Volver a transitar los territorios: Salado Norte

Necesitábamos hace mucho tiempo, hacer cuerpo el encuentro, romper la virtualidad. Finalmente pudimos regresar, con actividades pendientes, con una agenda apretada para que entre todo, pero fundamentalmente con la necesidad de encontrarnos después de mucho. Estábamos ansioses del intercambio cara a cara, el compartir cotidiano y continuar con el trabajo que aún en pandemia, seguimos articulando entre todes.

Santiago del Estero está al norte de Argentina, en la región del Norte Grande Argentino, limita al norte con Salta y Chaco, al este con Santa Fe, al sur con Córdoba y al oeste con Catamarca y Tucumán. Su población es de 896.461 habitantes, y una superficie de 136.351 km², dividida en 27 departamentos.

Después de los hisopados correspondientes, más de 400 kilómetros de ruta y un control policial, pisamos Santiago del Estero con ansiedad, emoción y miedos, pero sobre todo alegría de volver. A eso, le sumamos más de 2 horas de viaje para llegar al departamento de Pellegrini, bien al norte. Pasaron 18 meses y pudimos volver a uno de los tantos lugares donde habita parte de nuestro trabajo.

Más allá de las actividades planeadas en cada localidad, lo principal era volver a conectarnos. Reencontrarnos con las organizaciones, con los municipios, luego de un año de haber trabajado desde la virtualidad.

Nuestra primer parada fue la Comuna de El Mojón, población ubicada en el departamento Pellegrini, para la Presentación del Plan Local Cambio Climático realizado en el marco del proyecto Acción Climática Participativa, del programa Euroclima+, que coordinamos en Argentina. Luego, llegamos a la localidad de Piruaj, del Departamento Copo, donde compartimos con las mujeres del Frente de Mujeres del Salado Norte. En El Aibal, compartimos con la Asociación de Productores de Pellegrini y Alberdi (APPA). En La Candelaria, paraje ubicado al norte del departamento Copo, visitamos a la Asociación La Candelaria. El último lugar, fue la sede de la Unión de Pequeños Productores del Salado Norte (UPSAN) en San José del Boquerón, localidad ubicada en el departamento Copo.

La territorialidad es parte fundamental de nuestro trabajo. La acción, la ejecución y compartir con la comunidad es lo que más disfrutamos. El territorio es un espacio construido de intercambios, en los que gestionamos de diferentes modos y armamos redes. Esa red de relaciones que en pandemia nos llevó horas de comunicación telefónica y computadora, ya era hora de poder ponerla en presencia, en campo.

En todos los años que llevamos trabajando, Santiago del Estero fue el primer lugar donde comenzamos a ejecutar proyectos en 2001, establecimos vínculos fuertes, no solo de trabajo y cooperación, sino de amistad y compromiso. Y si bien el WhatsApp, el Zoom y el cariño nos mantuvieron conectados y trabajando, con todos los desafíos que presenta la virtualidad, necesitábamos vernos cara a cara, compartir la ronda bajo un algarrobo, sentir los pies en la tierra y el clima de nuestro chaco.

Fundación Plurales trabaja en esta zona del Salado Norte, departamentos Copo, Alberdi y Pelegrini, hace más de 20 años. Tenemos una trayectoria que casi surge al mismo tiempo que nuestra fundación. Es uno de los primeros lugares donde empezamos a sentir y vivir el territorio, conocer la realidad de estas tierras, de las que nos sentimos parte, conectar con la gente y aprender con las organizaciones campesinas. Nuestra propia organización se fue constituyendo en base a las necesidades y demandas que fueron surgiendo de este territorio, por ejemplo el acceso al agua, el trabajo, la tierra, y el trabajo con las mujeres que son nuestra prioridad.

«Los extrañamos», «Tanto tiempo» se repite en todos los lugares que visitamos. El reencuentro es cálido pese al distanciamiento social y los protocolos de cuidados. Nos esperan con comida y queremos contarnos todo lo que sucedió en este tiempo que la pandemia no nos dejó vernos cara a cara.

Si bien tenemos un vínculo por los medios digitales que actualmente nos permiten estar conectades, no es lo mismo. Compartir el cotidiano en campo por unos días, nos dio energía para seguir de otro modo. Porque la conversa cuerpo presente, pisando la misma tierra bajo nuestros pies, nos encuentra. Nos volvemos a sentir más cerca, para seguir con cada una de las luchas diarias.

Aprendemos de las luchas campesinas que resisten a los avances del agronegocio, la lógica del capital y la aceleración capitalista que rompe con todo los ciclos y tiempos que la naturaleza necesita para seguir produciendo la vida en el territorio. El movimiento campesino en Santiago del Estero es uno de los más grandes de todo el país, que lleva más tiempo, es ejemplo y esperanza para muchos otros territorios. Es para nosotres un placer trabajar con elles.

Nos recibió el calor intenso típico de Santiago y nos despidió la lluvia, esa que aunque sea poca, en muchos casos anega los caminos de tierra para llegar a las comunidades con las que venimos trabajando. Todos los días la agenda quedaba a disposición del clima, sabíamos que si llovía mucho no íbamos a poder visitar algunos lugares, lo que sucede en territorios desmontados por el agronegocio y el avance inmobiliario, el suelo no absorbe, no filtra la lluvia, y el agua que debería ser una bendición en esos lugares secos, es mala noticia. Tuvimos suerte, y la lluvia nos permitió llegar a todos lados.

Aunque los caminos mejoran, colocan asfalto o ripio, se suman otras problemáticas como este avance de la frontera agropecuaria que además de provocar inundaciones, hace que las napas no se recarguen de agua y aquellas comunidades donde el acceso al agua para consumo depende de algunos pozos, se ve afectado porque no filtra en la tierra, se escurre y los pozos no se cargan.

El abrazo apretado y el mate compartido se harán esperar un tiempo más, pero mirarnos a los ojos lejos de las pantallas nos inyectó vida para seguir haciendo esto que amamos. Nos fuimos sabiendo que los años de trabajo y los hilos que tejemos siguen ahí, intactos. «Esperamos que vuelvan pronto, que esto pase rápido», dijimos elles y nosotres una y otra vez.

Mujeres rurales del Gran Chaco

Fundación Plurales realizó, para la Plataforma de Defensoras Ambientales, un informe sobre el contexto general de las mujeres rurales en la eco-región del Gran Chaco Americano.

Esta publicación es parte de una serie de informes que elaboró Fundación Plurales con el apoyo de RITIMO (red de información y documentación para la solidaridad y el desarrollo sostenible de Francia), Unión Europea, Both Ends, IUCN-NL y la International Land Coalition. Están disponibles online en la web de RITIMO y en formato descargable para impresión en el sitio de la Plataforma de Defensoras Ambientales.

Este artículo en particular, da cuenta de la importancia de abordar el análisis en términos regionales y los principales problemas que afectan a las mujeres en términos de recursos naturales, principalmente acceso al agua y tierra.

La Región y el actual modelo de Desarrollo

El Chaco Americano es una región que abarca territorio de Argentina, Bolivia y Paraguay. El Chaco argentino supone 600.000 km2, e involucra a 10 provincias, total o parcialmente. En Bolivia, el ecosistema chaqueño cubre un área de 127.755 km2, en lo político y administrativo se extiende en tres departamentos: Chuquisaca, Santa Cruz y Tarija, comprende a su vez 5 provincias y 16 municipios. En Paraguay, posee una extensión de 246.925 km2, comprendiendo a su vez a 3 departamentos.

