El Malón de la Paz pasó por Córdoba

El sábado 29 de julio, llegó a la capital cordobesa, en Argentina, el Tercer Malón de la Paz. Partió desde La Quiaca, Jujuy, el día martes 25 de julio, con destino a Buenos Aires. Ya pasó por Salta, Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero.

Plurales estuvo presente el sábado por la tarde en la Plaza Kamichingon (ex Colón), donde hubo una conferencia de prensa y caminamos hasta el Monumento al indio frente al Patio Olmos. El domingo 30, asistimos a la ceremonia ancestral y espiritual de las comunidades indígenas en la Apacheta de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

Historizar al Malón

El Primer Malón de la Paz, en mayo de 1946, estuvo conformado por más de 150 integrantes de comunidades kollas de Jujuy y Salta, y caminaron hasta Buenos Aires durante meses. El Malón buscaba recuperar los derechos de las comunidades indígenas, llevando sus demandas a la capital federal, esperando ser atendidas por el ejecutivo y el Congreso.

Ya en el siglo 21, en 2006, unas 120 comunidades de la provincia de Jujuy movilizaron desde la puna, quebrada y valles hasta el cruce de la ruta 9 y 52, a la altura de la localidad de Purmamarca. El reclamo del Segundo Malón fue el mismo que 60 años atrás. Cortaron las rutas durante varios días.

Las consignas principales de este tercero son:
-Exigir a la corte que se expida respecto de la Inconstitucionalidad de la reforma.
-Solicitar al Congreso de la Nación la intervención a la provincia de Jujuy.
-Que el Congreso realice y sancione la Ley de Propiedad Comunitaria.
-Detener la represión y defender los derechos, la cultura y los pueblos que luchan, mientras se rechaza la Reforma inconstitucional de Morales.

Las voces de los territorios

Plurales conversó con Néstor Jerez, cacique del pueblo Ocloya de Jujuy, y Griselda, de la comunidad Casa Grande, Vizcarra y Portillo e integrante del grupo de Mujeres Defensoras del Hábitat Natural, ambos parte del Malón.

“Vamos a continuar este camino llevando este mensaje de que en Jujuy no hay estado de derecho, ni derecho a la protesta, en donde existe la violación a los derechos humanos y tratados internacionales, la violencia institucional y sistemática del Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales)”, explica Néstor.

Por su parte, Gisela cuenta: “Me siento muy dolida con la que está pasando en la provincia de Jujuy. Hay hermanos que fueron detenidos, baleados, que perdieron un ojito a causa de defender nuestros derechos. Siguen con las persecuciones, hay hermanos que les están buscando casa por casa para que los lleven a la cárcel”.

“El señor gobernador hizo una reforma donde quita todos nuestros derechos, los derechos al agua y a nuestros territorios. Nos están queriendo saquear toda nuestra provincia y el gobernador no escuchas nuestros reclamos, por eso justamente hoy estamos marchando para llegar a Buenos Aires”, detalla.

Desde Plurales, rechazamos esta reforma constitucional por varias razones:
1- El proceso se desarrolló sin debates, participación o consulta libre, previa e informada

2- Se invisibilizaron los pedidos explícitos de las comunidades indígenas de participar del proceso de reforma

3- La modificación sobre el derecho a la propiedad privada deja en mejores condiciones a titulares registrales que disputan tierras con comunidades indígenas y campesinas

4- La expresa prohibición del derecho a la protesta

5- Desequilibrio democrático: se eliminaron las elecciones de medio término y el partido que obtenga la mayoría de votos en las elecciones para Gobernador obtendrá la mitad más una de las bancas en la Legislatura

Seguimos de cerca el levantamiento de las organizaciones y comunidades indígenas en lo que hoy es Jujuy, nos solidarizamos con todo el pueblo jujeño y con las personas reprimidas, heridas y detenidas injustamente, y ahora, acompañamos el Tercer Malón.

El contingente Malonero, con la firme convicción de que el Agua vale más que el Litio, y que la Reforma Inconstitucional viene por los derechos de los pueblos, partió hacia Rosario, última parada antes de la capital.

El 1 de agosto, en el marco del Día de la Pachamama, esperan estar entrando en Buenos Aires y realizar actividades en el Acampe frente a la Corte Suprema y en el Congreso de la Nación. Griselda concluye: “Poder llegar hasta acá, y hasta Buenos Aires, en defensa de todos nuestros hermanos y de todo Jujuy, yo sé que no es fácil, estar acá es muy complicado, pero hay energías y fuerzas que están por detrás y eso me hace seguir para llegar lejos, muy lejos”.

SALT: una posibilidad real de incidir en el Congreso

Con el objetivo de generar una herramienta de monitoreo legislativo a escala nacional, para detectar situaciones de “alerta” y “oportunidad”, Fundación Plurales, en articulación con la Coalición Internacional por la Tierra (ILC) y el Programa Defensoras Ambientales, apoyada por la Alianza Global por el Género y el Clima (GAGGA) y WEDO (Women’s Environment & Development Organization), impulsó la creación del Sistema de Alerta Legislativo Temprano (SALT). Con la intención de un análisis relacionado con los derechos humanos y la justicia ambiental y con perspectiva de género sobre proyectos de ley que se presenten a nivel nacional en Argentina, Guatemala u otro país donde contemos con una Coalición Nacional por la Tierra (CNT), como pilotos y con intención de replicar en la región.

SALT es una herramienta que facilita el acceso a información sustantiva y oportuna para identificar el ingreso de propuestas legislativas al Congreso de la Nación, que hagan foco en temáticas por las que luchamos y trabajamos, analizando los argumentos para su debate y las posibilidades reales de incidir a tiempo en ese marco normativo, sus reglamentaciones y posibles aplicaciones.

La creación de un sistema que pueda detectar y analizar proyectos de ley en sus primeros pasos, puede permitir que las comunidades de base se involucren y participen de manera directa, aportando elementos relevantes para el debate legislativo y la toma de decisiones, y/o pongan en marcha mecanismos de incidencia cruciales.

En el caso del SALT, las alertas están dirigidas a la observación de proyectos de Ley y disposiciones normativas que puedan afectar o beneficiar los derechos ambientales/territoriales de las comunidades. Sobre todo vinculadas a acceso y titularidad de la tierra, impacto ambiental, modelos productivos, instalación y desarrollo de industrias, acceso y gestión de los recursos hídricos. Busca facilitar el acceso de las organizaciones sociales y las/los defensores ambientales a los proyectos de ley que ingresan al Congreso Nacional, identificar las dinámicas de debate y argumentación de los diferentes bloques legislativos en las distintas comisiones y generar herramientas concretas para detectar amenazas y oportunidades en esos proyectos.

