Las resistencias no saben de cuarentena: CONTIOCAP

Mientras todes miramos las cifras de muertes y contagiades, atentes a cuáles van a ser las próximas medidas de los gobiernos, los conflictos socioambientales siguen y en muchos casos, se profundizan.

El abandono estatal y la falta de acceso a lo básico no es novedad y en estos contextos queda en evidencia más que nunca; la contaminación y la destrucción de nuestros bienes naturales no se detiene.

En esta ocasión, dialogamos con la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (CONTIOCAP).

Para que la pandemia no nos tape el bosque, dialogamos con Ruth Alipaz Cuqui, originaria del Pueblo Indígena San José de Uchupiamonas de la Amazonia Boliviana, miembro de la Mancomunidad de Comunidades Indígenas de los Ríos Beni, Tuichi y Quiquibey y coordinadora general de CONTIOCAP, que desde hace años vienen resistiendo y cuidando la vida en Bolivia.

― ¿Cuándo y cómo nació CONTIOCAP?

La CONTIOCAP nació el 2 de diciembre de 2018, en un primer congreso de las distintas resistencias contra la destrucción de nuestros territorios que existían a nivel nacional en Bolivia, que fue convocado por los defensores y defensoras de la Reserva de Flora y Fauna Tariquia.

La convocatoria fue para las resistencias, quienes ante la destrucción y cooptación de las organizaciones tradicionales de representación de nuestros pueblos, luchábamos desde las bases en nuestros respectivos territorios indígenas y/o áreas protegidas, defendiéndonos de los planes del gobierno de imponer el extractivismo: como las exploraciones petroleras, minería a cielo abierto en tierras altas y bajas, construcción de mega hidroeléctricas en las principales cuencas de Bolivia, ampliación de la deforestación para el agronegocio y agrocombustibles, mercantilización de nuestros territorios y áreas protegidas por intereses políticos, etc.

En este primer congreso determinamos como pueblos indígenas, originarios campesinos, algunas con organizaciones orgánicas y otras de base, defensores/as indígenas independientes, etc, crear la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas en Bolivia, para que en unidad nos defendamos de todo tipo de atropellos sistemáticos desde el gobierno central, de empresas transnacionales y nacionales, de organizaciones y grupos afines al gobierno, etc. Los fundadores fuimos 12 resistencias, y durante el segundo Congreso en 2019 se han sumado más, en 2020 también se fueron sumando, siendo a la fecha 35 resistencias a nivel nacional.

Antes de la creación de la CONTIOCAP, cada resistencia se defendía sola y como podía en su territorio. El nacimiento de esta Coordinadora fue para apoyarnos mutuamente entre resistencias, sea con presencia en momentos de los ataques a nuestros territorios, o, aunque dándonos apoyo moral; denunciar públicamente ante la población civil boliviana, y nivel internacional, ante organismos de Derechos Humanos nacionales e internacionales, regionales y universales sobre las violaciones a los derechos indígenas, derechos de la naturaleza y derechos humanos, con el fin de generar debate sobre la política económica basado en el extractivismo; promover la formación para nuestras defensoras y defensores, y para nuestras comunidades, en temas geopolíticos para entender la procedencia de las violaciones de nuestros derechos como pueblos y naciones indígenas, las violaciones a los derechos humanos, y la destrucción del medio ambiente, así fortalecer a las defensoras y defensores par las luchas con conocimiento; y de ser posible, proponer alternativas o cambios de actitud de la forma de economía basado en el extractivismo, que no puede llamarse desarrollo a algo que mata, como primer paso para reducir la destrucción de nuestras fuentes de agua, de los bosques.

― ¿Qué tareas realizan?

La CONTIOCAP en su mayoría está liderada por mujeres, incluso desde las resistencias mismas, y está organizada en coordinaciones regionales: Chaco, Amazonía, Valles y Altiplano, y una coordinación general. Realizan tareas como:

  • Visitar las comunidades que están siendo atropelladas, avasalladas, o violentadas por agentes del gobierno, fuerzas públicas, empresas transnacionales, y poderes económicos nacionales, para apoyar, recoger información, u organizar visitas de intercambio de experiencias.
  • Trasladarse a sitios donde ocurren los siniestros como incendios forestales provocados por grupos afines privilegiados con dotación de tierras y protegidos por el gobierno, para recoger evidencia de la situación, documentarlas y a veces denunciarlas desde el sitio mismo si hay posibilidad de acceso a comunicación.
  • Enviar información sobre las violaciones de derechos en los territorios y áreas protegidas, para realizar denuncias a nivel nacional ante los medios de comunicación y ante la opinión pública, o ante organismos internacionales regionales y universales.
  • Organizar o realizar talleres de formación para las comunidades locales, defensores y defensoras en temas de derechos indígenas, derechos humanos, medioambientales, planes geopolíticos, políticas económicas basadas en el extractivismo, que dan origen o están estrechamente vinculados a la violación de derechos humanos, derechos indígenas y de la Madre Tierra.
  • Gestionar apoyos para pequeños proyectos productivos o de fortalecimiento, o de apoyo a las acciones de defensa en las comunidades.
  • Apoyar a las comunidades con promoción de sus artesanías o productos para la venta en centros urbanos, o colaborar con el envío de estos productos pedidos desde las ciudades.

Sin algunas de las tareas diarias, pero hay mucho más en el día a día.

― ¿Cómo ha sido este tiempo en pandemia en relación a la lucha que llevan adelante?