Mapa extraído del Atlas de Vulnerabilidad e Impacto del Cambio Climático en el Gran Chaco Americano Instituto Desarrollo. Instituto Desarrollo – Regatta. 2014

El actual modelo de desarrollo aplicado en estos 3 países, privilegia la industria extractivista, la expansión agropecuaria y el desarrollo de la minería sin tomar en cuenta los efectos negativos que trae aparejado sobre los bienes naturales y los territorios donde se asientan comunidades campesinas e indígenas. Dicho modelo trae serias dificultades a estas comunidades para vivir y desarrollar sus actividades productivas, intensificando las dificultades en el acceso a bienes comunes como el agua y la tierra. La tala indiscriminada, la falta de agua y/o contaminación de las mismas, los desalojos de las tierras que poseen ancestralmente, son solo algunas de las principales problemáticas que enfrentan estas comunidades día a día.

La región cuenta con una extraordinaria riqueza: grandes reservas de agua, energía y extensas tierras, esto lleva a una disputa constante entre los intereses del modelo económico extractivista y la lucha de los pueblos por el uso consciente y respetuoso de los bienes naturales, la protección y conservación para la reproducción y el sostenimiento de la vida.

Además, en muchos casos, el uso indiscriminado de los recursos de la región es avalado por políticas de gobierno que favorecen la explotación extractivista, el avance del mercado inmobiliario y la acumulación de capital. Modelos de gobierno que avasallan los territorios indígenas, desconociendo a los habitantes ancestrales y sus derechos; desplazan y oprimen a les pequeñes productores campesines e indígenas, a través de la imposición de políticas agropecuarias que priorizan el agro-negocio, el uso de transgénicos y agroquímicos, poniendo en riesgo la preservación de las semillas nativas y de las formas tradicionales de producción.

Claro ejemplo de esto, es la ley minera de Bolivia que desde el año 2014: además de aumentar el territorio de extracción, autoriza el avance sobre zonas de bosques y Amazonía que previamente estaban resguardadas. Autoriza también a las empresas a usar colindante a las explotaciones, incluyendo, por ejemplo, el uso de los recursos hídricos cercanos.

Mujeres campesinas e indígenas en el Chaco

Esta situación afecta de forma directa la vida diaria de las comunidades campesinas e indígenas y a los sectores sociales más vulnerados, especialmente mujeres y niñes. Las mujeres campesinas e indígenas sufren de manera directa las consecuencias de este uso desmedido de los bienes naturales, los cuales ponen en riesgo la calidad del agua, del aire y de los suelos, de donde las comunidades extraen los elementos para subsistir.

En la región, son muchas las comunidades que no cuentan con acceso al agua. En algunos casos, es producto de la falta del recurso hídrico por la propia inequidad en la distribución en la región, aumento de las sequías y altas temperaturas que acentúan la evaporación del agua, lo que conduce a la imposibilidad de recargar las napas subterráneas.

En otros casos, existen fuentes a disposición, pero están contaminadas (ya sea por arsénico, flúor, y/u otras sales) que imposibilitan su uso para el consumo humano, y muchas veces hasta para el uso en animales y de riego, por las altas concentraciones de minerales. Estos son hechos naturales, acentuados por las variaciones climáticas.

Pero cabe destacar que también, la problemática de acceso al agua se asocia a las industrias extractivas (como la minería, hidrocarburos, agroindustria, y otras) que contaminan las fuentes de agua volviéndolas inutilizables, o se apropian del recurso hídrico en desmedro de las comunidades.

El no contar con el acceso al recurso en estas comunidades, implica que miembros de la comunidad deban caminar varias horas al día para conseguir agua proveniente de fuentes no seguras o ya contaminadas, para luego utilizar para consumo familiar. Esta tarea recae en manos de las mujeres de la comunidad quienes dedican hasta 6 horas diarias al acarreo de agua.

La otra gran urgencia para las comunidades, es la de frenar diferentes procesos extractivos y degradantes de su hábitat y de sus recursos de subsistencia. Reivindican la preservación de los bienes naturales, y la soberanía alimentaria, como base para desplegar sus estrategias de supervivencia.

En relación a la problemática de la tierra, estas comunidades son altamente vulnerables por dos motivos principales. El primero es que los territorios de la región del chaco han sido históricamente relegados por los gobiernos nacionales. En general, sus tierras no eran consideradas de buena calidad agroproductiva, lo que les restaba valor. Con la expansión de la frontera agropecuaria, producto de los transgénicos y agrotóxicos, estas tierras se volvieron de gran valor para el mercado y aumentan los conflictos locales en relación al uso y distribución del recurso.

A esta situación se le suma un segundo componente: la mayoría de las comunidades indígenas y campesinas que habitan la región no tienen titularidad de las tierras. Son poseedores, habitantes de más de cinco generaciones de las tierras en las cuales se asientan, pero no tienen títulos de propiedad y no cuentan con recursos para poder sanear su situación legal.

Ambas situaciones, sumadas a otras que complejizan el entramado, ponen a la orden del día los conflictos por desalojos y enfrentamientos por la posesión de la tierra.

Para ejemplificar: en Argentina, a partir del relevamiento del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, se pueden observar 857 casos de problemas de tierra, que afectan a unas 63.843 familias y representan 9.293.234 hectáreas. En relación a la situación jurídica de estas familias, el 87,4% es poseedor de las tierras y no cuenta con titularidad.

La vulnerabilidad de las mujeres frente a este contexto es mayor por múltiples factores, el más preocupante es que en muchos casos los hombres de las comunidades (sus maridos, hijos, padres) trabajan para las industrias extractivas que se instalan en los territorios y, por miedo a perder su fuente de trabajo, no asumen la lucha por la defensa del territorio, siendo las mujeres quienes enfrentan esta carga. Esta es una estrategia utilizada en toda la zona para lograr control social, basada en la supuesta generación de oportunidades para las familias locales ante la instalación de empresas extractivas.

Para enfrentar estas problemáticas, estas comunidades -y en especial las mujeres- se encuentran en una posición desigual en cuanto a posibilidades de acceso a la Justicia. Entre las trabas que encuentran podemos destacar la falta de recursos para solventar los honorarios de abogados que tomen sus casos, tribunales y secretarías alejadas de sus asentamientos, discriminación y posiciones machistas frente a sus reclamos, entre otras. Como parte de sus estrategias han tenido que vincularse con actores estatales responsables de estas temáticas, como también con el poder legislativo para promover leyes que protejan los recursos naturales, propiciando la participación activa de las comunidades.

Estas defensoras ambientales sufren a diario amenazas e intimidaciones directamente ligadas a su trabajo para garantizar el acceso y gobernanza de bienes naturales, principalmente en relación a la resiliencia climática, la seguridad alimentaria, el aprovisionamiento de agua y el acceso a la tierra.

Conscientes de los obstáculos que deben enfrentar para acceder a sus derechos -y por ende garantizar su subsistencia- y participando en la toma de decisiones conducentes a un desarrollo sustentable, las mujeres manifiestan y actualizan su compromiso de consolidar alianzas que conduzcan a su empoderamiento articulando sus propios saberes, identidades, intereses y necesidades, aumentando su visibilidad y capacidad de incidencia en las políticas públicas socio-ambientales de la región.