La herramienta consta de cuatro momentos de trabajo. Primero, de gabinete y equipo técnico que debe conseguir la información de los proyectos de Ley que se presentan. Ya con la información, se propone un filtro para definir si nos interesa dar seguimiento a ese proyecto o no. Es el momento en que se enciende o no la ALERTA. Luego, se desarrolla solo si se activó la alerta y se concentra en el contenido del proyecto, su texto (articulado y fundamentos). A través de una serie de preguntas se aplica la lógica del “semáforo” (rojo, amarillo o verde) para detectar qué aspectos representan una oportunidad o una amenaza. Finalmente, a partir de la aplicación del semáforo, se espera detectar al menos dos proyectos de ley que, por oportunidad o riesgo, nos interpelen para realizar acciones de incidencia y cabildeo concreto, por medio de un plan sistemático.

Conversamos con Daniela Atea, Licenciada en Ciencias Políticas y parte del equipo consultor que diseñó esta herramienta. “El sentido básicamente es poder acercar a las organizaciones una herramienta más que nos posicione mejor al momento de hacer incidencia legislativa o en políticas públicas. Es una herramienta que ayuda a tener más y mejor información y oportuna en el tiempo”, explica.

Daniela detalla que “Plurales detectó que esto no existe y que sería muy bueno tenerlo porque muchas veces las organizaciones tienen toda la intención de hacer algún proceso de incidencia, pero a veces llegan tarde, porque la ley ya se sancionó o no”. Además, historiza, “el proyecto empieza a mitad del 2022, lo organizamos en etapas, la primera fue exploratoria, estuvimos buscando si existía alguna iniciativa o herramienta similar y si bien hay muchos sistemas de alertas, son para otros temas. No había nada igual a esto, se vio que era una gran oportunidad para avanzar en este sentido. Entonces, se hizo un relevamiento, se extrajo de esos antecedentes lo que pudiera ser un insumo para pensar nuestra herramienta y nos pusimos a trabajar en un borrador”. En noviembre del año pasado, se presentó en la Asamblea Anual ENI.

Ese primer acercamiento con las organizaciones integrantes de ENI despertó “mucho interés, mucho entusiasmo. Lo veían muy útil, se entusiasmaron mucho y a nosotros como equipo nos sirvió mucho conocer a las personas que forman parte de estas organizaciones, escucharlos, verlos cómo ponían a prueba la herramienta, ese borrador. Pero sobre todo, el gran nivel de formación que tiene la gente que forma parte de las organizaciones. Tiene mucha formación política porque participan en muchas instancias de capacitación, en todo lo que pueden, y además tienen mucho ejercicio en la práctica”.

“A partir de ese encuentro empezamos a trabajar en pulir el sistema y ya consideramos fundamental complementarlo con otros, entonces desarrollamos una propuesta de caja de herramientas”, por ejemplo, fortalecer sus conocimientos sobre los procesos legislativos nacionales, sumar instancias de capacitación, etc. Durante 2023 “la pusimos a prueba, hicimos un barrido de todos los proyectos de ley que podrían interesarles a las organizaciones, que podrían de alguna manera despertar la alerta. Les presentamos ese listado en el encuentro que tuvimos (Encuentro nacional para desarrollar el informe DESC) y volvimos a confirmar el interés de las organizaciones por la herramienta”.

“Tras ese encuentro, la idea es seleccionar uno o dos proyectos sobre los que realmente poner en práctica la herramienta y luego de lo que surja de ahí, las propias organizaciones van a ir decidiendo una estrategia de incidencia, es lo que queda por este año”, concluye Daniela.

SALT de Argentina para el mundo

Este sistema siempre estará en constante revisión y perfeccionamiento, en continuo proceso de mejora. Además, la idea es replicar esta experiencia en otros dos países, Guatemala y Perú, por ejemplo. Semanas atrás, Nicolás Avellaneda, integrante de Fundación Plurales, presentó la herramienta en las oficinas centrales del Comité Campesino del Altiplano (CCDA), en el departamento guatemalteco de Sololá. Conversamos con Fredy Pérez, facilitador de la plataforma CNT Guatemala y consultor investigador del Instituto de Estudios Agrarios y Rurales IDEAR de la Coordinación de ONG y Cooperativas (CONGCOOP).

“A partir del año 2015, Guatemala atravesó una serie de procesos de protesta y movilización social frente a la crisis de la democracia causada por la corrupción y la impunidad dentro del Estado, lo cual se expresó en el cierre del espacio cívico y la libertad de expresión. En el campo, se sucedieron constantes ataques a las personas defensoras de derechos humanos y a la resistencia pacífica a nivel comunitario frente a los megaproyectos extractivos y los grandes agronegocios. En este contexto, SALT resulta relevante, pues permitirá sistematizar las políticas y prácticas de implementación relacionadas con los derechos de los pueblos indígenas y campesinos, siendo relevante advertir sobre aquella legislación nociva a los derechos humanos y a la democracia en el país”, detalla.

Ahora, “en la última semana, se celebraron las Elecciones Generales y es posible conocer la nueva composición del Congreso y se tienen grandes posibilidades de que el nuevo gobierno, particularmente el Ejecutivo -que se eligirá en dos meses-, promueva cambios positivos en materia de política pública, democracia y la lucha anticorrupción. En este sentido, la implementación de SALT proveerá de capacidades y conocimientos que permitan continuar implementando la herramienta para el análisis legislativo en un nuevo contexto y analizar el tipo de cambios que se produzcan”.

Fredy cuenta que aún no se implementó, “pero una de nuestras organizaciones miembro de ILC, el CCDA, desde ya comenzó un proceso de consulta e investigación que permite identificar la legislación de interés para la herramienta. También, se convocó a los demás miembros de la plataforma y a organizaciones aliadas a participar en el proceso de recolección y facilitación de información, esperando que, con los primeros resultados, se pueda realizar un análisis colectivo para mejorar la implementación”.

Fredy detalla que el CCDA intercambió información con la CONGCOOP sobre SALT, “siendo interesante la metodología a implementar, pues no se realizó antes un análisis global de la legislación guatemalteca que pueda beneficiar o afectar a la población indígena y campesina. Distintos líderes y lideresas locales se interesaron y manifestaron su disposición a aprender y colaborar en su implementación”.

SALT por y para los territorios

Algo a destacar es que así diseñado, el instrumento no requiere de contar con buena conectividad a Internet, ya que la planilla de Excel original puede descargarse una vez en una computadora o notebook y usarse indefinidamente. Tampoco requiere de contar con un programa o aplicación especial. Sin embargo, estamos analizando la posibilidad de generar una aplicación sencilla para celular que cumpla la función de carga de datos y visibilidad del semáforo para “amigar el formato” lo más posible.