En primera instancia nos hemos aislado en nuestros territorios, muchas veces sin acceso a comunicación por falta de infraestructura de internet en nuestras comunidades. Luego fuimos observando cómo las actividades extractivas se iban intensificando en nuestros territorios aprovechando la pandemia, y en nuestras comunidades se profundizaban las necesidades básicas de productos de primera necesidad, o cuando el gobierno determinó ayudas sociales nuestros pueblos quedaron excluidos por diferentes razones: no había transporte desde nuestras comunidades y los privados cobraban precios altos, y para nuestras comunidades alejadas era difícil llegar a los centros donde habían bancos para cobrar las ayudas del gobierno, los tiempos de salida y retorno en los puestos de controles que se habían multiplicado en las carreteras o ríos, no entendían que el tiempo no era suficiente para hacer extensas filas en los bancos o tiendas de aprovisionamiento para volver hasta el mediodía. Hubo mucha discriminación y mal trato en los controles con autoridades locales, militares y policías que te controlaban y te trataban como si estuvieras ingresando a otro país, o como si fueras un delincuente (la gente perdió toda humanidad y respeto hacia los civiles y entre civiles). Vimos que no había atención o provisión de insumos de bioseguridad ni medicamentos desde el gobierno central, departamental o municipal, nuestras familias empezaron a entrar en crisis por no poder generar recursos económicos, las defensoras que ya tenemos economías precarias (porque defender derechos no te da de comer), y en muchos casos dependemos de la ayuda de nuestras familias que nos sostienen, la pasamos muy mal.

Toda esta situación nos obligó a salir de nuestros territorios para denunciar lo que pasaba en nuestros territorios con la incursión de empresas petroleras, mineras, cazadores, taladores ilegales de árboles, que llevaban gente foránea a nuestras comunidades sin tomar ninguna medida de prevención. Denunciar falta de atención y hasta discriminación por parte de todos los niveles de gobierno en ayudas sociales, la falta de atención médica, exigíamos se hagan brigadas móviles para que lleguen 2 personas autorizadas a nuestras comunidades para evitar salir en masa a centros urbanos donde podíamos contagiarnos, la comunicación se encareció porque todo era por zoom, y para comprar megas no teníamos recursos.

El gobierno transitorio aprovechó para sacar nuevos decretos, como la abreviación de la autorización de uso de transgénicos. Ministros que aprovecharon para repartirse grandes extensiones de tierras en nuestros territorios, incendiaron el bosque del Chaco. Todo esto lo denunciamos saliendo de nuestros territorios. Además de gestionar algunos apoyos para las defensoras para que se puedan movilizar en sus territorios o a centros urbanos como fue el apoyo logrado de Fundación Plurales.

Nos ha limitado bastante la movilización para cumplir con nuestra labor y objetivos de apoyo, o dar formación, o llegar a los sitios para recoger información, etc. Pero nos hemos dado modos a través de la tecnología para denunciar con nuestros pronunciamientos, o participar en webinars.

― ¿Qué formas se han dado para seguir visibilizando la resistencia ahora que la calle no es una posibilidad o es mucho más complejo ocuparla?

La tecnología sin duda ha sido la mejor aliada, los webinars, los medios de comunicación especializados, o periodistas independientes que nos daban cobertura para denunciar estas situaciones como Mongabay, SERVINDI, ANF que amplificaban nuestros pronunciamientos, nuestras redes sociales, los paneles virtuales, talleres virtuales. Sin duda esto ha supuesto depender de estar siempre conectado a buen internet, lo que implicaba viajar a centros donde hay porque en nuestras comunidades este servicio es inexistente, lo cual tiene un costo, así como comprar el internet en sí.

La movilización en redes activando las alianzas o redes de defensa que tenemos es clave, así mismo ir mejorando nuestra forma de comunicación con conocimiento. Es decir, la pandemia también ha servido para prepararnos mejor con conocimiento, porque en esta lucha el conocimiento es clave para romper ciertos paradigmas de lucha también y adaptarnos a lo que requiere la situación y los tiempos.

― ¿El contexto de pandemia, aprovechando que todos miran para otro lado, posibilitó que los empresarios o gobiernos avanzaran contra ustedes?

Esto lo describí en una pregunta anterior, pero puedo enfatizar que el gobierno y empresas han arremetido con mayor brutalidad e impunidad, incluso procesando judicialmente a defensoras de las comunidades, y ocasionando muertes de defensoras o familiares de defensoras que es imposible de probar que están vinculadas a estas empresas por las acciones de defensa que asumimos.

Por otro lado, hemos anticipado y advertido insistentemente a la población, ante la opinión pública, y ante organismos regionales de Derechos Humanos como la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), sobre el hecho de que la pandemia se convertía en la excusa perfecta para justificar mayores amenazas a nuestros territorios indígenas y áreas protegidas, como justificativo para la reactivación económica. Esto está ocurriendo ahora, agudizado por el retorno del gobierno del MAS, que ha comprometido tierras a sus grupos afines transando votos para las elecciones 2020. Y hoy vemos día a día los avasallamientos en nuestros territorios, la desinstitucionalización de la institución que protege las Áreas Protegidas, el SERNANP (Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado), para quitarles en última instancia la categoría de protegidas, para entregarlas como tierras a sus grupos afines que tiene como propósito geopolítico electoral, y hacer desaparecer a los pueblos indígenas que ancestralmente hemos existido y por eso resistimos a sus políticas.

Tejiendo redes: Both ENDS

En contexto de pandemia y aislamiento social, las redes de trabajo se fortalecen. En medio de la incertidumbre y el desconcierto social, renovamos la apuesta al trabajo en equipo, a construir con otres. Así, decidimos realizar una serie de entrevistas para que puedan conocer los espacios con los que a diario realizamos nuestra labor, sin los cuales todo esto no sería posible.

En este caso, hablamos con Tamara Mohr, quien forma parte de Both ENDS desde 1991, institución con base en Ámsterdam, capital de Países Bajos, que trabaja con grupos de defensores ambientales y derechos humanos de países empobrecidos o en desarrollo, fortaleciendo a la sociedad civil global para ganar una influencia decisiva en el uso de la naturaleza y el medio ambiente, contribuyendo así a un mundo sostenible, justo e inclusivo.

El área de especialización de Tamara el de los Derechos de la mujer y la justicia ambiental en América Latina. Actualmente, coordina el programa GAGGA (Alianza Global para la Acción Verde y de Género – GAGGA por sus siglas en inglés).

