidir a tiempo en ese marco normativo, sus reglamentaciones y posibles aplicaciones.

La creación de un sistema que pueda detectar y analizar proyectos de ley en sus primeros pasos, puede permitir que las comunidades de base se involucren y participen de manera directa, aportando elementos relevantes para el debate legislativo y la toma de decisiones, y/o pongan en marcha mecanismos de incidencia cruciales.

En el caso del SALT, las alertas están dirigidas a la observación de proyectos de Ley y disposiciones normativas que puedan afectar o beneficiar los derechos ambientales/territoriales de las comunidades. Sobre todo vinculadas a acceso y titularidad de la tierra, impacto ambiental, modelos productivos, instalación y desarrollo de industrias, acceso y gestión de los recursos hídricos. Busca facilitar el acceso de las organizaciones sociales y las/los defensores ambientales a los proyectos de ley que ingresan al Congreso Nacional, identificar las dinámicas de debate y argumentación de los diferentes bloques legislativos en las distintas comisiones y generar herramientas concretas para detectar amenazas y oportunidades en esos proyectos.

La herramienta consta de cuatro momentos de trabajo. Primero, de gabinete y equipo técnico que debe conseguir la información de los proyectos de Ley que se presentan. Ya con la información, se propone un filtro para definir si nos interesa dar seguimiento a ese proyecto o no. Es el momento en que se enciende o no la ALERTA. Luego, se desarrolla solo si se activó la alerta y se concentra en el contenido del proyecto, su texto (articulado y fundamentos). A través de una serie de preguntas se aplica la lógica del “semáforo” (rojo, amarillo o verde) para detectar qué aspectos representan una oportunidad o una amenaza. Finalmente, a partir de la aplicación del semáforo, se espera detectar al menos dos proyectos de ley que, por oportunidad o riesgo, nos interpelen para realizar acciones de incidencia y cabildeo concreto, por medio de un plan sistemático.

Conversamos con Daniela Atea, Licenciada en Ciencias Políticas y parte del equipo consultor que diseñó esta herramienta. “El sentido básicamente es poder acercar a las organizaciones una herramienta más que nos posicione mejor al momento de hacer incidencia legislativa o en políticas públicas. Es una herramienta que ayuda a tener más y mejor información y oportuna en el tiempo”, explica.

Daniela detalla que “Plurales detectó que esto no existe y que sería muy bueno tenerlo porque muchas veces las organizaciones tienen toda la intención de hacer algún proceso de incidencia, pero a veces llegan tarde, porque la ley ya se sancionó o no”. Además, historiza, “el proyecto empieza a mitad del 2022, lo organizamos en etapas, la primera fue exploratoria, estuvimos buscando si existía alguna iniciativa o herramienta similar y si bien hay muchos sistemas de alertas, son para otros temas. No había nada igual a esto, se vio que era una gran oportunidad para avanzar en este sentido. Entonces, se hizo un relevamiento, se extrajo de esos antecedentes lo que pudiera ser un insumo para pensar nuestra herramienta y nos pusimos a trabajar en un borrador”. En noviembre del año pasado, se presentó en la Asamblea Anual ENI.

Ese primer acercamiento con las organizaciones integrantes de ENI despertó “mucho interés, mucho entusiasmo. Lo veían muy útil, se entusiasmaron mucho y a nosotros como equipo nos sirvió mucho conocer a las personas que forman parte de estas organizaciones, escucharlos, verlos cómo ponían a prueba la herramienta, ese borrador. Pero sobre todo, el gran nivel de formación que tiene la gente que forma parte de las organizaciones. Tiene mucha formación política porque participan en muchas instancias de capacitación, en todo lo que pueden, y además tienen mucho ejercicio en la práctica”.