Nos encontramos con sociedades cada vez más complejas que, atravesadas por conflictos sociales, económicos y políticos que trascienden las fronteras de los países, exponen de manera dramática la confrontación de intereses y perspectivas sobre los mejores modos de resolver las disyuntivas y dar respuesta a las necesidades de toda la comunidad. En este contexto, las preguntas por los modos de fortalecer las democracias y la participación de la ciudadanía para que las decisiones beneficien a las mayorías, resultan claves si se pretende garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de todas las personas y sectores.

Fundación Plurales viene impulsado distintas estrategias para fortalecer a organizaciones de base, personas y grupos aglutinados alrededor de la defensa del territorio, los derechos humanos, los bienes ambientales y la justicia económica, de sectores históricamente desfavorecidos. Desde un enfoque de género, apoyamos a las comunidades rurales fomentando la gobernanza participativa de los bienes naturales como agua segura, tierra y la incorporación de tecnologías apropiadas que generen sistemas productivos más sostenibles. Uno de los ejes es fortalecer el trabajo en red y desarrollar programas que proporcionen un tejido social de soporte en los conflictos y acciones de resistencia ante situaciones y medidas de avasallamiento. En ese marco, el Sistema de Alerta Legislativo Temprano (SALT) ayudará a generar evidencia concreta para la realización de acciones de incidencia pública.

¿Qué nos dejó la COP2 de Escazú?

Fundación Plurales participó de la reunión extraordinaria organizada por la CEPAL, y post encuentro, desarrollamos tres puntos claves que debemos analizar.

El Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como “Acuerdo de Escazú”, es el primer tratado internacional ambiental de la región que aborda obligaciones específicas para proteger a las personas defensoras del medioambiente, por lo que puede permitir la prevención de los conflictos ambientales asociados a la alta tasa de ataques que padecen las personas defensoras de la tierra y el medioambiente en América Latina y el Caribe (ALC).

El acuerdo fue firmado por 24 países y lo ratificaron 15, y entendemos por las declaraciones de la actual ministra de Pueblos Indígenas de Brasil, Sonia Guajajara, que serán los próximos en ratificar.

En ese contexto, entre el 19 y el 21 de abril se realizó la COP 2 de Escazú en Buenos Aires. Esta reunión extraordinaria de la Conferencia de las Partes del Acuerdo, fue acordada en el 2022 por los estados firmantes con la intención de avanzar rápidamente en tres puntos clave del acuerdo: (I) la definición de los miembros Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento; (II) el mecanismo de financiamiento para poder aplicar el acuerdo a nivel regional; y (III) cómo incluir en los planes nacionales a los y las defensoras ambientales como actores clave del acuerdo.

El encuentro reunió a representantes de los 15 países que ratificaron el Acuerdo, delegados de 8 países en carácter de observadores, representantes de Naciones Unidas, organizaciones sociales y grupos de defensores ambientales.

Declaración de Buenos Aires

Durante la conferencia, se aprobó una declaración política que pone foco en el papel del comité y la necesidad de poner en marcha el mecanismo de financiación.

Si bien carece de contenido técnico/político, se reconoce el gran desafío que supone la integración y puesta en funcionamiento del Comité, mediante modalidades de trabajo creativas y equilibradas que le permitan cumplir los fines que el Acuerdo le atribuye y con la significativa participación del público y de las Partes, según corresponda, con base en un proceso de diálogo abierto, transparente y constructivo, de acuerdo con las reglas de composición y funcionamiento de dicho Comité. También se reitera la necesidad de obtener apoyo adecuado para la implementación del Acuerdo.

¿Qué nos dejó la COP2 de Escazú?

I- Se eligieron a las y los 7 integrantes del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del Acuerdo de Escazú. Este órgano subsidiario de la Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú para promover la aplicación y apoyar a las Partes en la implementación.

Es un órgano de carácter consultivo, transparente, no contencioso, no judicial y no punitivo. Se rige por sus reglas de composición y funcionamiento, adoptadas en la primera reunión de la Conferencia de las Partes.

Resultaron elegidos para su primera conformación: Guillermo Eduardo Acuña (Chile); Mariana Blengio Valdés (Uruguay); Rita Leonette Joseph-Olivetti (Granada); Patricia Madrigal Cordero (Costa Rica); Andrés Napoli (Argentina); Carole Denise Angela Stephens (Jamaica); y Félix Wing Solís (Panamá).

II- Defensoras de Derechos Humanos en Asuntos Ambientales. Este es, sin dudas, el punto más flojo y cuestionado desde las organizaciones de la sociedad civil, y principalmente, desde las y los defensores ambientales. Durante la conferencia de partes, se registraron numerosos reclamos por la poca oportunidad real de participación y las trabas burocráticas establecidas para poder acreditar como público a la COP2, así como sucedió en Ecuador. Estos pedidos no solo fueron realizados ante los entes anfitriones, sino también ante CEPAL. Si bien el artículo 9 de Escazú es uno de los temas centrales a tratar por la ciudadanía, se evidenció poco espacio para la participación de personas defensoras.

Los side event fueron totalmente virtuales, por lo que funcionaron de forma totalmente “paralela” a la conferencia. En el recinto oficial, en el marco de los “eventos asociados” solo existió un evento que indagó específicamente en la situación de los y las defensoras en América Latina y Caribe, impulsado por Fundación Plurales, Plataforma de defensores y Defensoras Ambientales y la Coalición Nacional por la Tierra de Argentina.

El viernes 21, se presentaron los resultados del Primer Foro Anual de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en Asuntos Ambientales de América Latina y el Caribe, que se realizó en Quito, Ecuador, y se anunció que Panamá será la sede del segundo foro, que se desarrollará en septiembre de 2023.

Sin embargo, los avances para llegar al plan de acción de protección de personas defensoras ambientales sigue siendo lejano para los y las defensoras. Quienes vienen sufriendo criminalización, hostigamiento, violencia y persecución desde hace décadas y que se incrementa en toda la región con el avance indiscutible de las industrias extractivas como solución al déficit de las balanzas comerciales.

III– Avances para la implementación del mecanismo. Argentina, Chile, Ecuador, México, Santa Lucía y Uruguay presentaron acciones para diseñar sus planes nacionales de implementación del Acuerdo. Además, se puso en marcha un Fondo de Contribuciones Voluntarias con el aporte de México (150.000 dólares) y el anuncio de un aporte por parte de Chile, que se suman al realizado por la Argentina con el desarrollo de esta COP2.

Si bien son pasos pequeños, desde la sociedad civil, esperamos que sean la punta de lanza que anime al resto de los Estados a motorizar recursos y acciones específicas para aplicar este tratado único en su tipo.

*Por Nicolás Avellaneda
Facilitador de la Coalición Nacional por la Tierra – ENI Argentina
Director de programas en Fundación Plurales

COP 2: “Es importante participar porque es un espacio directo de incidencia para las organizaciones con quienes trabajamos”

Fundación Plurales estará participando de la Segunda Reunión de la Conferencia de las Partes (COP 2) del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, Acuerdo de Escazú.