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Mujeres de la Puna organizadas contra la minería

Mujeres de la Puna organizadas contra la minería

Agustina Calcagno, de Fundación Plurales, realizó para la Plataforma de Defensoras Ambientales un informe que describe cómo la presencia de actividades extractivas mineras en la puna jujeña, Argentina, viene afectando esos territorios y empujó a grupos de mujeres a organizarse y luchar por sus derechos ancestrales.

Esta publicación es parte de una serie de informes que elaboró Fundación Plurales con apoyo de RITIMO (red de información y documentación para la solidaridad y el desarrollo sostenible de Francia), Unión Europea, Both Ends, IUCN-NL y la International Land Coalition, y están disponibles online en la web de RITIMO y en formato descargable para impresión en la web de la Plataforma de Defensoras Ambientales.

Este artículo en particular, presenta las resistencias en defensa del ambiente y el derecho a la consulta previa, libre e informada que comunidades campesinas e indígenas de Cangrejillos y Abralaite, Casa Grande, Vizcarra y El Portillo de El Aguilar, vienen llevando adelante.

Contexto de la Puna

La región de la Puna se encuentra en Jujuy, provincia Argentina reconocida desde 1974 como la capital nacional de la minería. Tiene una extensión de 3 millones de hectáreas, cubriendo el 55% del territorio provincial. Comprende los departamentos de Yavi, Santa Catalina, Rinconada Cochinoca y Susques.

Si bien es una de las zonas menos pobladas de la provincia (solo el 6,3% de la población de un total de 673.307 habitantes), junto con la región de la Quebrada, alberga la mayor cantidad de pueblos indígenas. De los 12 grupos étnicos identificados en la provincia, en la puna se registran 94 comunidades Kolla, 21 comunidades Quechua, 10 comunidades Atacama, 1 comunidad Chicha y 1 comunidad Toara. Habitan la región desde tiempos anteriores a la colonización española y tienen una relación con los elementos del ambiente, humanos y no humanos, que se rige por normas ancestrales de convivencia y respeto mutuo.

Desde hace décadas, estas formas ancestrales vienen siendo amenazada y vulnerada, debido a la presencia e instalación de diversas industrias extractivas mineras en la zona. La puna, por ser un área geológica joven, concentra yacimientos minerales de diferentes variedades como el plomo, la plata, el cobre, el zinc, el estaño, el oro y el litio.

Formalmente, las actividades mineras en la región se iniciaron a finales del XIX, instalándose década tras década nuevas compañías en la zona hasta llegar a su pico en el año 1974. A partir de entonces, varias compañías fueron cerrando dejando importantes pasivos ambientales en la zona, mientras que otras actualmente han declarado su cierre inminente como es el caso de la minera El Aguilar quién tiene planeado cesar actividades en el 2021. Asimismo, debido al boom minero de los últimos 10 años, el Estado provincial a través de la publicación de informes ambientales, aprobó la realización de proyectos de exploración y explotación de minerales sin la debida consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas que allí residen. Dando lugar así a una serie de conflictos entre las comunidades, las compañías mineras y el Estado, no solo por el derecho a la consulta previa sino por la defensa ambiental de sus territorios frente a los “pasivos ambientales” y la contaminación de sus territorios.

Yavi y Cochinoca y el rol de las mujeres de la “Red Chacha Warmi”

Desde hace más de 10 años las comunidades indígenas de Cangrejillos, Abralaite, Ciénego Grande, Cabrerí, Santa Ana y Santa Clara vienen realizando denuncias judiciales y reclamos sociales por la implementación efectiva del “derecho a la consulta previa” y a la participación en los procedimientos mineros en sus territorios.

Estás comunidades se encuentran entre los departamentos de Yavi y Cochinoca, en lo que se conoce como el distrito minero de Pumahuasi, que actualmente es parte la Reserva Minera de la empresa JEMSE (Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado). Esta zona, además de ser rica en minerales, es un valle apto para cultivos y para actividades de ganadería y pastoreo gracias a las diferentes fuentes de agua que la alimentan: por una lado, los ríos Grande, Abralaite, Santa Ana, Agua de Castilla que nacen en la serranía y por otro, los glaciares y la zona periglaciar.

La comunidades allí, no solo están sufriendo la presencia de “pasivos mineros” de las viejas minas instaladas en Pumahuasi que nunca han tenido remediación a pesar de las leyes vigentes. Sino que también, sus medios de vida (agricultura de subsistencia o la ganadería y pastoreo) se encuentran amenazados por la instalación de pedimentos de exploración minera, tanto en sus territorios como en las nacientes de los ríos, glaciares y periglaciares que alimentan la zona. Estos pedimentos de exploración minera generan sequías y contaminan las aguas, poniendo en riesgo el abastecimiento de agua para las comunidades.

Frente a este contexto, decidieron organizarse para reclamar por sus derechos. Primero fueron las comunidades del dpto. de Yavi y luego se fueron sumando otras de la puna ubicadas cerca de la ruta 40 y linderas a la Laguna de Guayatayoc y a la serranía de El Moreau.

A través de la realización de asambleas, sus estrategias de lucha consisten en la presentación de amparos judiciales a los permisos de explotación, como también la elaboración de informes y evaluaciones ambientales tendientes a contraponer los informes presentados por las autoridades estatales y los privados interesados en la explotación minera. También, desde el 2014 luchan por que se respete e implemente la Ley Nacional 26.639, el régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial. Si bien hasta ahora, gracias a la lucha conjunta han logrado que la provincia dicte el decreto 5772/10 que prevé la “consulta previa” a los pueblos indígenas y establece los principios de protección ambiental para las actividades mineras, esto sigue sin cumplirse.

Resulta importante destacar el rol de las mujeres de las comunidades en esta lucha. En busca de tener una mayor y mejor representatividad en las asambleas y en la toma de decisiones, las mujeres de las comunidades mencionadas han conformado la Red Chacha Warmi por “la defensa ambiental del territorio para la vida de los seres que allí habitamos, en armonía con los tres reinos, mineral, vegetal, animal”.

Las mujeres coordinan acciones legales, educativas y productivas para la defensa ambiental y la incidencia en políticas públicas ambientales en la provincia de Jujuy. En la actualidad, con la ayuda de profesionales se encuentran desarrollando una evaluación ambiental tendientes a contraponer los estudios realizados por la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy con el gobierno de esa provincia, sobre el relevamiento de agua en la puna y el impacto de las actividades mineras en la zona.

Las mujeres de la Red destacan que es clave la realización de estas evaluaciones pues la situación es muy preocupante, “los pasivos siguen contaminando porque hay muchas corridas de agua que los hacen llegar a la zona de pastura, a la zona de deporte de los chicos y en zona de siembra (potreros)”.

Mujeres Defensoras del Hábitat Natural de la Comunidad Aborigen de Casa Grande, Vizcarra y El Portillo de El Aguilar

Desde el 2016 las mujeres campesinas e indígenas de las comunidades de Casa Grande, Vizcarra y El Portillo se han organizado para frenar y reducir los impactos de las actividades extractivas de la compañía minera El Aguilar. La mina que inició la extracción de plomo, plata, zinc y sus derivados en 1936 , el pasado Noviembre de 2020 anunció el cierre alegando que las capacidades de producción se han reducido y por tanto no generan los recursos económicos planificados.