“A partir de ese encuentro empezamos a trabajar en pulir el sistema y ya consideramos fundamental complementarlo con otros, entonces desarrollamos una propuesta de caja de herramientas”, por ejemplo, fortalecer sus conocimientos sobre los procesos legislativos nacionales, sumar instancias de capacitación, etc. Durante 2023 “la pusimos a prueba, hicimos un barrido de todos los proyectos de ley que podrían interesarles a las organizaciones, que podrían de alguna manera despertar la alerta. Les presentamos ese listado en el encuentro que tuvimos (Encuentro nacional para desarrollar el informe DESC) y volvimos a confirmar el interés de las organizaciones por la herramienta”.

“Tras ese encuentro, la idea es seleccionar uno o dos proyectos sobre los que realmente poner en práctica la herramienta y luego de lo que surja de ahí, las propias organizaciones van a ir decidiendo una estrategia de incidencia, es lo que queda por este año”, concluye Daniela.

SALT de Argentina para el mundo

Este sistema siempre estará en constante revisión y perfeccionamiento, en continuo proceso de mejora. Además, la idea es replicar esta experiencia en otros dos países, Guatemala y Perú, por ejemplo. Semanas atrás, Nicolás Avellaneda, integrante de Fundación Plurales, presentó la herramienta en las oficinas centrales del Comité Campesino del Altiplano (CCDA), en el departamento guatemalteco de Sololá. Conversamos con Fredy Pérez, facilitador de la plataforma CNT Guatemala y consultor investigador del Instituto de Estudios Agrarios y Rurales IDEAR de la Coordinación de ONG y Cooperativas (CONGCOOP).

“A partir del año 2015, Guatemala atravesó una serie de procesos de protesta y movilización social frente a la crisis de la democracia causada por la corrupción y la impunidad dentro del Estado, lo cual se expresó en el cierre del espacio cívico y la libertad de expresión. En el campo, se sucedieron constantes ataques a las personas defensoras de derechos humanos y a la resistencia pacífica a nivel comunitario frente a los megaproyectos extractivos y los grandes agronegocios. En este contexto, SALT resulta relevante, pues permitirá sistematizar las políticas y prácticas de implementación relacionadas con los derechos de los pueblos indígenas y campesinos, siendo relevante advertir sobre aquella legislación nociva a los derechos humanos y a la democracia en el país”, detalla.

Ahora, “en la última semana, se celebraron las Elecciones Generales y es posible conocer la nueva composición del Congreso y se tienen grandes posibilidades de que el nuevo gobierno, particularmente el Ejecutivo -que se eligirá en dos meses-, promueva cambios positivos en materia de política pública, democracia y la lucha anticorrupción. En este sentido, la implementación de SALT proveerá de capacidades y conocimientos que permitan continuar implementando la herramienta para el análisis legislativo en un nuevo contexto y analizar el tipo de cambios que se produzcan”.

Fredy cuenta que aún no se implementó, “pero una de nuestras organizaciones miembro de ILC, el CCDA, desde ya comenzó un proceso de consulta e investigación que permite identificar la legislación de interés para la herramienta. También, se convocó a los demás miembros de la plataforma y a organizaciones aliadas a participar en el proceso de recolección y facilitación de información, esperando que, con los primeros resultados, se pueda realizar un análisis colectivo para mejorar la implementación”.

Fredy detalla que el CCDA intercambió información con la CONGCOOP sobre SALT, “siendo interesante la metodología a implementar, pues no se realizó antes un análisis global de la legislación guatemalteca que pueda beneficiar o afectar a la población indígena y campesina. Distintos líderes y lideresas locales se interesaron y manifestaron su disposición a aprender y colaborar en su implementación”.

SALT por y para los territorios

Algo a destacar es que así diseñado, el instrumento no requiere de contar con buena conectividad a Internet, ya que la planilla de Excel original puede descargarse una vez en una computadora o notebook y usarse indefinidamente. Tampoco requiere de contar con un programa o aplicación especial. Sin embargo, estamos analizando la posibilidad de generar una aplicación sencilla para celular que cumpla la función de carga de datos y visibilidad del semáforo para “amigar el formato” lo más posible.

