Guía para la evaluación de políticas públicas con perspectiva de género
Fundación Plurales, junto al comité de género, mujeres y diversidades de ENI Argentina (Estrategia Nacional de Involucramiento Argentina), realizó una Guía para la evaluación de políticas públicas. El objetivo puntual de esta guía es contar con determinados parámetros para identificar y evaluar si una política pública es sensible o no al género y a la interseccionalidad.
Explorar y poner de relieve las relaciones de las mujeres y los hombres en la sociedad, y las desigualdades en esas relaciones es fundamental. ¿Quién hace qué? ¿Quién tiene qué? ¿Quién decide? ¿Cómo? ¿Quién gana? ¿Quién pierde? Cuando nos planteamos estas preguntas, también nos preguntamos: ¿Qué hombres? ¿Qué mujeres? El análisis de género rompe la división entre la esfera privada (que implica las relaciones personales) y la esfera pública (que se ocupa de las relaciones en la sociedad en general).
Una política con perspectiva de género e interseccional tiene que reconocer la desigualdad, que la naturaleza de la participación de las mujeres está determinada por las relaciones de género, que hacen que su participación sea diferente y, a menudo, desigual; entender que las mujeres pueden tener necesidades, intereses y prioridades diferentes, que a veces pueden entrar en conflicto con las de los hombres; describirla; conceptualizarla y tener acciones concretas que busquen revertirlas.
Esta guía permite determinar qué entendemos por política pública sensible al género, definir criterios de evaluabilidad y preguntas. Así, precisamos cuáles deben ser los aportes de las políticas. El uso, administración y control equitativo de los recursos naturales; empoderamiento de las mujeres ante riesgos de desastre; participación equitativa en procesos de toma de decisiones; distribución equitativa de beneficios y recursos públicos para el desarrollo; acceso equitativo a procesos de formación y capacitación; acceso a sistemas de información (sistemas de alerta temprana, sistemas para detectar lugares críticos respecto al cambio climático y gestión de riesgo por ejemplo); reconocimiento de necesidades e intereses de hombres y mujeres de distintos grupos étnicos y de distintas edades; reconocimiento de las afectaciones diferenciales y de las diversas vulnerabilidades que pueden sufrir hombres y mujeres según su edad y su pertenencia étnica y promoción de acciones afirmativas o medidas temporales a favor de las mujeres, en procesos que impulsen un desarrollo sostenible.
Agustina Calcagno, integrante de Fundación Plurales y del equipo que realizó la Guía, explica que en el marco del trabajo con el comité, surgió la necesidad de contar con herramienta y metodología de análisis para llevar a cabo el seguimiento de las recomendaciones que la CEDAW (Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer) y el comité DESC (Derechos Económicos Sociales y Culturales) de Naciones Unidas realizó al Estado Argentino.
“Necesitábamos contar una herramienta práctica y sencilla que nos permita comprender los avances y retrocesos en materia de género y desigualdades que fuera específica para el análisis de los derechos de las mujeres rurales, indígenas y campesinas. Como por ejemplo: analizar el acceso al agua, al acceso a la tierra, a la distribución del poder en comunidades rurales e indígenas. Es decir, una herramienta que nos permita evaluar acciones de gobierno, políticas e iniciativas públicas, leyes, decretos, entre otras”.
Sobre el proceso de armado de la Guía, Agustina cuenta que “quisimos que sea una herramienta creada de forma participativa y colectiva con las miembras del comité. Al mismo tiempo, buscamos que fuera simple y fácil de implementar con las mujeres, que sea una herramienta que se ajuste a los conocimientos y necesidades del comité”. Ella enumera los pasos que realizaron para lograrlo.
- Realizaron un relevamiento de herramientas, matrices y metodologías que ya habían sido elaboradas por otras organizaciones que trabajan tanto en la temática de género como en temas de comunidades indígenas y rurales. Se basaron en documentos elaborados por el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), Land Coalition, ONU Mujeres, OXFAM, entre otros.
- A partir del análisis e investigación de la herramienta construyeron una primera matriz en dónde establecieron qué criterios y preguntas querían hacerse a la hora de evaluar las políticas públicas y acciones.
- Con la base de un primer documento elaborado lo compartieron primero con las compañeras del comité y luego lo trabajaron en conjunto con una experta en evaluación de políticas públicas con quien afinaron su matriz inicial hasta obtener la versión final.
- Una vez que tuvieron la versión empezaron a testear con las miembras del comité, trabajando en el análisis participativo de políticas públicas de género y agricultura de Argentina. A medida que iban avanzando en las preguntas fueron ajustando los criterios y preguntas de la matriz. Se armó una guía para facilitar su aplicación.
“Tanto la construcción de la matriz como luego su implementación, dio lugar a un gran proceso de reflexión, análisis y aprendizaje para las miembras del comité. Durante el momento de construcción de la matriz supuso trabajar en construir nociones comunes en torno al género, la igualdad, la interseccionalidad, definición de derechos. El proceso de implementación implicó poner en práctica todo lo debatido y aprendido durante la fase de diseño, y también el darse cuenta que teníamos una herramienta que de ahora en más a través de sus preguntas, nos permitía analizar todo tipo de acciones”, detalla Agustina.
Hasta ahora, realizaron el análisis de la Ley de Agricultura familiar y campesina, la línea de crédito para mujeres del Banco Nación y el Proyecto de Ley Agroecología.
Los análisis tanto de la Ley de Agricultura Familiar como de la línea de crédito, les “ayudaron a generar evidencia concreta para la realización de acciones de incidencia pública. A partir de los mismos elaboramos cartas donde expresamos el estado de situación de las mujeres rurales, campesinas e indígenas en materia de autonomía económica, acceso al crédito y agricultura familiar y se las hicimos llegar a diferentes referentes públicos de ministerios, secretarías y direcciones nacionales”.
En el cierre, Agustina destaca que “tanto el proceso, como su implementación, fueron de gran importancia para la formación de las miembras del comité así como para el fortalecimiento de sus capacidades de liderazgo, incidencia pública, reducciones de desigualdades y análisis de género e interseccional”.
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