Desde su instalación, la mina ha generado diversas consecuencias. Entre ellas, la movilización temporal o permanentemente de importantes contingentes poblacionales a la zona, la modificación del ambiente y del paisaje natural por el trazado de caminos, la introducción de diques de desechos tóxicos y basurales, la muerte de animales, daño de la flora autóctona y la aparición de casos de cáncer de distintos tipos y enfermedades respiratorias en las comunidades. Asimismo, la introducción de migrantes con experiencia minera promovió la transformación de las prácticas y creencias de los pueblos agro-pastoriles de estos territorios.

Como si las consecuencias mencionadas no fuesen ya alarmantes, el cierre pone a las comunidades frente a enormes desafíos. Entre ellos se pueden destacar: reconvertir las fuerzas y oportunidades laborales de la zona, resolver los problemas habitacionales (pues los trabajadores son obligados a abandonar las viviendas que la minera proporcionaba), y garantizar la continuidad del Hospital Aguilar (construido por la minera quien anunció que sostendrá su funcionamiento hasta fines de 2021).

Estrategias de resistencia

Lo que observamos en estas organizaciones, son las numerosas estrategias de defensa que las mujeres han venido realizado.

  1. Gestiones con la minera para participar de los muestreos ambientales que la compañía generaba como el análisis del aire, agua, suelo, flora y fauna.
  2. Visitas al predio minero tanto para identificar y evaluar zonas afectadas por la contaminación, zonas aledañas a la mina, los diques de cola, revisión de basureros y cavas de escorias y pedido de limpieza de la zona de chatarras. Como también para realizar observaciones al relevamiento de flora y fauna.
  3. Asistencia a muestreos participativos de agua y suelo que realiza la empresa minera.
  4. Participación en las presentaciones de estudios de exploraciones y de impacto ambiental que presentaba la compañía.
  5. Gestiones con la Secretaría de Minería de la provincia para el pedido de asesoramiento profesional para evaluar los informes de impacto ambiental presentados por la minera dado que no se constataban en terreno las mejoras declaradas en dichos informes.
  6. Solicitar y exigir a la empresa la reparación correspondiente por la pérdida de animales, a consecuencia de la extracción de tierra y de la contaminación, especialmente cuando se han producido derrames.
  7. Monitoreo, registro y sistematización sobre todas las acciones que realizaba la minera.

Todo esto les permitió, tanto a las mujeres como a sus comunidades, dilucidar por un lado, cómo la compañía “contrataba consultoras externas que realizaban los estudios de flora y fauna, arqueológicos, de manera general que no tenían consulta, previa libre e informada en las comunidades locales, afectadas por la contaminación”. Por otro lado, los impactos generados en territorio y la población: “Las irregularidades en el ambiente y también muchos casos de salud, como por ejemplo muertes por leucemia, cáncer de intestino y estómago, entre otros, especialmente enfermedades respiratorias, además, la muerte de animales y como se han empezado a secar espacios de humedales”.

Además, las mujeres realizan acciones para promover la participación y el activismo de otros miembros de sus comunidades. Por ejemplo, impulsan acciones educativas como capacitación en las escuelas sobre separación de residuos. Diseñaron e implementaron proyectos de agua para riego y construcción de invernaderos. También, promueven el fortalecimiento y capacitación de líderes comunitarios en temáticas afines al cuidado del ambiente natural, con el propósito de contar con recursos humanos y técnicos ambientalistas en la zona.

Si bien el anuncio de cierre de la mina representa un gran alivio para las mujeres y sus comunidades, abriendo la ventana a oportunidad para reconstruir el ecosistema ambiental, social y ancestral de las comunidades de Casa Grande, Vizcarra y El Portillo. También, significa un gran desafío en términos de rearmado productivo y económico de la zona. Dado el carácter inminente de la noticia, resulta necesario seguir de cerca este caso. Tanto para registrar que la empresa cumpla con los compromisos asumidos sobre remediación de los pasivos ambientales, como para observar cómo las comunidades irán sorteando los desafíos mencionados y haciendo cumplir sus derechos.

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Mujeres rurales del Gran Chaco Americano

Un repaso de lo que construimos este año

El 2020 significó muchísimos desafíos, para todes, pero logramos reacomodarnos, reorganizarnos y seguir conectades. Siempre juntes, apostando al trabajo colectivo con la firme convicción de que otro mundo es posible.

Queremos compartir con ustedes solo algunas cosas, de todas las que hicimos este 2020 en Fundación Plurales. ¡Gracias por acompañarnos y ser parte de una u otra forma, de Fundación Plurales en este año! Esperamos seguir creciendo juntes en el 2021.

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Conectadas y en resistencia: presentamos la plataforma de Justicia Ambiental y Género

En un año marcado por el distanciamiento social y el pase a la virtualidad, nos pone muy contentes anunciar el lanzamiento de la Plataforma de Justicia Ambiental y Género, una herramienta para potenciar las voces de las defensoras ambientales. Esta iniciativa forma parte del programa Fortaleciendo a las Defensoras Ambientales y está coordinada por Fundación Plurales en alianza con el Fondo de Mujeres del Sur , cofinanciado por Unión Europea.

La Plataforma de Justicia Ambiental y Género surge como una iniciativa para contribuir al fortalecimiento y la capacidad de resiliencia de los grupos de defensoras ambientales, y para potenciar sus estrategias de visibilización e incidencia. Se busca sistematizar información en torno a las problemáticas socioambientales de los territorios del Chaco Americano en Argentina, Bolivia y Paraguay, y de las ecorregiones de la Puna y los Humedales en Argentina.

Es una apuesta para continuar el trabajo desarrollado en el Observatorio de Justicia Ambiental entre los años 2014 y 2017 por el Fondo de Mujeres del Sur, la Fundación Plurales y el Centro de Capacitación e Investigación de la Mujer Indígena de Tarija (CCIMCAT). En aquel momento, el Observatorio realizó una cobertura de las principales problemáticas que afectaban a las defensoras en la ecorregión del Chaco Americano (Argentina, Bolivia y Paraguay).

Entre los productos que se generaron en el marco de la plataforma se encuentran una página web y una aplicación para dispositivos móviles. La página web brinda una cobertura actualizada del estado de situación de las demandas, las problemáticas, acciones comunes y propuestas que desarrollan las defensoras ambientales y sus comunidades. Además, pueden encontrarse historias de cambio, videos, convocatorias y entrevistas.  La aplicación, por su parte, se encuentra disponible para uso interno de las activistas apoyadas por el programa, y busca achicar las brechas de información y diálogo entre ellas.

En 2019, la plataforma se presentó a las organizaciones, en las visitas a cada una de ellas. También, se presentó en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25), en Madrid, España. La presentación fue en el marco del evento paralelo “Mujeres Defensoras Ambientales y Cambio Climático: Estrategias de incidencia y resistencia ante el avance del modelo extractivista” realizado en el espacio de Euroclima Plus.

Una herramienta pensada con y para las organizaciones

A lo largo de estos meses, la iniciativa se fue enriqueciendo con el aporte de las activistas. A través de los talleres, encuentros, presenciales y virtuales, las organizaciones sumaron sus propuestas sobre los contenidos, visualización y criterios de seguridad.