“Both ENDS nació hace más de 30 años y al inicio fue para juntar el movimiento de desarrollo y el movimiento ambiental. Hay muchas organizaciones que trabajan en desarrollo sostenible y fue muy difícil para ellas encontrar financiamiento, contacto, información, apoyo, porque no están al lado de las organizaciones de desarrollo”, cuenta.

Tamara explica que en el inicio no tenían dinero para trabajar y desarrollar agendas en común, entonces “llamábamos a ambos lados para establecer una relación. Nunca teníamos financiamiento, apoyábamos a las organizaciones que lo buscaban pero como cada vez fue más difícil encontrarlo, empezamos a escribir programas que incluían financiamiento para los socios con los que estábamos trabajando”. Además, aclara que “ahora figura que somos donantes, pero nunca queremos identificarnos como donantes, porque tenemos una agenda común”.

En relación a las tareas de Boths ENDS, “estamos ocupados en muchos temas, agua, flujo de capital, tierra, derecho a las mujeres. Pero lo que principalmente hacemos es fortalecer y trabajar junto a los socios que abarcan temas similares en todo el mundo, y nuestro papel es monitorear e influir a los inversores, los flujos de capital, el gobierno holandés”.

Aclara que “somos una organización que no tenemos un tema específico para trabajar, es más como justicia ambiental, justicia social, que puede incluir muchos temas, entonces depende un poco de qué es importante para nuestras contrapartes también. Yo principalmente estoy trabajando en el programa GAGGA que se enfoca en fortalecer las voces, las mujeres, procesos e incidencia”.

Nuestro tejido

“Para nosotros siempre es un proceso más o menos natural, de identificar contrapartes con las que trabajar. No actuamos como donantes que abren convocatorias para que puedan inscribirse y decir, bueno tenemos un proyecto que entra en todos los criterios que ustedes definieron y nosotros seleccionamos qué apoyar o no”, detalla Tamara.

En ese contexto, recuerda que “me encontré con Plurales en una reunión de EFLAC [14º Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe] en Uruguay y empezamos a hablar. Lo que estaban haciendo es muy similar a lo que tratamos de hacer en GAGGA, entonces así se estableció un contacto. Juntos desarrollamos una agenda en la que ambos tienen su papel”.

Tamara explica que en todos los casos, como con Fundación Plurales, no son socios porque hay financiamiento, “hay socios porque tenemos una agenda compartida y a veces está acompañado con fondos, y a veces no hay, pero eso no quiere decir que la relación con los socios con los que trabajamos se termina”. Ella destaca que lo fundamental en este vínculo es una agenda y una misión compartida.

Finalmente conversamos sobre la actualidad. “Creo que la pandemia muestra todas las limitaciones del mundo, en todos los niveles. Muestra la dependencia de los grupos locales, para todo, y que todo el apoyo de los gobiernos va a la gente más privilegiada. Entonces se muestra muy claramente que la gente más vulnerable va a ser más vulnerable aún, en una situación de crisis”.

Tamara destaca dos cosas que se evidencian en este contexto y que hablan de las diferencias que se profundizan. Primero, “para nosotros, quizás en nuestro mundo ordenado [países del primer mundo], es todo un desastre que no conocemos pero yo escucho a otras organizaciones y grupos que dicen que es una cosa más que podemos añadir a todo lo que está pasando en nuestras comunidades”. Lo otro, es que “todo facilita la minería, la construcción, la producción para el agronegocio, todo puede seguir, a pesar de las limitaciones. Entonces, las restricciones son para la gente más vulnerable, y significa que no pueda sobrevivir, y para otros pueden seguir viviendo, tienen muchas más posibilidades de sobrevivir”.

De aquí en más en algunas partes del mundo, estarán “felices y pensamos que puede seguir la vida como antes”, y en gran parte del mundo no será así por mucho tiempo. “No podemos pensar que podemos volver a lo normal, porque tenemos que aprender algo de las causas de la pandemia. Y creo que eso no pasa, la gente está feliz porque puede seguir viviendo como antes, sin tener en cuenta las causas».

En el cierre, la mirada es esperanzadora: “Estoy notando que también surgen cosas muy buenas, se ve la resiliencia de muchas mujeres locales que tenemos que seguir fortaleciendo después de la pandemia”. El desafío está en no seguir como si nada y esperar hasta la próxima crisis, sino fortalecer las herramientas que aprendimos y construimos en este tiempo.

Tejiendo redes: Semiáridos

En contexto de pandemia y aislamiento social, las redes de trabajo se fortalecen. Transitando la segunda ola y en medio de la incertidumbre y el desconcierto social, renovamos la apuesta al trabajo en equipo, a construir con otres. Así, decidimos realizar una serie de entrevistas para que puedan conocer los espacios con los que a diario realizamos nuestra labor, sin los cuales todo esto no sería posible.

En esta ocasión, hablamos con el ingeniero agrónomo y apicultor Gabriel Seghezzo, que como integrante de Fundapaz es punto focal en la Plataforma Semiáridos (PSA), una iniciativa conformada por 13 instituciones representativas de 8 países de América Latina, que tiene como fin relevar y sistematizar las experiencias vinculadas a la utilización y al manejo de los territorios en dichas regiones para fortalecer la sociedad civil, generar propuestas e incidir en políticas públicas.

Gabriel nos cuenta que Semiáridos nació formalmente en el 2013, como producto de nuestra participación en la International Land Coalition (ILC). Fundapaz se incorporó a la ILC en 2009, y en 2010 realizó una ruta de aprendizaje centroamericana, un proceso de mapeo participativo. “En esa gira éramos 18 personas visitando sobre todo Honduras y Nicaragua, y ese viaje me cambió mucho la perspectiva de lo que era el Chaco. Porque uno está acostumbrado al Chaco argentino, al chaco trinacional, de grandes extensiones de tierra, y por Centroamérica encontré que la gente tenía media hectárea, 200 mil metros cuadrados. Tome dos dimensiones de nuestro trabajo, primero las enormes superficies de tierra que existen, en Argentina al menos, y la falta de creatividad de algunas soluciones”.