Esta reunión extraordinaria será presencial en Buenos Aires, del 19 al 21 de abril. Organizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), y está destinada principalmente a la elección de los primeros integrantes del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento. La lista de candidatos y candidatas está compuesta por cinco hombres y cinco mujeres, de diez nacionalidades diferentes. Hay tres representantes de Centroamérica y México, tres del Caribe anglófono y cuatro de Sudamérica. Corresponden actualmente a cinco Estados Parte y cinco Estados no Parte.

La sede de este espacio de diálogo entre autoridades de países de la región, representantes de organismos regionales e internacionales y organizaciones de la sociedad civil, será el Hotel Libertador y habrá transmisión en vivo. Dado que el número de solicitudes duplicó el espacio disponible, el registro para el público cerró el 20 de marzo. Los eventos paralelos serán totalmente virtuales.

La conferencia será inaugurada el miércoles 19 de abril, a las 18 (hora de Buenos Aires, Argentina, UTC -3), en el Centro Cultural Kirchner (CCK) por autoridades de la CEPAL, del Gobierno de Argentina y otras altas autoridades y representantes del público. El segundo día, además de la presentación de las candidaturas, se realizará una Sesión Especial titulada Experiencias comparadas de órganos de apoyo a la aplicación y el cumplimiento. También será el Diálogo regional: Fortalecimiento de las capacidades para la implementación nacional.

El 21 de abril habrán dos Sesiones Especiales: sobre el seguimiento a la Decisión I/6 sobre defensoras y defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, y seguimiento a la Decisión I/4 vinculada a arreglos financieros e informe del Fondo de Contribuciones Voluntarias. Además, se realizará la elección de los integrantes del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento, y se acordarán las decisiones aprobadas de la COP 2. Entre los días 19 y 21 de abril se realizarán diversos eventos paralelos virtuales oficiales.

Nicolás Avellaneda, integrante del Área Democratización de Recursos Naturales y Territorios de Conocimiento de Fundación Plurales, que estará presente en la COP 2, cuenta que participaremos en el marco de la Coalición Nacional por la Tierra (ENI Argentina) y la Plataforma de Defensores y Defensoras de la Tierra y Territorio, en dos espacios de intercambio y discusión. Por un lado, un evento PRE COP, donde distintas organizaciones sociales se reunirán para generar discusiones y aportes sobre defensores y defensoras en América Latina. Por el otro, un Evento Asociado, donde se presentarán los resultados de los informes nacionales sobre situación de defensores en Argentina, Guatemala, Colombia y Perú.

Programa completo aquí

El acuerdo

El Acuerdo de Escazú reglamenta el acceso a la información por parte de las poblaciones, la información pública ambiental, la protección de defensores y defensoras ambientales, acceso efectivo a la justicia -que se cumpla un fallo, por ejemplo- y también, que la participación de la ciudadanía sea activa y respetada.

Fue adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018 y entró en vigor el 22 de abril de 2021. Hasta el momento, 24 países de América Latina y el Caribe firmaron y cuenta con 15 Estados Partes. Estos últimos son: Antigua y Barbuda, Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Ecuador, Granada, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía y Uruguay.

Este acuerdo es el primer instrumento normativo a nivel internacional que garantiza y establece un sistema de protección para los y las defensoras del medio ambiente. Plantea normativas en un aspecto más técnico y propone una serie de derechos en materia ambiental, enfocados principalmente en el acceso a la información, el derecho a la participación y la justicia. Este pacto representa un hito para la responsabilidad de las empresas con el medioambiente.

Implementar de manera efectiva el Acuerdo de Escazú significa un gran paso hacia la consolidación de un nuevo modelo de democracia ambiental, fortalecimiento de los derechos de las personas a vivir en un ambiente sano y ser parte del desarrollo sostenible, inclusivo y justo. Un buen punto de partida.

“Para Plurales es importante participar de las COP de Escazú porque es un espacio directo de incidencia para las organizaciones de defensoras ambientales con quienes trabajamos. El acuerdo implica nuevos mecanismos de protección, seguridad y garantías de derechos necesarios para que podamos ejercer nuestro accionar. Por supuesto, el Acuerdo de Escazú por sí solo no basta, y es por esto que también cobra importancia nuestra participación activa en estos espacios, ya que generan un momento crucial para poder generar lazos y sinergias con organizaciones socias y aliadas”, explica Nicolás.

Nuestro evento PRE COP

Fundación Plurales, junto a Proetica, Programa de Gobernanza Ambiental, Oxfam, Plataforma de Defensores y Defensoras de la Tierra y Territorio frente al Extractivismo, la Coalición Nacional por la Tierra Argentina, la International Land Coalition (ILC), Earthrights International y Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Fedepaz), organizan “El Acuerdo de Escazú y las Personas Defensoras del Ambiente y del Territorio”. Una jornada previa con organizaciones indígenas y sociedad civil para difundir e incidir sobre la situación y demandas de las y los defensores ambientales.

Será el martes 18 de abril, en el Hotel Conquistador (Suipacha, 948, Buenos Aires). Requiere inscripción previa y tendrá transmisión en redes sociales. Durante ese día se trabajará sobre políticas públicas de protección de defensoras y defensores ambientales, la situación en Perú, Escazú como herramienta de protección efectiva para personas defensoras del ambiente y el territorio, demandas y propuestas de mujeres defensoras de América Latina y el Caribe.

En el cierre, se estrenará “La Ilusión de la Abundancia” de Erika González Ramírez y Matthieu Lietaert. Este documental, coproducido entre varias organizaciones, presenta a Berta Cáceres, Carolina de Mouro y Máxima Acuña, tres mujeres defensoras de derechos humanos de América Latina, que en la primera línea, defienden a sus comunidades del extractivismo de corporaciones multinacionales -los modernos conquistadores- que reducen sistemáticamente sus tierras, recursos naturales y medios de vida.

Por qué organizar un evento PRE COP: “Fue muy difícil en la COP, y de hecho está muy cuestionado por las organizaciones de la sociedad civil la poca participación que tienen. Hay un espacio para eventos paralelos, que solo son virtuales y están siendo todavía seleccionados por CEPAL. Se introdujo una categoría nueva que son los Eventos Asociados, que los coordina la Secretaría de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente de la Nación argentina, institución anfitriona de la COP. Estos Eventos Asociados son pocos y los únicos en donde participa sociedad civil y Naciones Unidas”.

Nicolás detalla que “logramos incorporar un Evento Asociado, pero como era muy difícil generar espacios de encuentro y diálogo, y había una alta demanda de las organizaciones sociales para contar las distintas experiencias y proyectos que estaban desarrollando, nos asociamos para armar este evento. Una jornada completa, desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, donde habrá actividades de distintas organizaciones para el análisis y diálogo, desmenuzar algunos mensajes o acuerdos claves que después, los que tienen acreditación formal para el evento del 19, 20 y 21, puedan llevarlos. Así podemos tener una voz más organizada y que haya reflexionado sobre los distintos saberes y pareceres de las organizaciones que se han podido juntar”.