Nos encontramos con sociedades cada vez más complejas que, atravesadas por conflictos sociales, económicos y políticos que trascienden las fronteras de los países, exponen de manera dramática la confrontación de intereses y perspectivas sobre los mejores modos de resolver las disyuntivas y dar respuesta a las necesidades de toda la comunidad. En este contexto, las preguntas por los modos de fortalecer las democracias y la participación de la ciudadanía para que las decisiones beneficien a las mayorías, resultan claves si se pretende garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de todas las personas y sectores.

Fundación Plurales viene impulsado distintas estrategias para fortalecer a organizaciones de base, personas y grupos aglutinados alrededor de la defensa del territorio, los derechos humanos, los bienes ambientales y la justicia económica, de sectores históricamente desfavorecidos. Desde un enfoque de género, apoyamos a las comunidades rurales fomentando la gobernanza participativa de los bienes naturales como agua segura, tierra y la incorporación de tecnologías apropiadas que generen sistemas productivos más sostenibles. Uno de los ejes es fortalecer el trabajo en red y desarrollar programas que proporcionen un tejido social de soporte en los conflictos y acciones de resistencia ante situaciones y medidas de avasallamiento. En ese marco, el Sistema de Alerta Legislativo Temprano (SALT) ayudará a generar evidencia concreta para la realización de acciones de incidencia pública.

Plurales en el Encuentro Regional sobre el Fondo Verde del Clima

Fundación Plurales participó del Encuentro Regional sobre el Fondo Verde del Clima, organizado por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Both ENDS y Fondo CASA.

Durante los días miércoles 21 y jueves 22 de junio de 2023, en Río de Janeiro, nos reunimos para trabajar sobre el seguimiento y monitoreo del financiamiento climático que llega a nuestra región, y asegurar que sea lo más beneficioso posible.

Actualmente, el Fondo Verde del Clima es la principal entidad multilateral de financiamiento climático que existe en el mundo. Tiene un rol clave en la canalización de recursos económicos de países desarrollados a países en desarrollo, para proyectos de mitigación y adaptación a la crisis climática. Apoya una amplia gama de proyectos para que personas y comunidades de regiones vulneradas puedan enfrentar los impactos cada vez más devastadores del calentamiento del planeta.

Fondo Verde del Clima (FVC)

El GCF (por sus siglas en inglés), fue creado en 2010 por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), con el objetivo de contribuir a las metas impuestas por la comunidad internacional para combatir la crisis climática.

La misión del Fondo es promover el cambio de paradigma hacia un desarrollo con bajas emisiones y resiliente al clima, mediante el apoyo a los países para limitar o reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse a los impactos de la crisis. El FVC financia proyectos y programas del sector público y/o privado, que promuevan un desarrollo bajo en carbono y resiliente al clima en las siguientes áreas:

Mitigación del cambio climático:

  • generación y acceso a energías bajas en emisiones,
  • transporte bajo en emisiones,
  • edificios, ciudades e industrias,
  • bosques y uso de la tierra.

Adaptación al cambio climático:

  • incremento en la resiliencia en los medios de vida de la gente y las comunidades
    vulnerables,
  • salud y bienestar, seguridad alimentaria y del recurso hídrico;
  • infraestructura,
  • ecosistemas y servicios ecosistémicos.

Ahora, las propuestas para acceder a los recursos del Fondo deben ser canalizadas a través de Entidades Acreditadas (EA) por el FVC. Aunque, recientemente se aprobó el “Project Specific Approach”, mediante el cual instituciones nacionales, regionales o internacionales sin acreditación previa podrán presentar propuestas de financiamiento.

Durante el proceso de acreditación se evalúa la capacidad de las instituciones para manejar los recursos del FVC, en línea con los estándares fiduciarios, de acuerdo con la escala y tipo de financiamiento buscado, así como la habilidad de manejar riesgos ambientales y sociales que puedan surgir a nivel de proyecto. Las entidades que buscan la acreditación para acceder a los recursos, también son evaluados a la luz de la Política de Género del Fondo. Es importante resaltar que las EA pueden presentar proyectos para ejecutar ellas mismas u otras.