Detalla que “veía hondureños, guatemaltecos que obviamente con otro clima, pero con 2 mil metros cuadrados, un lote de 50 x 40, tenía que vivir y producir”. Ahí cambió la perspectiva de cómo tenía que encarar los trabajos. “Yo cuento siempre que me marcó mucho una charla en ese viaje. Siempre te quedas hablando hasta las 2 o 3 de la mañana con alguno, y un hondureño me dijo: ‘Lo que pasa es que si Brasil y Argentina se juntaran más, nosotros podríamos ir juntos con ustedes y haríamos otra cosa en América Latina’. Y a mí me golpeó mucho eso, porque evidentemente ellos nos ponían en un lugar que no cumplíamos, que era de cierto liderazgo regional”.

Cuando Gabriel volvió, lo primero que empezó a pensar era cómo hacer para acercarse más a Brasil. Hasta ese momento solo había escuchado, la gente le decía, que el nordeste brasileño era parecido al Chaco y que existía una organización que había resuelto el tema del agua. En ese momento, la Agencia Internacional HEIFER, que financiaba proyectos de Argentina y Brasil, decidió irse de ambos países, entonces él les hizo un último pedido, “déjenos conocer el nordeste brasilero, hagamos un encuentro”. HEIFER aceptó y se sumó la ILC, que en ese momento no tenía ningún miembro brasilero. Así sucedió un intercambio, primero fueron a Brasil y estuvieron una semana, después vinieron brasileños a recorrer el Chaco.

“El nordeste brasilero fue una experiencia muy shockeante”, cuenta. Primero, porque tiene exactamente la misma dimensión que el chaco trinacional, pero 20 veces más población. Además, por el programa de acceso al agua, “tienen 1 millón de cisternas, ves una cisterna de agua al lado de la otra”. Así, con todo esto “planteamos la creación de una plataforma dentro de la ILC, que básicamente empiece articular el Chaco con el Brasil Semiárido”. Rápidamente se sumó Bolivia y Paraguay; unos años después, el corredor seco centroamericano y un miembro de Venezuela y en 2020, una organización de Ecuador.

En relación al trabajo que realizan, el ingeniero agrónomo cuenta que Semiáridos “es una plataforma de gestión del conocimiento regional, que tiene como principio básico la incidencia política en espacios nacionales, donde actúan sus miembros; al mismo tiempo regional, como plataforma en conjunto y a nivel global con la ILC”. Trata de promover articulaciones institucionales entre las regiones semiáridas para que logren identificar diagnósticos y soluciones comunes, que puedan tener prácticas, a nivel regional, y un impacto a mayor escala desde lo territorial hacia lo global.

“Lo que buscamos es hablar de una solución de agua para toda la región, millones de obras, y esto tiene que ver con acciones en ámbitos nacionales y regionales. Semiáridos está muy centrada en lo que los propios miembros hacen pero generando un plus, mayor nivel de articulación nacional y regional, que las instituciones no tienen”.

En resumidas cuentas, la Plataforma Semiáridos reconoce e intenta revitalizar conocimientos, prácticas e intercambios de las organizaciones y que eso se vaya transformando en políticas públicas. Capitalizando eso, buscan relaciones regionales e internacionales, como con el MERCOSUR o el FIDA.

De esta Plataforma se desprende DAKI, un programa de gestión del conocimiento en América Latina, con varias líneas de cooperación. Es producto de 6 años de trabajo junto al FIDA (Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola). “FIDA en Brasil tenía el Programa Semear que hacía sistematizaciones, intercambios, rutas de aprendizajes, y era un poco lo que nosotros queríamos hacer. Entonces empezamos a negociar con ellos”. Les llevó 4 años pero finalmente fue consolidándose, “hicimos acuerdos concretos, convenios, todo un programa que se llama ‘Intercambio de saberes por América Latina’, que trabaja en juventud y agroecología.

Los desafíos en pandemia

En relación al contexto actual, Gabriel afirma que “como a todo el mundo, a mí la pandemia me tiene re contra re podrido en el uso abusivo de la justificación de cualquier cosa por la pandemia. Nosotros desde el principio, nos propusimos que la pandemia sea como una adversidad nueva dentro de las eternas adversidades que tenemos, y trabajar a pesar de la pandemia”.

Aclara que “siempre hemos respetado protocolos y nos parece que así debe ser. No lo estoy planteando desde ese punto de vista, sino en el sentido de cómo la pandemia nos permitió o nos obligó, a rediseñar estrategias y tecnologías de trabajos para superar ese escollo, así como tenés la falta de agua, la pobreza, ahora tenemos la pandemia”.

Las resistencias no saben de cuarentena: Comité de Desarrollo Campesino

Mientras todes miramos las cifras de muertes y contagiades, atentes a cuáles van a ser las próximas medidas de los gobiernos, los conflictos socioambientales siguen y en muchos casos, se profundizan. El abandono estatal y la falta de acceso a lo básico no es novedad y en estos contextos queda en evidencia más que nunca; la contaminación y la destrucción de nuestros bienes naturales no se detiene.

En esta ocasión, dialogamos con el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) de Guatemala. A finales de julio y comienzo de agosto, en varios departamentos del país, sus dirigentes vienen convocando a otros sectores de la sociedad a sumarse a jornadas de movilizaciones y bloqueos como parte del llamado Paro Plurinacional iniciado el 29 de julio, para exigir la renuncia del presidente Alejandro Giammattei. Además, piden la renuncia de la Fiscal General Consuelo Porras, a quien culpan por apañar la impunidad y la corrupción por sus últimas decisiones para desmembrar la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Explican que luego irán por una Asamblea Constituyente popular que redacte una nueva Constitución.

Para que la pandemia no nos tape el bosque, dialogamos con Leiria Vay, integrante del pueblo maya, defensora de derechos humanos y de la madre tierra que forma parte de la dirección política del movimiento CODECA que desde hace años vienen resistiendo y cuidando la vida en Guatemala.

― ¿Cuándo y cómo nació CODECA?