DATOS IMPORTANTES
Fecha: martes 18 de abril
Hora: de 9 a 21
Lugar: Hotel Conquistador (Suipacha, 948, Buenos Aires)
Inscripción aquí

Nuestro evento en la COP 2

El jueves 20 de abril de 14 a 15.20 seremos parte del evento “Tensiones y riesgos de los defensores y defensoras ambientales en Latinoamérica”. Organiado por Fundación Plurales junto a la Plataforma de Defensores y Defensoras de la Tierra y Territorio frente al Extractivismo, la International Land Coalition (ILC), el Observatorio Ciudadano (Chile), el Centro de Investigación y Educación Popular – CINEP (Colombia), el Comité de Desarrollo Campesino – CODECA (Guatemala), la Asociación Servicios Educativos Rurales -SER (Perú) y la Coalición Nacional por la Tierra Argentina.

Esta actividad, que requiere inscripción previa, tiene el objetivo de visibilizar las tensiones y riesgos de los defensores y defensoras de Latinoamérica y analizar datos cuantitativos actualizados sobre las amenazas y agresiones.

Nicolás concluye que “es muy difícil para la sociedad civil poder participar de estos eventos, y aún más, poder desarrollar eventos en el marco de estas conferencias, espacios internacionales consagrados como amplificadores de mensaje para las organizaciones que logran generar agenda. Por esto, es sumamente importante poder impulsar actividades donde las organizaciones de base que apoyamos puedan incorporarse y compartir sus acciones, demandas y luchas”.

DATOS IMPORTANTES
Fecha: jueves 20 de abril
Hora: de 14 a 15:20
Lugar: Hotel Libertador (Avenida Córdoba 690)
Inscripción aquí

Organizaciones indígenas y campesinas presentaron demandas al Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos de ONU

Del 16 al 28 de febrero de este año, el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) visitó Argentina. En ese marco, organizaciones de base, de la sociedad civil y de defensoras ambientales miembros de la Coalición Nacional por la Tierra – ENI Argentina y del Programa de Defensoras Ambientales, participaron aportando datos sobre empresas que atacan los derechos humanos en nuestro país y principalmente en sus comunidades.

Este Grupo de Trabajo fue creado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio de 2011 y promueve, difunde e implementa los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos. También tiene el mandato de intercambiar y promover buenas prácticas y lecciones aprendidas sobre la implementación de los Principios Rectores, y de evaluar y hacer recomendaciones al respecto. Sus miembros actuales son la presidenta, Pichamon Yeophantong, vicepresidente Damilola Olawuyi y Fernanda Hopenhaym, Sr. Robert McCorquodale y Elżbieta Karska.

En Argentina se realizaron reuniones y finalmente, el martes 28 de febrero por la mañana, una conferencia de prensa, híbrida presencial y virtual, para que todas las partes interesadas puedan escuchar las observaciones preliminares del Grupo de Trabajo.

En un comunicado posterior a la conferencia, dejaron en claro que «las autoridades argentinas deben garantizar la protección de los derechos humanos en todas las actividades empresariales, especialmente en un momento en que éstas se consideran una posible solución a los problemas económicos del país».

«Argentina cuenta con numerosas protecciones constitucionales de derechos humanos, ha ratificado un gran número de convenios internacionales relevantes y, en general, dispone de leyes y reglamentos adecuados. Sin embargo, hemos identificado una brecha significativa en la implementación y cumplimiento de los marcos legales y regulatorios en todos los ámbitos. Argentina necesita abordar urgentemente estos problemas sistémicos», afirmaron.

Durante la visita, las expertas se reunieron para debatir con representantes del gobierno, de la sociedad civil, sindicatos, Pueblos Indígenas y empresas privadas y estatales. Una de las integrantes del Grupo, Fernanda Hopenhaym, se mostró alarmada por «la invisibilidad que sufren las Comunidades y Pueblos Indígenas, históricamente excluidos y discriminados y que sistemáticamente han tenido mayores índices de pobreza y menor acceso a la salud y la educación».

El Grupo de Trabajo visitó Neuquén, Catamarca y Chaco, mantuvo reuniones con actores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan y Tucumán. También recibieron informes escritos de otras provincias.

Desde Fundación Plurales venimos trabajando con las comunidades estas temáticas y en el comunicado el Grupo destaca, entre otras cosas, lo que venimos denunciando. “En el transcurso de su visita, el Grupo de trabajo recibió numerosas denuncias vinculadas al tema ambiental. Se nos ha informado de irregularidades y fallas sistemáticas producidas durante el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, cuyos efectos podrían ser irreversibles para el planeta y generar consecuencias negativas sobre los derechos humanos. Se han enfatizado asimismo las preocupaciones en materia de acceso al agua limpia y potable (…) especialmente en aquellas provincias con actividades extractivas y de agronegocios a gran escala (…) la carencia del agua ha sido exacerbada por la utilización de productos químicos que presuntamente están contaminando los cursos de agua locales. Estos problemas ponen aún más de relieve la falta de infraestructura adecuada que garantice a las comunidades remotas el acceso al agua limpia y potable en estas y otras provincias. En efecto, muchas Comunidades Indígenas de distintas provincias del país manifiestan con preocupación que sus territorios están en peligro no solo de ocupación, sino de destrucción de la biodiversidad por amenazas de distintas industrias. El Grupo de trabajo ha podido asimismo observar los efectos de la deforestación y la pérdida de biodiversidad en algunas regiones, y cómo estos afectan de manera desigual a las comunidades en riesgo de vulnerabilidad. Del mismo modo, nos preocupa la información recibida acerca de la presunta falta de protección efectiva y los subsecuentes impactos negativos en áreas protegidas en algunas provincias del país (…) Estas tendencias resultan alarmantes en vista de que problemáticas ambientales como la contaminación del agua, aire y suelos, así como la degradación causada por el desmonte y los monocultivos agrícolas y forestales, exacerban los efectos del cambio climático”.

El informe final de esta visita, que incluirá los distintos hallazgos y recomendaciones finales, será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en junio de 2023.

Podcast creado por mujeres del MOCAFOR

Hablemos de campo es una serie de podcast creado por mujeres integrantes del MOCAFOR (Movimiento Campesino de Formosa), con el acompañamiento de Fundación Plurales. 

Este movimiento empezó a tomar forma en la década de los 90 en Argentina. Los primeros intentos son de julio del 95’, y se constituye plenamente el 28 de febrero de 1999. Campesinos y campesinas de Formosa, cansadas del avance devastador del modelo sojero sobre sus tierras, se unieron conformando el Movimiento Campesino de Formosa.