Las Entidades Acreditadas tienen como función:

  • El desarrollo y presentación de propuestas de financiación
  • La ejecución y/o supervisión de los proyectos y programas aprobados, asegurando el cumplimiento de sus objetivos.
  • La presentación de informes regulares de seguimiento y monitoreo al FVC sobre los
    proyectos en ejecución.

El Fondo Verde para el Clima solo considera propuestas avaladas por la Autoridad Nacional Designada (AND) de cada país. Esta función de “no objeción” tiene por objeto asegurar que las propuestas estén alineadas con prioridades nacionales sobre crisis climática. Por ejemplo, la AND en Argentina es la Dirección Nacional de Proyectos con Organismos Internacionales de Crédito (DNPOIC) del Ministerio de Finanzas de la Nación (dnpoic@mecon.gov.ar / ssrfi@mecon.gov.ar – Tel: (011) 4349 6212).

El FVC determinó los siguientes 6 criterios para la evaluación de las propuestas:

  • Potencial Impacto: Potencial para alcanzar los objetivos y áreas de resultados del Fondo
  • Potencial de Cambio de Paradigma: Potencial para catalizar el impacto más allá de la
    inversión de un proyecto/programa.
  • Potencial de Desarrollo Sostenible: Potencial para brindar amplios co-beneficios
  • Necesidades del Receptor: Considera las vulnerabilidades y necesidades financieras del país receptor
  • Apropiación: El país receptor se apropia y tiene capacidades para implementar las
    actividades financiadas.
  • Eficiencia y Eficacia: Solidez financiera y económica del programa y/o proyecto.

No existe una regla que determine el otorgamiento de los distintos tipos de instrumentos, cada caso es definido por el FVC en función de cada propuesta recibida. Los fondos para el financiamiento de proyectos provienen de donaciones de países, empresas y particulares.

La sociedad civil y el FVC

Marta Esber, integrante del Área de Género y Democratización de Recursos Naturales de Fundación Plurales, participó del Encuentro y explica que: “El Fondo Verde para el Clima es el más grande a nivel global para financiamiento de acciones climáticas, pero no es tan fácil acceder, porque tenés que ser una Entidad Acreditada. Estas entidades son muy grandes, entonces las organizaciones chicas, de base o como Plurales, es imposible que seamos acreditadas”.

Durante el Encuentro se profundizó en las maneras que tenemos de conectarnos con el punto focal de cada país, que es quien dentro del Estado, tiene a cargo este tema. También, en cómo contactarnos con la Junta, que aprueba o no los proyectos, y las entidades observadoras.

Marta detalla que en “este tipo de encuentros permiten conocer cómo funciona y cómo tener acceso a información sobre el Fondo y los proyectos aprobados. Espacios así brindan apoyo para que nosotras podamos, por ejemplo, monitorear los proyectos que se desarrollan con ese financiamiento en Argentina. Dentro del Fondo hay como un organismo independiente de reclamos y quejas, entonces es conocer todos los mecanismos de acceso”.

“Por ejemplo, si detectamos que en Argentina se presentó un proyecto que no respeta a las comunidades locales, que puede provocar desalojos, contaminación o algún tipo de problema o no respeta los planes de género, o no hay un plan de género bien hecho, a través de las Entidades Observadoras, podemos hacer llegar nuestros reclamos”, ejemplifica.

Marta también destaca que “quedamos en contacto con todo un grupo de Latinoamérica para que te pase información y podemos juntarnos para presentar algún tipo de reclamo. Creo que eso fue lo más importante, saber con quién contamos para poder monitorear y conocer los proyectos que en Argentina se van a desarrollar con este Fondo”.