La aplicación para dispositivos móviles permite a las activistas un mayor acceso a información relevante, y a su vez agiliza la difusión entre organizaciones, instituciones y actorxs articuladxs en defensa de sus derechos.

La plataforma sirvió como un espacio para continuar el diálogo y aprendizajes en el nuevo contexto de distanciamiento social. Durante este año, la aplicación fue utilizada por las organizaciones para difundir información segura y cuidados básicos sobre covid-19.

Con esta herramienta, Fundación Plurales y el Fondo de Mujeres del Sur y apuestan a generar un diálogo continuo entre los grupos de defensoras ambientales, y potenciar sus capacidades de incidencia en la agenda pública en defensa de sus derechos y los de sus comunidades.

Visita la plataforma aquí.

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Foro «Personas defensoras del medio ambiente en América del Sur»

A comienzos de noviembre Fundación Plurales estuvo participando de un foro que abordó los retos de defensores ambientales en América del Sur.

Este evento fue organizado por la ONU Derechos Humanos en América del Sur (ACNUDH), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Programa de la ONU para el Medio Ambiente (PNUMA), con el apoyo del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Protection International (PI), Global Witness y la International Land Coalition (ILC).

El 4 y 5 de noviembre, más de 60 personas, entre defensores y representantes de la sociedad civil de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Colombia, Honduras y Guatemala, participaron de este espacio para analizar la situación, intercambiar experiencias y recomendaciones sobre la defensa ambiental en la región.

La primera jornada contó con un panel sobre la mirada regional y local de la defensa de los derechos ambientales, con participación de defensores ambientales de Brasil, Perú, Colombia y Honduras. Luego, Mary Lawlor, Relatora de la ONU sobre defensores y defensoras de derechos humanos, junto a David Boyd, Relator de la ONU sobre derechos humanos y medio ambiente, analizaron la situación de las personas defensoras de derechos humanos y el medio ambiente de América del Sur en el contexto global.

En el segundo día se realizaron mesas de trabajo para analizar situaciones de riesgo, la prevención y protección de las personas defensoras y estrategias para la defensa del medio ambiente en cuatro ejes: jóvenes por el medio ambiente; actividades extractivas y territorios; género y activismo medioambiental; y la defensa del ambiente en áreas urbanas.

Las conclusiones del Foro serán recopiladas, con recomendaciones de los mecanismos de protección de las Naciones Unidas, en un documento que servirá como herramienta de consulta.

Desde Fundación Plurales entendemos que el rol de les defensores es fundamental y en el marco del Programa de Defensoras Ambientales, coordinado por Plurales y el Fondo de Mujeres del Sur (FMS), seguimos trabajando con les defensores ambientales.

Campesinas, indígenas y/o mujeres de grupos marginales urbanos que luchan por el acceso al agua, la tenencia de la tierra de sus comunidades, recuperación/revalorización de culturas y saberes ancestrales y la participación política de las mujeres en sus comunidades y espacios de decisión que las afectan. En contra de la contaminación, deforestación de las Ecorregiones del Chaco Americano, Puna y Sistema de Humedales, las fumigaciones con agrotóxicos. Reivindican la preservación de los recursos naturales, y la soberanía alimentaria, como base para desplegar las estrategias de supervivencia de sus comunidades. Hoy y siempre es urgente y necesario seguir generando espacios para pensar y repensar su rol y protección.

Defensoras-Ambientales

Pronunciamiento de Defensoras Ambientales

Compartimos el pronunciamiento de más de 130 Defensoras Ambientales, integrantes de 35 organizaciones pertenecientes a Argentina, Bolivia y Paraguay, que han participado del Encuentro Trinacional “Juntas, conectadas y en resistencia”

Coordinados por el Programa de Defensoras Ambientales que impulsan Fundación Plurales, Centro de Capacitación e Investigación de la mujer Campesina de Tarija (CCIMCAT) y Fondo de Mujeres del Sur, fueron 4 encuentros virtuales, cerrados, donde más de 35 grupos de defensoras indígenas, campesinas, urbanas y activistas se reunieron para potenciar respuestas colectivas ante el violento contexto que atraviesan nuestros territorios en la actualidad.

LEER COMPLETO

Pronunciamiento_-Encuentro-juntas-conectadas-y-en-resistencia-1

Compartimos también, las voces de nuestras compañeras defensoras ambientales.

Soberanía alimentaria

Industrias extractivas

Derecho y acceso a la tierra

Cambio climático

Protección y seguridad Defensoras Ambientales

Derecho de acceso al agua


Mujeres Defensoras Ambientales en América Latina: “Luchar por el territorio es luchar por la vida”

Del 7 al 11 de septiembre, se realizará el V Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos para América Latina y el Caribe, una de las reuniones sobre DD.HH. más importantes del continente americano. Es por esto que en el marco de este Foro, distintas iniciativas promovidas por la International Land Coalition LAC y organizaciones socias, como Iniciativa Mujer Rural; Iniciativa Defensores de la Tierra; Land Matrix LAC; ENI Argentina; ENI Ecuador; ENI Perú; ENI Guatemala, Iniciativa Tierra y ODS y el Programa Defensoras Ambientales, queremos difundir las voces de mujeres defensoras ambientales de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú que vienen resistiendo a múltiples vulneraciones a sus derechos al defender los territorios.

El actual contexto mundial de crisis humanitaria provocada por la pandemia, es a su vez producida y agravada por problemas preexistentes de los que las industrias extractivas son responsables. La deforestación, la contaminación de cuencas, así como el incesante avance de la frontera agropecuaria, están impactando de manera agresiva sobre el planeta, pero principalmente sobre los territorios rurales, generando un contexto altamente riesgoso para las comunidades, en especial para las y los defensores ambientales.

La criminalización y violencia sobre las personas defensoras ha aumentado en el contexto de pandemia, donde los Estados latinoamericanos parecen solo hacer frente a la crisis económica con la entrada de divisas desde el sector agropecuario y las industrias extractivas, lo que intensifica los conflictos con las comunidades rurales.

Ante esta situación, es urgente visibilizar las luchas y resistencias de las defensoras ambientales, protectoras de los Derechos Humanos que hoy se encuentran en la primera línea de defensa de los territorios frente a múltiples amenazas en toda la región.

V Consulta Regional sobre Empresas y Derechos Humanos para América Latina y el Caribe

El V Foro “ofrece un espacio único para el diálogo entre los gobiernos, las empresas, la sociedad civil y otros grupos interesados -incluidos los pueblos indígenas, las organizaciones de trabajadores y las organizaciones internacionales- sobre las tendencias, los desafíos y las buenas prácticas para prevenir y abordar los impactos de las empresas sobre los derechos humanos”, detallan desde la organización. Hoy más que nunca es de vital importancia que los gobiernos, empresas y entidades internacionales reconozcan, y legitimen el rol fundamental que tienen les defensores de bienes naturales y el medio ambiente, para lograr un desarrollo sostenible de nuestras sociedades.

En palabras de defensoras bolivianas, “luchar por el territorio es luchar por la vida” y por eso, en el marco de la V Consulta Regional sobre Empresas y Derechos Humanos para América Latina y el Caribe, evidenciamos estrategias sistemáticas de empresas multinacionales para instalarse en comunidades indígenas y campesinas sin garantizar el derecho de consulta previa, libre e informada. Por eso seguimos visibilizando y escuchando las voces de defensoras ambientales, exigiendo medidas concretas y puntuales de cuidado y protección por parte de los Estados y organismos internacionales.