En esta serie de podcast, descubriremos las experiencias de mujeres que proponen una alternativa agroecológica para la siembra y la cosecha en Colonia Loma Senés, Formosa, Argentina. Capítulo a capítulo, nos adentramos en un producto típico de esa zona y conocemos cuáles son los cuidados que hay que tener, cuál es la mejor época para la siembra y la cosecha, y cómo influyen las fases lunares en cada una de las etapas de su crecimiento.

Este proyecto nació de la mano de Matías Nahuel Wilfarst, en el marco de la asignatura Trabajo Fin de Máster, en Creación Audiovisual y Artes Escénicas, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga y se articuló con Fundación Plurales.

En el primer episodio, Anahí nos habla de la batata. 

Isabel, en el segundo episodio, nos cuenta sobre las características de la mandioca. 

En este episodio Mabel nos habla del maíz. 

En el último episodio, Nelsy nos habla de las características del maní.

En un principio, el proceso comenzó en junio del 2022 con el dictado de un Taller virtual de Radio. El equipo de mujeres campesinas, que llevan adelante la Radio Comunitaria “Mujeres en Red”, estuvieron cursando hasta agosto. La finalidad de los encuentros estuvo orientada a brindar ciertos conocimientos radiales básicos.

Inicialmente, las mujeres comunicaron su “miedo al micrófono” y tras el taller, cinco de ellas, escribieron el guión y locutaron para las cápsulas de “Hablemos de Campo”.

La radio constituye el único medio de comunicación existente en la zona donde se nuclean estas mujeres. Loma Senés es un asentamiento rural que se ubica en las cercanías de Pirané, de la Provincia de Formosa. Tiene una población de poco más de mil habitantes, doscientas familias situadas en un conglomerado de plantaciones agropecuarias de pequeña y mediana escala, a las que se suman algunas explotaciones de gran escala destinada a la cría de ganado bovino. Las pequeñas combinan cultivos para el autoconsumo y otros para la venta en mercados. Junto con el MOCAFOR, el equipo de mujeres lleva más de veinte años luchando contra el uso de agrotóxicos por parte de grandes pooles de siembra que arriendan tierras en la zona y generan contaminación ambiental, desocupación y riesgos graves a la salud de los habitantes.

Matias Nahuel Wilfarst concluye en su trabajo: “Es necesaria la participación real de todos los sectores de la sociedad en los medios de comunicación, pero en particular de quienes jamás han tenido la oportunidad de expresar sus realidades a través de un dispositivo de comunicación masiva. (…) El desafío de las comunidades rurales frente al avance vertiginoso de la digitalización, está muy atrasado en la mesa de debate actual, es decir, si son altas las dificultades para recibir un mensaje de WhatsApp en la zona, para tener corriente eléctrica, para el acceso al agua, entre otras situaciones, es casi imposible imaginar la correcta gestión los nuevos elementos mediáticos, por ejemplo, las redes sociales”.

1° Encuentro Latinoamericano de Defensoras Ambientales para la acción climática

El 3 y 4 de noviembre se realizará en Buenos Aires este espacio organizado por Fundación Plurales, Colectivo CASA y Tierra Viva. Participarán más de 40 mujeres representantes de 30 organizaciones de Defensoras Ambientales de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Guatemala, Honduras, Nicaragua, México y El Salvador.

El objetivo de este Encuentro será impulsar alianzas entre las organizaciones de mujeres defensoras ambientales, campesinas, indígenas, afrodescendientes y urbano marginalizadas de Latinoamérica para llevar adelante acciones colectivas en defensa de los territorios, compartir estrategias de incidencia, visibilizar y fortalecer las iniciativas que llevan adelante por la justicia de género y justicia climática.

Será en el Hotel IBIS Congreso y está destinado a organizaciones de mujeres campesinas e indígenas de Latinoamérica que llevan adelante acciones en defensa de la tierra, el territorio, enfrentar las consecuencias del cambio climático, acceso a la seguridad alimentaria y resistencia a industrias extractivas.

¿Por qué encontrarnos?

Actualmente, a las desigualdades estructurales que sufren las mujeres campesinas, indígenas, afrodescendientes y urbano empobrecidas, se sumaron y profundizaron, la crisis económica global, la crisis sanitaria y las medidas de ajuste tomadas por los Estados, el poder concentrado en el capital financiero y el avance del extractivismo, todo esto sostén del actual sistema capitalista.

Las industrias extractivas, minería, petróleo, agronegocios, entre otras, están afectando seriamente los bienes naturales y trayendo graves consecuencias en las mujeres, niñas y jóvenes que ven afectada su salud, seguridad alimentaria, actividades productivas y permanencia en los territorios al ir limitando cada vez más el acceso, uso y control de sus tierras, territorios y bienes naturales.

Las inundaciones, sequías y frecuencia de otros desastres naturales, particularmente con lluvias impredecibles e inciertas, están haciendo que el cambio climático sea hoy más que nunca una realidad, afectando seriamente la vida de las comunidades, principalmente la de las mujeres que históricamente han asumido las tareas del cuidado y reproducción de la vida.

A lo expuesto, se suma el desequilibrio en las relaciones de poder en las cuales las comunidades, y en particular las mujeres, realizan acciones que implican la defensa de sus tierras, territorios y bienes comunes, poniendo en riesgo hasta su propia vida, además de sostenerla cotidianamente. Las violencias físicas, psicológicas, políticas, patrimoniales, sexuales y ambientales se han multiplicado por un patriarcado con múltiples caras: religioso, institucional, estatal, extractivo e incluso humanitario.

Todo esto también llevó al debilitamiento de las redes entre estos grupos, movimientos y organizaciones y en algunos casos a rupturas. Aún en este adverso escenario, las mujeres campesinas, indígenas, afrodescendientes y urbano marginalizadas sostienen la voluntad de impulsar articulaciones para desarrollar acciones conjuntas de incidencia, visibilización y comunicación de problemáticas y sus iniciativas para enfrentarlas. Con una experiencia amplia en la defensa del territorio y el medio ambiente, en contextos post pandémicos, las mujeres en los territorios están construyendo horizontes de justicia climática desde la cosmovisión de sus pueblos y en sintonía con los modos de vida.

En este marco, el 1° Encuentro Latinoamericano de Mujeres Defensoras Ambientales para la Acción Climática surge de la alianza y acciones conjuntas de tres organizaciones socias de la alianza GAGGA (Global Alliance for Green and Gender Action): Fundación Plurales, Colectivo CASA y Tierra Viva. Se origina para apoyar a organizaciones de mujeres campesinas e indígenas de Latinoamérica que llevan adelante acciones en defensa de la tierra, el territorio, enfrentar las consecuencias del cambio climático, acceso a la seguridad alimentaria y resistencia a industrias extractivas. Seguimos impulsando agendas climáticas feministas para la defensa de los territorios.