En 1992 fue fundada por compañeros y compañeras indígenas y campesinas analfabetas que luchaban y soñaban con derechos a la tierra y laborales, fue así cómo inició esta lucha. Pero en el transcurso de los años ha ido creciendo, actualmente tiene presencia en todo el país, se ha posicionado como la fuerza organizativa más grande a nivel nacional.

En el año 2012, que se hizo una evaluación de los avances y desafíos del movimiento, se llegó a la conclusión de que en la actualidad tenemos que luchar por construir cambios estructurales para el buen vivir de los pueblos desde los territorios. Para ello se tiene como pilares fundamentales, por un lado, la defensa de los derechos de la madre tierra, es decir defender a la madre tierra como sujeta de derecho y también posicionar a las personas y a los sectores que históricamente hemos sido excluidos, como sujetos y sujetas de derechos. En esta lógica, ahora quiénes son parte de CODECA ya no son sólo indígenas y campesinos sino también, se han articulado otros actores y sectores con los que compartimos estos sueños de cambios estructurales y por lo mismo, está en discusión asamblearia el cómo autodefinirnos. En lo que últimamente se ha ido avanzando, es que es un movimiento plurinacional, porque está constituido por todos los pueblos que habitamos Guatemala y en esa lógica, vamos a seguir luchando por la búsqueda del buen vivir de los pueblos.

― ¿Qué tareas realizan?

Las tareas que realizamos son varias, la principal lucha es la construcción del buen vivir desde los pueblos y los territorios. En esa lógica, seguimos luchando por un lado, por la constituyente, para generar cambios estructurales en todo el país; por otro lado, la lucha ya no solo por el derecho a la tierra, sino por defender a la madre tierra como sujeta de derechos, la defensa de los derechos humanos, del territorio, de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Las luchas de las mujeres, por la defensa del ambiente, del agua, que son luchas muy fuertes, la misma lucha no solo por los derechos a la tierra, sino también por el acceso de la tierra hacia las familias campesinas. Entonces, hacemos de manera permanente organización, formación política, movilización, comunicación, articulación desde los pueblos y territorios, y también, construcción del poder popular desde los pueblos.

― ¿Cómo ha sido este tiempo en pandemia en relación a la lucha que llevan adelante?

En Guatemala la pandemia ha sido utilizada por los sectores de poder, para reprimir más a los pueblos, saquear más al país. Con el argumento de la pandemia, implementaron diferentes medidas de restricción, sobre todo para los pueblos y los sectores empobrecidos, sin embargo, las transnacionales, las grandes empresas no pararon ni un solo día sus actividades. Eso demuestra la desigualdad que existe. Lamentablemente desde el gobierno central, como decía, utilizaron la pandemia para seguir saqueando, robando, para hacer más préstamos a nombre del pueblo, la Nación se endeudó más con el argumento de ayudar a las familias más empobrecidas, pero esa ayuda nunca ha llegado hacia las comunidades, solo fue para robar estos recursos. Desde el gobierno central se implementaron diferentes medidas restrictivas que son estados de sitio, estados de calamidades, estado de emergencia, todas estas limitaron todo tipo de organización, es decir, reuniones, movilizaciones, suspendieron el transporte público. Eso hizo que los movimientos nos quedáramos desmovilizados.

Sin embargo, se han buscado otras formas de seguir luchando. La corrupción, todo el saqueo, cada vez más se ha agudizado, la pobreza se ha agudizado más, desde el Estado no ha habido respuestas a las necesidades, ante la problemática, el sistema de salud colapsó, pero las violaciones a derechos humanos también se agudizaron más, sobretodo en las comunidades.

― ¿Qué formas se han dado para seguir visibilizando la resistencia ahora que la calle no es una posibilidad o es mucho más complejo ocuparla?

Con todas las medidas generadas por la pandemia, nos ha obligado a los movimientos sociales, principalmente a CODECA, a redefinir nuestras metodologías de trabajo. Es cierto que al principio, en el mes de marzo del año pasado cuando se establecieron las medias, por un tiempo nos quedamos paralizados, en primer lugar porque pensábamos que esto iba a pasar pronto, en segundo lugar, porque no sabíamos qué hacer. Estaban restringidas todas las reuniones, todas las movilizaciones, entonces nosotras también nos inmovilizamos en casa, que eso era la directriz o el mandato desde el gobierno. Pero después de un mes, que vimos que no mejoraba sino que se agudizaba toda la situación por un lado de saqueos, robos, corrupción, y por otro lado, el temas de las violaciones permanente a derechos, nos reunimos. Empezamos a utilizar la virtualidad como principal herramienta.

Entonces, hemos afianzado por un lado el uso de la virtualidad, aunque como movimiento social nos ha implicado también muchas limitaciones, porque la virtualidad se puede utilizar en los lugares más urbanos, en comunidades que están cerca al área urbana, pero lamentablemente en Guatemala hay muchas comunidades muy alejadas todavía que están fuera de toda conexión a Internet, también comunidades que no tienen dispositivos, entonces no ha sido posible contactar con todas, pero se ha ido avanzando. Se llamó primero a una reunión virtual a las dirigencias micro regionales, que fue bastante difícil contactar con todas, pero poco a poco se fue consolidando, se fue concretando y fuimos creando todas las redes desde las micro regiones. Se ha logrado ahora, hacer más efectiva esta metodología del uso de la virtualidad que las hemos usado en dos vías, por un lado, el hacer comunicación de las comunidades, desde los territorios, para visibilizar esas realidades, qué está pasando en las comunidades, en los territorios, dar a conocer las luchas, las apuestas y propuestas, y también toda la situación de vulneración y violación de derechos, que se están dando en las comunidades; y por otro lado, seguir la discusión mediante los conversatorios virtuales, porque también nos dimos cuenta después que la virtualidad nos da esta oportunidad, que podemos conocer, podemos interactuar con compañeros y compañeras, con hermanos y hermanas que están en otro territorios también, en otro países, y poder ir conociendo sus experiencias de luchas y resistencias. Es así como, sobre todo en el 2020, se inició toda esta experiencia de conversatorios virtuales de manera permanente, tanto a nivel local, comunitario y nacional, como a nivel Abya Yala, donde hemos estado discutiendo y reflexionando sobre diferentes temas. El tema de la tierra, del agua, las propuestas de cambios estructurales, las asambleas constituyentes y todos estos procesos de luchas y resistencias desde los territorios.