El financiamiento climático otorgado por el Fondo Verde es fundamental para garantizar la transformación de los sistemas económicos y energéticos hacia sistemas resilientes y de bajas emisiones, algo que el planeta necesita con urgencia. Hasta que organizaciones de base y la sociedad civil pueda acceder directamente a esos fondos, y bajarlos a proyectos y programas conectados con los territorios, con los fondos de mujeres, con la sabiduría de las comunidades locales, tradicionales y pueblos indígenas, con los que llevamos años trabajando, es crucial hacer seguimiento y monitoreo de sus operaciones, asegurando que cumplan efectivamente con el rol asignado: beneficio de las personas y comunidades más afectadas.

Encuentro nacional para desarrollar el informe DESC

A finales de octubre de 2023, Argentina debe presentar un nuevo informe al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC / CESCR por sus siglas en inglés). Si bien aún no hay avances sobre el documento Nacional, desde la sociedad civil y principalmente desde las organizaciones campesinas, indígenas, de mujeres y jóvenes, miembro de la Coalición Nacional por la Tierra – ENI Argentina, ya nos preparamos para presentar nuestro informe alternativo o “shadow report”.

Los Informes Alternativos son un documento creado por la sociedad civil con el fin de ser presentado a diferentes comités de Naciones Unidas para validar, cuestionar, contradecir o complementar la información oficial presentada por el gobierno, al mismo comité de expertos. De esta manera, cada organización redacta su informe, eligiendo su propia metodología y la envía al sistema de Naciones Unidas vía mail.

Los Estados Partes que conforman la Organización de Naciones Unidas han firmado y ratificado diferentes tratados internacionales y convenciones, asumiendo compromisos en la búsqueda por el respeto y defensa de los Derechos Humanos. Algunos de estos son el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, entre otros. Los llamados “Órganos de Tratados”, son comités de personas especialistas, independientes y de reconocida trayectoria en materia de Derechos Humanos, que tienen la función de vigilar el cumplimiento de los tratados.

Todos los Estados partes tienen la obligación de presentar informes periódicos al Comité correspondiente de cada tratado, donde dan cuenta los avances en la aplicación de los derechos. Dependiendo qué Comité, los Estados presentan informes cada dos o cuatro años. Cada Comité lo examina y comunica al Estado sus preocupaciones y recomendaciones en forma de “observaciones finales”. En este proceso, Naciones Unidas ofrece un sistema formal para que las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) puedan participar activamente a través de la creación de Informes Alternativos o “Sombra”.

Construcción colectiva siempre

En ese marco, organizamos un encuentro nacional y presencial de trabajo para realizar nuestro nuevo informe. Se realizó en la ciudad de Córdoba, los días 8, 9 y 10 de junio y participaron representantes de 20 organizaciones, integrantes del Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Comité de Jóvenes de ENI Argentina. Los análisis que realizaron durante la actividad, tomaron como punto de partida las recomendaciones de Naciones Unidas en el examen del 2018 y el informe de seguimiento del Estado Argentino emitido en el 2020.

Una de las prioridades del plan de trabajo de las organizaciones miembro de la ENI Argentina, desde el 2020, es el seguimiento y monitoreo de las recomendaciones expresadas por CEDAW (Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer) en 2016, EPU (Examen Periódico Universal) 2017 y DESC (Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) en 2018 al Estado argentino. Dichas recomendaciones surgen a partir de los informes alternativos que se presentaron a los comités de Naciones Unidas, a través de un proceso participativo y colectivo que iniciamos en el 2016 bajo la coordinación de Fundación Plurales y el apoyo de International Land Coalition (ILC LAC).

Sabemos que las recomendaciones que surgen desde Naciones Unidas (ONU) como resultado de la presentación de los informes sombra, son un gran instrumento para visibilizar demandas a los organismos del Estado e incidir en el cumplimiento efectivo de los derechos. Anteriormente, instalamos temáticas y problemática, los Comités de Naciones Unidas tomaron nuestras denuncias y realizaron preguntas concretas sobre estos temas a la delegación oficial del gobierno Argentino, incorporamos nuevas herramientas para ejercer presión frente al gobierno y actividades de incidencia, tomamos contacto con otras organizaciones de Argentina para difundir la problemática y unir esfuerzos a la hora de denunciarlas.