Ruta de Aprendizaje: aprender haciendo

Según el Informe Ruta de Aprendizaje: Mujeres y acceso a Recursos Naturales. Agua y Tierra, “la Ruta de Aprendizaje es una metodología de capacitación de carácter vivencial, que contempla espacios de intercambio de conocimientos, prácticas y reflexión sobre los temas de interés de sus participantes”. Puntualmente en esta publicación, que Fundación Plurales realizó para la Plataforma de Defensoras Ambientales, como parte de una serie de informes que elaboró con el apoyo de RITIMO (red de información y documentación para la solidaridad y el desarrollo sostenible de Francia), Unión Europea, Both Ends, IUCN-NL y la International Land Coalition, hace referencia a conclusiones de Defensoras Ambientales argentinas, bolivianas y paraguayas.

En el marco del fortalecimiento de Grupos de Defensoras Ambientales (GDAs), Fundación Plurales aplica, desde hace muchos años, “La Ruta de Aprendizaje”, utilizando la técnica “Learning by doing”- “Aprender haciendo”.

Conocimos esta metodología, participando de Rutas de Aprendizaje ejecutadas por PROCASUR, organización global especializada en la gestión de conocimiento para la innovación rural en África y América Latina. El objetivo de este método es perfeccionar y fortalecer las capacidades para liderar la gestión del conocimiento con resultados concretos aplicados a nuevas iniciativas y políticas de desarrollo rural, compartiendo experiencias.

La intención es que la Ruta fomente las capacidades creativas e innovadoras de las mujeres para que lideren en sus comunidades el desarrollo de experiencias similares a las conocidas durante toda la actividad.

En este sentido, es necesario destacar que no solo las experiencias locales que se visitan tienen un gran valor de réplica y escalabilidad, sino que todas las mujeres participantes cuentan con saberes y prácticas absolutamente válidas para compartir y difundir. Por esto, se buscó que la Ruta resignifique a sus participantes y experiencias como territorios de conocimiento.

Estos espacios son pensados como una herramienta para fortalecer las capacidades de los GDAs en estrategias de incidencia en políticas públicas, afianzando alianzas con nuevos actores, y contribuyendo al cumplimiento de los derechos de las mujeres. Para las mujeres que participan, el conocer las experiencias de otras organizaciones es muy enriquecedor.

Un objetivo importante de la Ruta es generar redes entre las organizaciones de mujeres defensoras ambientales y planificar estrategias de incidencia en el marco de la Defensa de los Derechos Humanos.

¿Por qué es importante la Ruta de Aprendizaje?

Para las defensoras, la Ruta se relaciona con cuestiones esenciales y trascendentales, aquello que nos guía y que está siempre presente como el sol, el agua, la mujer, la vida, la articulación buscando y tejiendo redes, la incorporación de conocimiento a través del intercambio, y la generación de espacios de esperanza ante las situaciones de amenaza y luchas que llevan adelante.

Aquello que buscamos en relación al encuentro es sumar mujeres y entrelazarnos para empoderarnos; que la ruta de aprendizaje sea continua en el tiempo y se fortalezca; lograr intercambios de saberes e integración entre los distintos grupos; fortalecer la trama de la red; generar nuevos aprendizajes sobre derechos; movilizar y reivindicar saberes y sabidurías de las acciones y vivencias compartidas; queremos lograr mayor libertad, mayor acceso a derechos.

El encuentro en pandemia

Durante 2021, en el marco del Proyecto Fortalecimiento de Grupos de Defensoras de Derechos Humanos y Ambientales (GDDHA) de Argentina y Paraguay en acceso a derechos y frente al cambio climático, realizamos un total de 6 encuentros en Argentina con la participación de 62 mujeres. Los mismos fueron realizados con apoyo de la Unión Europea y la Embajada de Canadá en Argentina.

Dadas las condiciones sanitarias del país y la inestabilidad del contexto en cuanto a circulación, para asegurar encuentros en contextos cuidados, se definió revisar la estrategia y no realizar un encuentro presencial general, sino por microespacios territoriales. Esta estrategia aseguró mayor número de participantes, al realizar las actividades en varias provincias al mismo tiempo, se garantizo la participación de todas las organizaciones y se sumaron nuevas. Si bien no era lo pensado en un inicio, nos dio muy buen resultado porque generó lazos de confianza y redes de cooperación entre organizaciones de provincias cercanas.

En estos encuentros presenciales se abordaron temas relacionados con el Cambio Climático y sus efectos y las soluciones climáticas justas en términos de género. En Santa Fe participaron 12 defensoras ambientales; Misiones y Formosa, el encuentro se realizó en Buenos Aires, 10 mujeres; La Rioja 8; Jujuy 10; Santiago del Estero 10 y Córdoba 16.

Las estrategias compartidas fueron el fortalecimiento de la red de defensoras ambientales, comunicar y visibilizar colectivamente las problemáticas ambientales, estrategias de cuidado del agua (protección de vertientes), creación de un banco de semillas nativas, producción de plantas nativas, capacitación en prevención de incendios y agendas de acciones conjuntas entre las organizaciones con cercanía territorial y problemáticas comunes.

Los encuentros posibilitaron visitar a las organizaciones y profundizar el contacto en contextos tan restrictivos. Fueron muy necesarios para ellas y muy potentes en relación a estrategias compartidas. Sabemos que, ¡juntas podemos cambiar al mundo!

Informe de las Asambleas Riojanas Antiextractivistas sobre Minería

La situación de la política minera en la provincia de La Rioja, Argentina, es grave. Las fuentes de agua y bienes comunes de los pueblos, como el glaciar el Potro, la reserva provincial Laguna Brava y las Sierras del Famatina, están seriamente comprometidos por yacimientos mineros de diferentes magnitudes, que cuentan con la aprobación del gobierno provincial y nacional.

Durante el gobierno de Ricardo Quintela, en el periodo de enero a junio del año 2021, se otorgaron 27 permisos mineros en toda la provincia que fueron declarados en el Boletín Oficial, de esos, 11 están proyectados en el departamento Vinchina. Los números son contundentes: en 6 meses se entregaron 34.399 hectáreas de superficie del departamento a las empresas mineras.

Las Asambleas Riojanas Antiextractivistas, integrada por Autoconvocados de Vinchinia, Asamblea del Valle de Bermejo, Asamblea Taku en Defensa del Bosque Nativo, Asamblea Riojana Capital, Asamblea por La Vida Chilecito, Asamblea El Retamo Nonogasta, Defensoras del Agua de Famatina y Vecinos Autoconvocados Faldeo del Velazco Norte, realizó un documento en base a la información obtenida por registros propios tomados en los sitios amenazados por los emprendimientos mineros en diferentes etapas. Además, incluyeron las principales objeciones realizadas por diferentes científicos/as y especialistas al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado por la empresa Lundin Gold del proyecto Josemaría en San Juan.