Reivindicando el rol fundamental de las mujeres en la defensa del ambiente, y abogando por un adecuado acceso a la justicia ambiental y de género, presentamos relatos en primera persona de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú.

Argentina

Barrio San Antonio, Córdoba Capital

Silvia Cruz, integrante de Vecinos Autoconvocados de Barrio San Antonio y Barrios aledaños, lucha desde 2012 por el cierre y erradicación de una planta de Bioetanol que el Estado decidió instalar al lado de sus casas. “Esta empresa, que tiene casi 3 hectáreas, produce bioetanol a partir de maíz transgénico. Produce y rectifica estos alcoholes al igual que el metanol, y los fracciona, se llama Porta Hnos y produce en esta pandemia, 5 veces más, el famoso alcohol en gel. Esta megaproducción contamina nuestro barrio. Nuestros niños y familias comenzaron a enfermarse en el 2012. Hicimos estudios y relevamientos sanitarios, que dan cuenta de que muchas de las muertes, muertes súbitas y malformaciones en los niños, son producto de las emanaciones de estos químicos. La planta produce más de 700mil litros de bioetanol diario, las 24 horas del día. El peligro de morir por una catástrofe o por la contaminación ambiental es un hecho. Tenemos pruebas de que la producción de la fermentación de alcoholes y sus derivados, producen daño genético en pruebas de genotoxicidad en niños y jóvenes que se han realizado hace muy poco. Hemos sido y estamos siendo zona de sacrificio. Nos oponemos a ser sacrificados, contaminados, nos oponemos a esto y exigimos el cierre y erradicación de esta empresa de bioetanol.

Departamento Humahuaca, Provincia de Jujuy

Beatriz Débora Sajama, de la comunidad aborigen de Casa Grande, Vizcarra y el Portillo, de El Águila, integra el grupo de mujeres defensoras del hábitat natural de la comunidad. “En nuestro territorio hay una empresa minera que explota metales pesados, como el plomo, la plata, el zinc y sus derivados, hace 90 años. Hemos visto muchas irregularidades en el ambiente y también muchos casos de salud, como por ejemplo muertes por leucemia, cáncer de intestino y estómago, entre otros, especialmente enfermedades respiratorias, además, la muerte de animales y se han empezado a secar espacios de humedales. Esto nos ha llevado a tomar consciencia y trabajar para defender el territorio y cuidar el ambiente. Hemos hecho gestiones a través de nuestra comunidad para que las mujeres y todos los miembros de la comunidad, puedan participar de los muestreos ambientales que lleva a cabo la empresa con análisis de aire, agua, suelo, flora y fauna. También, hemos tomado la determinación de visitar todo el predio minero y las bocas de minas que ya están abandonadas, para saber si se encuentran cerradas o en condiciones y ver cómo es el espacio de sus alrededores. Por otro lado, hemos solicitado a la empresa las remediaciones correspondientes por la pérdida de animales, a consecuencia de la extracción de tierra y de la contaminación, especialmente cuando se han producido derrames. Como grupo de mujeres seguimos trabajando para defender el ambiente en nuestro territorio y hacer respetar nuestro derechos humanos”.

Bolivia

Roboré, Provincia Chiquitos, Santa Cruz

María René Picolomini Montero, integrante de Resistencia Tucabaca Cantioca, denuncia la destrucción sistemática de Roboré. Explica que “nos encontramos amenazados por proyectos mineros que se practicarán a cielo abierto; deforestación causada por privados en relación a decretos ilegales que promueven cambio en el uso del suelo en nombre de la seguridad alimentaria, que favorecen al agronegocio y al extractivismo; la caza y la pesca indiscriminada ponen en grave peligro de extinción a nuestra especie; el turismo desorganizado se ha convertido en otra amenaza exponencial; asentamientos ilegales y dotaciones de tierras interculturales promovida por el Estado; incendios forestales ocasionados por la quema descontrolada de privados o provocados intencionalmente por ilegales, en un afán de venganza contra quienes nos oponemos a esta política irresponsable del Estado. También, si bien hemos conseguido frenarlos, aún están latentes y nos mantienen en alerta permanente. No importa nuestra integridad física, económica o el desconocimiento de nuestro trabajo, más bien nos criminalizan como defensoras ambientales todo por un bien mayor. Hemos rechazado a empresas mineras pero la lucha en nuestro municipio aún es contra las propias empresas estatales, como la Corporación Minera de Bolivia, el Instituto Nacional de Reforma Agraria, la autoridad de bosque y tierra”.

Zona Caaguazú, Santa Cruz

Lourdes Miranda Tiguayo, guaraní integrante de CONTIOCAP (Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas), explica: “La defensa es parar o dar de baja el proyecto hidroeléctrico Rositas que está en Santa Cruz, que comprende ocho represas pequeñas que atentan contra la vida de nuestra comunidad y también de la naturaleza. Entonces, hemos venido luchando con un gobierno que ha destapado estos megaproyectos hidroeléctricos que nos afecta a los territorios porque no hay consulta ni consentimiento. Por otro lado, como territorio guaraní en la zona de Aguaragüe donde las empresas petroleras hacen incursión, han dejado pasivos ambientales, y los hermanos de las comunidades están para que no haya contaminación de las empresas petroleras. Sin embargo, siguen, y hay decretos que ha dejado el gobierno de Evo Morales, donde la empresa tiene toda la potestad de hacer y deshacer con estas comunidades, y eso es lo lamentable. Ahora, reclamamos Justicia, por que es una violación a los derechos humanos atentar contra nuestra vida y cuando contaminan el agua, atentan directamente contra nuestra vida. A estas empresas y estos megaproyectos, el gobierno los protege con una Ley incluso por encima de nuestros derechos como pueblo indígena. En Aguaragüe, las empresas petroleras están poniendo demandas, procesos legales a los hermanos guaraní por defender sus territorios, sus derechos, por defender que no se le contamine el agua. Cuidamos la vida a través del territorio, queremos pedir ayuda para hacernos escuchar ante estos atropellos que vienen pasando aquí en Bolivia”.

Paraguay

Comunidad Pueblo Qom, Bajo Chaco

Bernarda Pesoa lucha contra los monocultivos industriales de árboles de Eucalipto en su zona, la localidad de Cerrito. Cuenta que “nosotros ya estamos quedando casi sin agua, más allá del Chaco ya está sufriendo sequía. En este territorio nosotros tenemos nuestro pozo por qué es una acción de autogestión de parte nuestro y defendemos mucho el agua y la tierra porque sabemos que las leyes nos amparan. Dentro de una comunidad colectiva ahora, en plena pandemia, no se respetaron los protocolos de las comunidades indígenas, tampoco fue respetada la Ley 904, que no permite el alquiler ni el arrendamiento de tierra, y la Constitución Nacional. Nos disgusta lo que están haciendon, la empresa Fundación Paraguaya especialmente. Hoy fui a la Fiscalía de medio ambiente, el lunes vamos al Ministerio de medio ambiente a levantar una denuncia y hacer seguimiento de estas actividades porque no somos partícipes de estas actividades, no nos tienen en cuenta. Acá hay muchísimas comunidades, nosotros decimos no a la explotación de tierra para el beneficio de las grandes empresas, sí al medio ambiente sano, sí a la alimentación sana y no queremos eucaliptos en nuestras tierras”.