Podríamos decir que al principio la pandemia nos paralizó, porque no pudimos hacer nada, nos quedamos ahí quietos y quietas en casa, pero después utilizamos la virtualidad o las herramientas que tenemos, para seguir comunicándonos, coordinando, formándonos políticamente, intercambiando experiencias de luchas y resistencias desde lo comunitario, lo local a lo nacional y lo internacional.

― ¿El contexto de pandemia, aprovechando que todos miran para otro lado, posibilitó que los empresarios o gobiernos avanzaran contra ustedes?

En la época de pandemia, en las que no dijeron que nos quedáramos en casa, que se establecieron todas las medidas, también avanzó la represión, contra CODECA principalmente en Guatemala. Nosotros publicamos recientemente un documento que se llama “Represión en pandemia contra CODECA”, que demuestra que a pesar de ser un año bastante adverso en el que no nos han dejado movilizarnos, nos han limitado el derecho a la organización, también no solo se siguió dando el saqueo de las empresas, las empresas siguieron vulnerando derechos, sino que también siguieron reprimiendo.

El año pasado, en plena pandemia, asesinaron a tres dirigentes de CODECA, iniciaron procesos penales a varios compañeros. Hay más de 600 personas que resultaron de manera directa, víctimas de diferentes mecanismos de represión contra el movimiento, eso demuestra que la pandemia fue utilizada solo para afianzar este sistema neoliberal de saqueos, represión, sobreexplotación y de muerte para los pueblos.

Incidencia de las Mujeres Rurales: Informes Alternativos y organismos internacionales

Fundación Plurales realizó, para la Plataforma de Defensoras Ambientales, un informe sobre herramientas para identificar estrategias y espacios de incidencia tanto locales, nacionales como globales, para las organizaciones de mujeres rurales.

Esta publicación es parte de una serie de informes que elaboró Fundación Plurales con el apoyo de RITIMO (red de información y documentación para la solidaridad y el desarrollo sostenible de Francia), Unión Europea, Both Ends, IUCN-NL y la International Land Coalition. Están disponibles online en la web de RITIMO y en formato descargable para impresión en el sitio de la Plataforma de Defensoras Ambientales.

Las recomendaciones que surgen desde Naciones Unidas (ONU) como resultado de la presentación de los informes sombra, han probado ser un gran instrumento para visibilizar demandas a los organismos del Estado e incidir en el cumplimiento efectivo de los derechos; y fortalecer a las mujeres rurales en su percepción del apoyo y reconocimiento que el Sistema de Naciones Unidas le da a sus reclamos.

Oportunidades de incidencia de instancias internacionales

Los Estados Partes que conforman la Organización de Naciones Unidas han firmado y ratificado diferentes tratados internacionales y convenciones, asumiendo compromisos en la búsqueda por el respeto y defensa de los Derechos Humanos. Algunos de estos son el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; entre otros. Los llamados “Órganos de Tratados”, son comités de personas especialistas, independientes y de reconocida trayectoria en materia de Derechos Humanos, que tienen la función de vigilar el cumplimiento de los tratados mencionados anteriormente, actualmente, existen diez.

Todos los Estados partes tienen la obligación de presentar informes periódicos al Comité correspondiente de cada tratado, donde dan cuenta de los avances sobre cómo se están aplicando los derechos. Dependiendo qué Comité, los Estados presentan informes cada dos o cuatro años. Cada Comité lo examina y comunica al Estado sus preocupaciones y recomendaciones en forma de “observaciones finales”.

En este proceso, Naciones Unidas ofrece un sistema formal para que las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) puedan participar activamente a través de la creación de Informes Alternativos o “Sombra”.

¿Qué son los Informes Alternativos o Sombra?

Los Informes Alternativos son un documento creado por la sociedad civil con el fin de ser presentado a diferentes comités de Naciones Unidas para validar, cuestionar, contradecir o complementar la información oficial presentada por el gobierno, al mismo comité de expertos. De esta manera, cada organización redacta su informe, eligiendo su propia metodología y la envía al sistema de Naciones Unidas vía e-mail. El sistema de presentación de Informes es relativamente sencillo aunque se recomienda conocer una metodología de elaboración específica y procedimientos formales.

Desde Fundación Plurales, se recomienda que sea siempre participativa del grupo o sector sobre el cual el Informe versará. Esto incluye formación y capacitación de representantes del grupo en cuestión, realización de talleres locales o con subgrupos, sistematización de los trabajos realizados localmente, elaboración del informe, consulta al grupo involucrado para comentarios o cambios, edición de Informe final, difusión para su aprobación. También se recomienda tener especial preocupación por la cantidad y calidad de participación de mujeres y jóvenes.

Si bien esta forma participativa de construcción de los informes suele requerir de más tiempo y fondos, no hay dudas de que los resultados serán mucho más ricos en comparación a los informes que se construyen de manera tradicional. Siguiendo esta metodología, se corre el riesgo de elaborar informes muy tecnicistas, que no reflejen realmente las percepciones y vivencias sobre las distintas problemáticas que poseen las personas en los territorios.

¿Cómo funciona el proceso de presentación de informes?

Una vez redactado el Informe alternativo, debe ser enviado a un correo específico dentro del sistema de Naciones Unidas (el correo electrónico cambiará de acuerdo al comité al que se le esté presentando). Antes de empezar este proceso se recomienda tener claro las fechas límites.