INFORME COMPLETO

En esta misma línea, el capítulo 1 de la serie microdocumental “Guardianas del Territorio: Mujeres, tierra y territorios”, cuenta la historia de defensoras ambientales que luchan día a día frente al avance extractivista en La Rioja. La Cooperativa de Provisión de Servicios Turísticos «El Chacho» Ltda; Mujeres Campesinas Organizadas y la Asamblea por la vida de Chilecito habitan, protegen y custodian Los Colorados, la Reserva Natural que representa sus historias, sus vida y sus sueños. 

En un contexto de cambio climático, incendios, sequía, entre otros fenómenos provocados por la destrucción de nuestra casa común, el planeta tierra, es fundamental defender nuestras fuentes de agua.

Guía para la evaluación de políticas públicas con perspectiva de género

Fundación Plurales, junto al comité de género, mujeres y diversidades de ENI Argentina (Estrategia Nacional de Involucramiento Argentina), realizó una Guía para la evaluación de políticas públicas. El objetivo puntual de esta guía es contar con determinados parámetros para identificar y evaluar si una política pública es sensible o no al género y a la interseccionalidad.

Explorar y poner de relieve las relaciones de las mujeres y los hombres en la sociedad, y las desigualdades en esas relaciones es fundamental. ¿Quién hace qué? ¿Quién tiene qué? ¿Quién decide? ¿Cómo? ¿Quién gana? ¿Quién pierde? Cuando nos planteamos estas preguntas, también nos preguntamos: ¿Qué hombres? ¿Qué mujeres? El análisis de género rompe la división entre la esfera privada (que implica las relaciones personales) y la esfera pública (que se ocupa de las relaciones en la sociedad en general).

Una política con perspectiva de género e interseccional tiene que reconocer la desigualdad, que la naturaleza de la participación de las mujeres está determinada por las relaciones de género, que hacen que su participación sea diferente y, a menudo, desigual; entender que las mujeres pueden tener necesidades, intereses y prioridades diferentes, que a veces pueden entrar en conflicto con las de los hombres; describirla; conceptualizarla y tener acciones concretas que busquen revertirlas.

Esta guía permite determinar qué entendemos por política pública sensible al género, definir criterios de evaluabilidad y preguntas. Así, precisamos cuáles deben ser los aportes de las políticas. El uso, administración y control equitativo de los recursos naturales; empoderamiento de las mujeres ante riesgos de desastre; participación equitativa en procesos de toma de decisiones; distribución equitativa de beneficios y recursos públicos para el desarrollo; acceso equitativo a procesos de formación y capacitación; acceso a sistemas de información (sistemas de alerta temprana, sistemas para detectar lugares críticos respecto al cambio climático y gestión de riesgo por ejemplo); reconocimiento de necesidades e intereses de hombres y mujeres de distintos grupos étnicos y de distintas edades; reconocimiento de las afectaciones diferenciales y de las diversas vulnerabilidades que pueden sufrir hombres y mujeres según su edad y su pertenencia étnica y promoción de acciones afirmativas o medidas temporales a favor de las mujeres, en procesos que impulsen un desarrollo sostenible.

Agustina Calcagno, integrante de Fundación Plurales y del equipo que realizó la Guía, explica que en el marco del trabajo con el comité, surgió la necesidad de contar con herramienta y metodología de análisis para llevar a cabo el seguimiento de las recomendaciones que la CEDAW (Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer) y el comité DESC (Derechos Económicos Sociales y Culturales) de Naciones Unidas realizó al Estado Argentino.

“Necesitábamos contar una herramienta práctica y sencilla que nos permita comprender los avances y retrocesos en materia de género y desigualdades que fuera específica para el análisis de los derechos de las mujeres rurales, indígenas y campesinas. Como por ejemplo: analizar el acceso al agua, al acceso a la tierra, a la distribución del poder en comunidades rurales e indígenas. Es decir, una herramienta que nos permita evaluar acciones de gobierno, políticas e iniciativas públicas, leyes, decretos, entre otras”.

Sobre el proceso de armado de la Guía, Agustina cuenta que “quisimos que sea una herramienta creada de forma participativa y colectiva con las miembras del comité. Al mismo tiempo, buscamos que fuera simple y fácil de implementar con las mujeres, que sea una herramienta que se ajuste a los conocimientos y necesidades del comité”. Ella enumera los pasos que realizaron para lograrlo.

  1. Realizaron un relevamiento de herramientas, matrices y metodologías que ya habían sido elaboradas por otras organizaciones que trabajan tanto en la temática de género como en temas de comunidades indígenas y rurales. Se basaron en documentos elaborados por el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), Land Coalition, ONU Mujeres, OXFAM, entre otros.
  2. A partir del análisis e investigación de la herramienta construyeron una primera matriz en dónde establecieron qué criterios y preguntas querían hacerse a la hora de evaluar las políticas públicas y acciones.
  3. Con la base de un primer documento elaborado lo compartieron primero con las compañeras del comité y luego lo trabajaron en conjunto con una experta en evaluación de políticas públicas con quien afinaron su matriz inicial hasta obtener la versión final.
  4. Una vez que tuvieron la versión empezaron a testear con las miembras del comité, trabajando en el análisis participativo de políticas públicas de género y agricultura de Argentina. A medida que iban avanzando en las preguntas fueron ajustando los criterios y preguntas de la matriz. Se armó una guía para facilitar su aplicación.

“Tanto la construcción de la matriz como luego su implementación, dio lugar a un gran proceso de reflexión, análisis y aprendizaje para las miembras del comité. Durante el momento de construcción de la matriz supuso trabajar en construir nociones comunes en torno al género, la igualdad, la interseccionalidad, definición de derechos. El proceso de implementación implicó poner en práctica todo lo debatido y aprendido durante la fase de diseño, y también el darse cuenta que teníamos una herramienta que de ahora en más a través de sus preguntas, nos permitía analizar todo tipo de acciones”, detalla Agustina.

Hasta ahora, realizaron el análisis de la Ley de Agricultura familiar y campesina, la línea de crédito para mujeres del Banco Nación y el Proyecto de Ley Agroecología.

Los análisis tanto de la Ley de Agricultura Familiar como de la línea de crédito, les “ayudaron a generar evidencia concreta para la realización de acciones de incidencia pública. A partir de los mismos elaboramos cartas donde expresamos el estado de situación de las mujeres rurales, campesinas e indígenas en materia de autonomía económica, acceso al crédito y agricultura familiar y se las hicimos llegar a diferentes referentes públicos de ministerios, secretarías y direcciones nacionales”.

En el cierre, Agustina destaca que “tanto el proceso, como su implementación, fueron de gran importancia para la formación de las miembras del comité así como para el fortalecimiento de sus capacidades de liderazgo, incidencia pública, reducciones de desigualdades y análisis de género e interseccional”.