Colombia

Córdoba, Colombia

Yina Sánchez, que pertenece al GTTC (Grupo por la Defensa de la Tierra y el Territorio de Córdoba), dice que “la manera en que la extracción energética ha afectado a las comunidades de Tierradentro es sobre todo, en las fuentes hídricas. Estas fuentes de toda esta zona se han ido secando, por lo tanto hay una fuerte ola de calor y una sequía grande. En este momento, la extracción de carbón está en unos territorios que nunca antes habían hecho esa acción minera”.

Por su parte, Jemina Chica, gobernadora suplente del Cabildo Indígena, explica: “Muy cerca de mi municipio está una de las empresas de Colombia que es Cerro Matoso. Desde ahí me ha tocado ver cómo han ido poco a poco, dañando los ríos, matado peces, dañado el aire. Desafortunadamente he tenido que ver también, muchas madres llorando a sus hijos porque salen con enfermedades de pulmonía, respiratorias. Estas multinacionales vienen y extraen lo que necesitan y se lo llevan”.

“Se ha presentado una situación con la empresa Urrá, ya que ellos piensan establecer 400 hectáreas de paneles solares para generar energía y venderla. Ahora, sucede que ellos al implementar esta fotovoltaica van a tener que trasladar a las personas que cosechan ahí a otros territorios”, detalla Yamile Esquivel, habitante de Tierralta.

Por último, Agueda Quiñonez, integrante del Pueblo Zenú, denuncia: “Una mina de carbón está explotando sin todavía tener licitaciones del Ministerio de minas. Cuando vayan a sacar ese carbón, la primera comunidad afectada va a ser la de nosotros, principalmente por el daño a la vida, al medioambiente. No nos han hecho consultas previas a nosotros como comunidad indígena”.

El avance de la actividad extractiva sobre los territorios genera un contexto altamente riesgoso para las comunidades, donde mujeres y niños y niñas son los más vulnerables. En paralelo, los gobiernos de América Latina miran para otro lado y/o sancionan leyes que le otorgan a las empresas extractivas vía libre para accionar, marcando una tendencia al retroceso de la gobernabilidad de los bienes comunes y un aumento de la inseguridad de las defensoras ambientales.

Ante este contexto, seguimos en pie de lucha denunciando, articulando, resistiendo, “luchar por el territorio es luchar por la vida”.

Foto de portada: Fundación Plurales

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Las resistencias no saben de cuarentena: Organización de Mujeres Indígenas ARETEDE

Mientras todes estamos mirando cifras de muertes y contagiades, atentes a cuáles van a ser las próximas medidas en relación al aislamiento social obligatorio en Argentina, los conflictos siguen y en muchos casos se profundizan. El abandono estatal y la falta de acceso a lo básico no es nueva y queda en evidencia más que nunca; la contaminación y la destrucción de nuestros bienes naturales no se detiene.  

En esta ocasión, dialogamos con la Organización de Mujeres Indígenas ARETEDE de Tartagal, Salta. Por estos días denunciaron: “Estamos desbordadas de la angustia, demasiados casos. El sistema colapsó aunque los políticos digan lo contrario. Pedir que nos lavemos las manos con agua y jabón ya es todo un tema, en las comunidades, las más cercanas a la ciudad y cercano digo 3 km de la ruta nacional 34, tenemos agua de manera clandestina, los más alejados guardan si les llevan o si llueve en bidones en desuso de agrotóxicos y deben elegir si tomar o lavarse las manos. Imagínese, solo hay 12 respiradores y ya tuvieron que elegir entre si poner un respirador para una señora de 65 años o un joven, imagínese si van a elegir salvar a un indio como nosotros o a unos del pueblo”. Ante el abandono, algunas compañeras de las organizaciones juntaron dinero para comprar alcohol y se prepararon con agua para darle a les integrantes de la comunidad, pero no alcanza

Para que la pandemia no nos tape el bosque, dialogamos con sus integrantes que desde hace años vienen resistiendo y cuidando la vida.

¿Cuándo y cómo nació la organización de mujeres indígenas AREDETE? 

― La organización nació del encuentro de varias mujeres de diferentes pueblos que sentían la necesidad de contar sus vivencias, sus historias, sus memorias y las de sus pueblos. Esto más o menos en 1998, luego de unos años de recopilar las memorias las plasmamos en dos libritos Lunas tigres y eclipses y El canto de los pájaros. Allí surgió un sueño más: que esas memorias se escuchen a través de un medio, y aquí surgió la necesidad de crear la organización para empezar a concretar ese sueño, al igual que nuestro medio: Radio Comunitaria La Voz Indígena.

La integramos mujeres de diferentes pueblos y edades, y también tenemos nuestros compañeros varones. 

¿Qué tareas realizan? 

― A lo largo de 20 años hemos hecho encuentros de mujeres, donde pudimos sumar 2000 mujeres de todo el.departamento San Martín, de diferente pueblos; realizamos  recopilación de memorias, acompañamos procesos de recuperación territorial y las luchas por el acceso a las necesidades básicas; desde nuestro medio de comunicación trabajamos el fortalecimiento y recuperación  de nuestros idiomas, cultura, espiritualidad, formación de comunicadores, fortalecimiento de lideresas, articulación con diferentes entidades para bajar proyectos productivos para las comunidades.

¿Cómo han sido estos meses de cuarentena en relación a la lucha que llevan adelante? 

― Estos meses la verdad han sido de incertidumbre y ahora con un sistema colapsado y con el virus ya en nuestras comunidades, la situación es mucho más angustiante. La accesibilidad al sistema de salud siempre fue deficiente y la posibilidad de acceso para nuestros pueblos era muy mala, pero con esta situación se ha acrecentado de manera exorbitante.

¿Qué formas se han dado para seguir visibilizando la resistencia ahora que la calle no es una posibilidad? 

― Las formas para visibilizar, en la manera que podamos, es acceder es a través de las redes, y también si podemos acceder a Internet. Es salir desde nuestras comunidades para acceder a Internet y contar estas situaciones. Utilizamos nuestro medio en emisiones muy cortas, ya que el llegar a la radio se nos hace muy dificultosa.

― ¿El contexto de pandemia, aprovechando que todos miran para otro lado, posibilitó que los empresarios o gobiernos avanzaran contra ustedes? 

― Avanzar sobre la quita de nuestro territorio siiii, claro, amenazas de desalojos. El gobierno mientras, hace la vista gorda, invisibiliza la situación de nuestros pueblos. Respuestas es lo que pedimos a grito, a pesar que muchas de estas luchas están judicializadas y los organismos que están o deberían estar, a favor de los pueblos no tienen mucha injerencia  ni acción en estos temas.

Fotos: Gentileza FM Comunitaria La Voz Indígena

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Las resistencias no saben de cuarentena: VUDAS

Mientras todes estamos mirando cifras de muertes y contagiades, atentes a cuáles van a ser las próximas medidas en relación al aislamiento social obligatorio en Argentina, los conflictos ambientales siguen y en muchos casos se profundizan. El extractivismo se piensa como una actividad esencial, la contaminación y la destrucción de nuestros bienes naturales no se detiene.