Luego, existen dos caminos posibles: hacer seguimiento de la sesión en la web oficial de Naciones Unidas o participar de manera presencial en la sede de Naciones Unidas en Ginebra. En caso de poder participar de manera presencial, es importante comunicarse al mail oficial para informar quién participará y así poder recibir indicaciones. No hay dudas de que la participación presencial tiene mayor impacto en varios sentidos: encontrarse con otras organizaciones y conocer sobre los otros informes presentados en la misma sesión. Además, por lo general, les participantes pueden acceder a una capacitación y preparación de notas de “lobby” o cabildeo, tener contacto con algunas personas del comité de Naciones Unidas y acercarle más información, participar de una ronda de preguntas realizadas por los propios integrantes del comité con el objetivo de resolver inquietudes que tengan sobre la creación del informe y el contexto de la región.

Quizás, lo más significativo de participar de la Sesión formal, es la posibilidad de leer un discurso en vivo ante los integrantes del Comité y otros participantes de la Sesión (de no más de 5 minutos), que debe recoger los puntos más importantes del Informe (problemática, evidencia, propuestas, etc.). Luego de la lectura de los discursos, los miembros del Comité realizan preguntas específicas y aclaran dudas en relación a los puntos mencionados en sus Informes. Por lo general, esta Sesión se realiza un día antes de que el Estado haga su presentación de Informe oficial.

Luego de llevar a cabo la Sesión en Naciones Unidas, el Comité elabora una serie de recomendaciones dirigidas al Estado que presentó su informe oficial donde remarca cuestiones positivas y preocupaciones que tienen en relación a la información otorgada por el Estado y por los Informes alternativos que recibió desde la Sociedad Civil. En muchos casos, las recomendaciones y observaciones toman cuestiones que fueron presentadas en los Informes Alternativos y pide al Estado que tome acciones concretas en relación a eso.

En 2020, en el marco de las líneas de acción de la ENI Argentina (Estrategia Nacional de Involucramiento Argentina), desde Fundación Plurales propusimos y llevamos adelante un comité de seguimiento de las recomendaciones de CEDAW (Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer) en 2016 y DESC (Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) en 2018 al Estado argentino. Ese comité se constituyó con mujeres representantes de las organizaciones indígenas y campesinas de todos los sectores de las provincias que forman parte de la ENI.

Durante ese primer año se realizó un informe que, en diciembre del 2020, se presentó en la asamblea de la ENI, donde se invitó a representantes de Naciones Unidas. En ese reporte se trabajaron todas las recomendaciones que la ONU le hizo a nuestro país, priorizando las más urgentes, las más desactualizadas en función del contexto de pandemia. Paralelamente, el comité realizó diagnósticos en las comunidades acerca de cómo estaba esa situación, por ejemplo con el tema del agua, violencia, la tenencia de la tierra de las mujeres; y por otro lado, solicitaron información a los organismos que estaban a cargo de las acciones que cubrirían el desarrollo de las recomendaciones.

Luego de esa tarea, evaluaron que era importante dejar vigente ese espacio y actualmente se incorporaron más mujeres, sobre todo indígenas. Entonces, este año están trabajando la Ley de Agricultura Familiar, la política de créditos del RENAF (Registro Nacional de Organizaciones de la Agricultura Familiar) y la Ley de Alimentos Agroecológicos, principalmente la perspectiva de género en estas políticas.

Lilian Gregorio, integrante del área de Género y Territorios de Conocimiento de Fundación Plurales, explica que “lo tomamos como un espacio de análisis, revisión y diagnóstico, también porque vemos qué está pasando en las comunidades. Con la línea de crédito del RENAF, vimos cuáles eran los requisitos, por qué no llegaba a las comunidades, cuáles eran las comunidades que tenían gente que podía cumplir con eso. En paralelo, se van haciendo envíos de notas a organismos del Estado para pedir información o con recomendaciones sobre políticas publicas y acciones del gobierno en los temas que fueron observados en las recomendaciones.

Cuando le consultamos por lo que ella cree que les aporta y suma este proceso, afirma: “Lo que dicen las mujeres y hace significativo este proceso, es que como este es un espacio de análisis, nos permite por sobre todas las cosas, darle más visibilidad a cuestiones que nos afectan y que vamos analizando juntas. De esta manera constituimos el espacio en un Observatorio de políticas publicas que permite analizar desde una perspectiva feminista y rural. También es un espacio donde elaboramos propuesta, recomendaciones y demandas que vamos expresando a nivel publico».

Para concluir, Lilian distingue dos fortalezas en este tipo de procesos, que le permiten tener más incidencia: un trabajo colectivo que a su vez, constituye un análisis más completo, más argumentando. “Generalmente fundamentamos, buscamos antecedentes y es un esfuerzo colectivo. Realmente creo que lo que aporta es la producción de una información más pertinente a la hora de poder hacer incidencia o demandas puntuales por programas o leyes o cualquier instrumento de política pública que está relacionado al tema de género y campesinado indígena, todos temas transversales a la ENI”.

Siete Planes locales de Acción Climática para la gobernanza ambiental del Gran Chaco Americano

A través del proyecto Acción Climática Participativa (ACP), más de 800 familias rurales en Argentina se benefician con nuevas capacidades y espacios de debate que permiten avanzar en la ejecución de planes de acción climática.

En el Gran Chaco Americano, región compartida por Argentina, Paraguay, Bolivia y Brasil, se ubica el segundo bosque más grande de América Latina, que es escenario del mayor proceso de deforestación y cambio del uso del suelo de la última década. Como consecuencia de la desaparición del bosque y la producción agropecuaria extensiva, las comunidades campesinas e indígenas ven afectado su acceso a los bienes naturales – tierra y agua – y a su capacidad de mejorar su calidad de vida y producción.

Frente a los desafíos de la región de Gran Chaco, desde junio del 2019, el proyecto «Acción Climática Participativa: integrando los retos del cambio climático en el Gran Chaco Americano» (ACP), que se ejecuta en Argentina y Paraguay, contribuye a la gobernanza ambiental con énfasis en el apoyo a los gobiernos locales y las comunidades del bosque chaqueño – campesinas e indígenas – consideradas como principales defensores ambientales del territorio.