Desde Fundación Plurales recomendamos que sea siempre participativo del grupo o sector sobre el cual el Informe versará. Esto incluye formación y capacitación de representantes del grupo en cuestión, realización de talleres locales o con subgrupos, sistematización de los trabajos realizados localmente, elaboración del informe, consulta al grupo involucrado para comentarios o cambios, edición de Informe final y difusión para su aprobación. También recomendamos tener especial preocupación por la cantidad y calidad de participación de mujeres y jóvenes.

Esta vez, recorrimos 44.144 kilómetros en total, más de una vuelta al mundo, para reunirnos y debatir sobre lo que está pasando en los territorios y visibilizarlo en nuestro informe. Si bien esta forma participativa de construcción requiere de más tiempo y fondos, los resultados serán mucho más ricos en comparación a los informes que se construyen de manera tradicional. Siguiendo esta metodología, se corre el riesgo de elaborar informes muy tecnicistas, que no reflejen realmente las percepciones y vivencias sobre las distintas problemáticas que poseen las personas en los territorios.

Tres días de mucho trabajo

La primera jornada, la actividad principal fue trabajar en grupos por tema: Bienes naturales (Art.1, 2 y 11), Trabajo y seguridad social (Art. 6,7 y 9), Cuidados y Salud (Art.10 y 12) y Educación y Cultura (Art.13,14 y 15). Cada grupo hizo una lectura de los artículos y las recomendaciones, para trabajar los problemas, propuestas y recomendaciones.

El segundo día, también nos dividimos en grupos para definir evidencias y preguntas al Estado (usando la herramienta Landex). Luego, se realizó una plenaria por grupos y la presentación del borrador / bosquejo del informe y socialización de lo trabajado para corroborar que esté reflejado lo trabajado.

En la última jornada, Daniela Atea y Tania Cucui, del equipo consultor de SALT, presentaron herramientas para incidir en temas de justicia ambiental y género y el sistema de alerta legislativa temprana. ¿Dónde queremos incidir y cómo lograr efectivamente la incidencia? Realizamos un taller de aplicación del Sistema de Alerta Legislativo Temprano (SALT), que sirve para poder revisar proyectos legislativos que sean pertinentes a los comités y que sume a nuestro informe.

Ahora, el informe se seguirá trabajando y ampliando por medio de consultas virtuales. Una vez redactado será enviado.

En 2020, en el marco de las líneas de acción de la ENI Argentina (Estrategia Nacional de Involucramiento Argentina), desde Fundación Plurales propusimos y llevamos adelante un comité de seguimiento de las recomendaciones de CEDAW (Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer) en 2016 y DESC (Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) en 2018 al Estado argentino. Ese comité se constituyó con mujeres representantes de las organizaciones indígenas y campesinas de todos los sectores de las provincias que forman parte de la ENI.

Durante ese primer año se realizó un informe que, en diciembre del 2020, se presentó en la asamblea de la ENI, donde se invitó a representantes de Naciones Unidas. En ese reporte se trabajaron todas las recomendaciones que la ONU le hizo a nuestro país, priorizando las más urgentes y desactualizadas en función del contexto de pandemia. Paralelamente, el comité realizó diagnósticos en las comunidades acerca de cómo estaba esa situación, por ejemplo, con el tema del agua, violencia, la tenencia de la tierra de las mujeres; y, por otro lado, solicitaron información a los organismos que estaban a cargo de las acciones que cubrirían el desarrollo de las recomendaciones. Luego de esa tarea, evaluaron que era importante dejar vigente ese espacio y se incorporaron más mujeres, sobre todo indígenas.

Seguimos afirmando que este tipo de procesos realizados durante el Encuentro, tiene principalmente una fortaleza que le otorga más incidencia: un trabajo colectivo constituye un análisis más completo y argumentando.