Para que la pandemia no nos tape el bosque, dialogamos con integrantes de organizaciones sociales que desde hace años vienen resistiendo y cuidando la vida, para amplificar sus voces y que se hagan escuchar. En esta ocasión, dialogamos con VUDAS (Vecinas Unidas en Defensa de un Ambiente Sano) del barrio Parque San Antonio en Córdoba Capital.

Fuera porta de mi barrio, sí a la vida

En febrero del 2012 comenzó a funcionar Porta Hnos., fábrica de Bioetanol, al sur de Córdoba Capital. Hace 8 años que les vecines se ven obligades a soportar la contaminación que genera la producción de etanol junto a sus viviendas y que denuncian que se realiza de manera ilegal. La empresa nunca pasó los Estudios de Impacto Ambiental y Audiencias Públicas correspondientes, ni se anotó en los registros de la Secretaría de Energía de la Nación.

En 2016 un grupo de personas de los barrios San Antonio e Inaudi presentaron un amparo colectivo ambiental a la Justicia nacional. A fines del 2019 el juez Vaca Narvaja, reconoció que la empresa no cuenta con Estudio de Impacto Ambiental, le otorgó un plazo de 90 días para adecuarse, negando el pedido de la comunidad de cesar la producción de la fábrica.

El juicio contra la empresa continuará en la Cámara de Apelaciones de la Justicia Federal de Córdoba. Por ahora, Porta no sólo no se adecuó sino que quintuplicó su producción, inauguró una obra de ampliación de gas y puso en funcionamiento la nueva planta de concentrados proteicos de origen vegetal de la misma compañía.

Natalia Tello, vive a 600 metros de Porta

La pandemia lo único que ha hecho es darle como un permiso a la fábrica para ampliar la producción de una forma totalmente impune, ya que empezaron a producir un 500% más que antes. Se pueden imaginar todas las emisiones de gases tóxicos que normalmente emiten, el olor permanente, a la noche uno sale y parece que se estuviera quemando algo, un olor muy feo, ácido. Pero ahora además, han incrementado la acumulación de alcohol de forma descomunal, pegandola a los domicilios.

Hace poco nos desayunamos con que estaban ampliando la fábrica, aún más. Parece una burla. La Justicia dice que la fábrica no es legal y sin embargo viene el Estado en sus 2 representantes máximos en la provincia y en la ciudad, a inaugurar una planta de ampliación de gas. Se ve que esperan que esta zona sea sacrificada y que nos vayamos muriendo de a poco.

Como colectivo hemos estado evaluando la posibilidad de trabajar, generar alguna conferencia. La verdad que en este contexto de pandemia es muy dificil organizar algo, pero hemos estado organizando y hemos hecho videoconferencias y estamos pensando generar espacios de encuentro y debate con vecinos de la misma forma.

Rosa Acuña, vive a 50 metros de Porta

En estos meses de pandemia es de terror vivir acá en Barrio Parque San Antonio, vivimos encerradas dada la situación de los olores tan fuertes y penetrantes que entran en nuestras casas. Me desespera no poder respirar.

La empresa está produciendo 5 veces más. Nos estamos enfermando 5 veces más por la forma en la que producen su alcohol. Me da escalofrío y mucho miedo ver tanta acumulación de alcohol, en los patios de la empresa, al frente, en todos lados. Es una locura. Si esto se llega a incendiar, sería catastrófico, no quedaría nada, el barrio desaparece.

El 23 de julio estuvo el Gobernador y el Intendente Llaryora, en la planta de bioetanol Porta Hermanos inaugurando una red de gas. Yo como vecina al enterarme, y mis vecinos, nos sentimos tan abandonados por nuestros gobernantes, qué tristeza. Qué dolor que me da que a nuestros niños se le hicieron estudios donde los tóxicos que emana esta empresa, están en sus cuerpos, altera su cadena de ADN. También los vecinos estamos todos enfermos. Yo a veces me pregunto, qué podemos esperar de estos gobernantes, siempre digo que los políticos van de la mano de estos grandes empresarios Porta enferma contamina, y mata, y está ilegal.

Silvia Cruz, vive al lado de Porta

La pandemia ha profundizado lo que ya veníamos denunciando, por eso hace 8 años que venimos buscando erradicar la empresa amparada totalmente por los gobiernos, no importa qué ideología política tengan, han pasado distintos tipos de gobiernos y han sido muy apañados. Están ilegales en el uso del suelo, hay un fallo del juez Vaca Narvaja que da cuenta de la ilegalidad y que nunca se ajustó a las leyes ambientales y aun así la dejaron funcionar y en pandemia quintuplicó su producción y los niños y niñas tienen daño genético probado por análisis de genotoxicidad. Su sistema inmunitario y sus sistemas en este contexto, están 5 veces más en riesgo.

Nosotros no nos vinimos a instalar, la empresa se vino a instalar al lado nuestro. El gobernador Schiaretti y el intendente Llaryora y toda la comitiva política se hizo presente, desconociendo totalmente la peligrosidad, dándonos la espalda a los vecinos, nunca recorrió las calles, y esto lo hizo en plena pandemia. Para nosotras esta época ha sido una de las peores, no solamente por la pandemia, sino agravada por todo lo que ya venimos padeciendo, muy en peligro.

Si algún día llegara a haber una catástrofe la culpa será del Estado de turno y de los que pasaron, la culpa será de la Justicia que no supo ver, prever y prevenir daños mayores. Tenemos Estado Nacional que por un lado vocifera que hay que priorizar la salud y no las cuestiones económicas, sin embargo “del dicho al hecho hay un largo trecho” y aquí está más que claro que siguen priorizando intereses económicos, pero la salud y la vida de tantísimas personas no se está priorizando.

Decidieron sacrificarnos, no les interesa si podemos vivir, si tenemos que estar con miedo, si nuestros proyectos de vida se caen, si nuestras familias se enferman, que tengamos que salir como ciudadanos a hacer carteles, exponernos a los policías que salen a custodiar a la empresa, la policía hace uso y abuso de poder contra del ciudadano y vecino que tiene todo el derecho a reclamar y ser escuchado.

Es muy triste sabernos sacrificades, abandonades por el mismo sistema, que ha decidido sacrificar nuestros cuerpos, nuestros proyectos de vida. Y cuando se habla de mundo sustentable todos los tratados internacionales, todos deben saber que en la Argentina se sacrifican niños, niñas y se quita la tierra, no se da acceso al agua y se vulneran derechos fundamentales.

Se ha perdido nuestra Argentina, los derechos fundamentales, los pilares básicos para vivir en armonía con nuestra biodiversidad. Nuestra pobre Argentina está viviendo uno de los momentos de crisis civilizatoria, social, no solo económica, y eso lo vemos muy claramente en nuestro barrio. Una crisis social y profunda de vulneración de derechos y mentiras sustentables de proyectos a escala de desarrollo que son una mentira, solo traen muerte. Están trayendo destrucción y el cambio climático lo están provocando nuestro propios jefes de gobierno.

Seguiremos denunciando esto y seguiremos intentando salvar a los vecinos que vivimos alrededor de esta empresa. Esperamos que no pase lo peor, porque ya después va a ser tarde, va a ser muy tarde.

Fotos: Gentileza Facebook Fuera Porta