En Argentina, el proyecto se desarrolla en 7 localidades de 4 provincias diferentes: Las Breñas (Chaco), Villa Tulumba (Córdoba), Patquia y Olta (La Rioja), El Mojón, Villa Matoque y San José del Boquerón (Santiago del Estero). Cada una de ellas tiene diferentes características poblacionales, políticas y normativas relacionadas al uso del suelo, la gestión del agua y del bosque; y varían en la disponibilidad de recursos y capacidades técnicas. Sin embargo, todas comparten la necesidad de contar con una planificación estratégica frente a los problemas generados por los eventos climáticos, como las sequías e inundaciones, y por el cambio en el uso del suelo que modificó las posibilidades de producción de las comunidades rurales.

Las voces de los territorios rurales

Para contribuir con las comunidades, en diciembre 2020 y marzo de 2021, se lanzaron, en las localidades mencionadas, siete Planes Locales de Acción Climática. Estos documentos son los primeros que cumplen desde su proceso de elaboración, con las normativas y políticas nacionales e internacionales. Pero fundamentalmente, visibilizan las necesidades y las propuestas generadas desde las voces de los territorios rurales.

Las comunidades campesinas e indígenas tienen múltiples necesidades, entre ellas, acceso al agua para consumo y producción, preservación del bosque nativo, apoyo a la producción agroecológica y de alimentos resilientes al clima, acceso a internet y comunicaciones, mejoramiento habitacional y regularización de sus tierras, entre otros temas fundamentales para el desarrollo local. Por ello, los Planes Locales de Acción Climática recogen esas necesidades y presentan estrategias concretas con nuevas opciones productivas e innovaciones para contribuir a resolver los problemas locales.

Cada Plan Local de Acción Climática presentó tres etapas. En la primera se generó un Análisis de Vulnerabilidad Socioambiental de las localidades; en la segunda, se realizaron los Inventarios de Gases de Efecto Invernadero; y en la última etapa, se definió la planificación para la resolución de los problemas socioambientales identificados. Esta última busca generar una perspectiva hacia el año 2030.

Mesas locales de acción climática para una gobernanza ambiental participativa

“Queremos promover una construcción efectiva y dinámica en un proceso de planificación que permita a las localidades responder a las sequías y las inundaciones, la deforestación y la subsecuente extensión de la frontera agropecuaria”, detalla Paula Juárez, coordinadora en Argentina del proyecto ACP, integrante de Fundación Plurales.

Una verdadera gobernanza ambiental participativa del territorio chaqueño requiere explorar y recorrer nuevos caminos, aprender, ajustar y redoblar las acciones. Por ello, los Planes Locales de Acción Climática se desarrollaron de manera conjunta entre distintos representantes y actores, representantes de los gobiernos municipales y organizaciones de base y campesinas de cada una de las 7 localidades, y se construyeron a través de las Mesas Locales de Acción Climática, un nuevo instrumento específico generado desde el proyecto ACP para diseñar y construir los planes de forma participativa.

A través de las Mesas Locales de Acción Climática se desarrollaron debates locales, regionales y nacionales para trabajar sobre el desarrollo regional teniendo en cuenta algunos ejes transversales como, una visión de justicia ambiental y social, la perspectiva de género – ponderando el rol de las mujeres – y el cuidado del agua en el bosque semiárido.

En paralelo, se llevaron a cabo procesos de formación y capacitación para gobiernos locales y organizaciones de los territorios sobre adaptación y mitigación al cambio climático, en temas como bosques y agroforestal, agroecología, gestión comunitaria del agua, comunicación, entre otros temas.

Las organizaciones integrantes de las Mesas Locales de Acción Climática participaron y reforzaron su interés en las herramientas y procesos propuestos. A su vez, en los gobiernos locales de Santiago del Estero – dados los altos índices de vulnerabilidad social y las mayores dificultades encontradas en el territorio – se impulsó una Mesa Interlocal de Acción Climática del Salado Norte (la articulación de tres mesas locales) que tiene por objetivo potenciar y construir sinergias entre estas localidades de Boquerón, El Mojón y Villa Matoque para que puedan aprovechar mejor sus capacidades y recursos; y puedan plantearse iniciativas de mayor escala.

Paula Juárez, coordinadora en Argentina del proyecto ACP, integrante de Fundación Plurales, explica que estas herramientas tienen por finalidad articular las voces de los gobiernos locales con las de otras organizaciones, públicas y privadas, de cada uno de los territorios, especialmente de las comunidades campesinas e indígenas del Gran Chaco.

Pilotos demostrativos que benefician a familias rurales

Durante el 2021, el proyecto de ACP viene acompañando el co-diseño y la ejecución de acciones previstas en los Planes y se están apoyando pilotos demostrativos, que se desarrollan sobre temáticas clave, tales como acceso a agua para consumo y producción, inclusión digital rural, agroecología, entre otros, y se busca que sean replicadas y escaladas.

Hasta la fecha, más de 800 familias rurales, se benefician con los pilotos demostrativos de manera directa. El proyecto considera vital que el proceso de gobernanza participativa esté acompañado por nuevas capacidades y resultados materiales concretos en los territorios que estimulen y potencien las mesas locales.

Franco Ciafrandini, quien es parte del equipo técnico de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático (RAMCC), explica que es fundamental que existan la Mesa Local de Acción Climática, creada por ACP:

“Es bueno que el plan sea de un territorio y no de un gobierno. Articularlo con distintas organizaciones y debatirlo en este tipo de escenarios es fundamental. Que las organizaciones y la sociedad civil en general lo hagan suyo y que en nuevas actualizaciones siga participando, se siga involucrando, eso hace que las acciones propuestas se puedan llevar a cabo con mayor seguridad”, sostiene Ciafrandini.

La RAMCC ha apoyado el diseño de casi 200 planes, pero estos 7 planes son los primeros que desarrolla trabajando no solamente con los municipios, sino con otros actores locales y particularmente, integrando voces de áreas rurales. A su vez, la RAMCC marca la importancia de estos planes porque son municipios de menor escala y de las regiones del norte que no suelen estar vinculadas a la Red.

*Nota original